Son unos US$12.000 millones los que Hacienda busca recaudar con al reforma tributaria anunciada el viernes pasado. Un incremento al royalty de la minería, impuestos al patrimonio y la eliminación de exenciones forman parte del paquete, dentro del cual hay dos medidas en particular que preocupan a la industria financiera.

Por una parte, las ganancias de capital en instrumentos bursátiles (acciones y otros), que hoy cuentan con una tasa del 10% quedarán sujetos a una tasa del 22%. En tanto, los fondos de inversión públicos mantendrán la exención de impuestos de primera categoría, pero una vez que repartan utilidades hacia una persona jurídica, los dividendos quedarán sujetos al impuesto de primera categoría.

Al respecto, Luis Alberto Letelier, presidente de Acafi (Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión), sostiene que ven con preocupación “el impacto que tendrían las modificaciones al régimen tributario de los fondos de inversión en nuestro país. Aunque es necesario analizar cómo quedaría redactado el proyecto de ley, un eventual impuesto sobre los dividendos que reciban los aportantes de fondos públicos es, sin duda, un desincentivo para las inversiones realizadas a través de estos fondos, que son vehículos gestionados en Chile por administradores chilenos para materializar inversiones tanto en nuestro país como en el extranjero”.

“Nos parece que la necesidad de mayor recaudación fiscal debe conciliarse con un esquema tributario que también cuide nuestro mercado de capitales y los vehículos de inversión, porque eso va a permitir que nuestro país siga invirtiendo y creciendo de manera sostenible”, dijo Letelier.

Al primer trimestre de este año, los fondos de inversión públicos sumaban U$36.833 millones, repartidos en 714 vehículos.

En tanto, entre las corredoras de bolsa también hay preocupación. Y es que no sólo la reforma implementará un tributo mayor a las ganancias de capital, sino que se establecerá un impuesto a las rentas del capital del 22% aplicado sobre los dividendos o retiros efectuados desde una empresa.

Eduardo Muñoz, presidente de Nevasa y vicepresidente de la Bolsa de Santiago, explica que antes de que en 2001 se derogara el impuesto a las ganancias de capital en acciones, “el mercado bursátil chileno “emigró” a EEUU y crecieron los ADRs, o sea, se secó el mercado, bajó la liquidez. Esta reforma la pagaría el pequeño y mediano inversionista y recaudará poco. A los intermediarios les subirían los costos y le bajarían los ingresos”.

Por su parte, Francisco Errandonea, socio de Soyfocus AGF, dice que “de aprobarse como está propuesta, se reducen algunas asimetrías que existen hoy en el mercado de capitales, ya que tanto la ganancia de capital por venta de mayor valor y los dividendos quedan sujetos a un impuesto similar”.

Con todo, apunta que el alza de 10% a 22% en el impuesto a las ganancias de capital “hace menos atractiva la inversión en acciones locales versus las extranjeras”, pues “los papeles chilenos mantenían un beneficio tributario considerable frente a otras alternativas, incluso con el 10%”, aunque explica que aún desconoce “como impactará a quienes no son sujeto de impuestos como los fondos”.

Eso sí, Errandonea considera que “hay que tener en cuenta que incluso con ese beneficio tributario emitir acciones en Chile no ha sido una alternativa de financiamiento tan usada como en otros países o tan dinámica , las empresas más jóvenes del IPSA tienen un origen en los 80. Es muy distinto a lo que vemos por ejemplo en Estados Unidos con Google, Facebook o Tesla”.

Por su parte, Germán Guerrero, socio de MBI, considera que el alza en el impuesto a la ganancia de capital en instrumentos bursátiles empieza a ser internalizado, pero que el gran problema es la suma de reformas: “Qué pasa con la reforma pensiones y AFP, la nueva Constitución, etc. Son demasiadas cosas”, dice Guerrero.

Uno de los casos que la industria suele citar, y lo hizo el año pasado cuando se discutía gravar con un 10% las ganancias del capital en el mercado bursátil, fue el de Perú. En 2009, en dicho país se impuso un impuesto de 5%, lo que regiría a partir del 1 de enero del 2010. Sin embargo, ello implicó una baja en los montos y el proveedor de índices MSCI analizó pasar a Perú desde un mercado emergente a uno frontera, con la salida de flujos que ello implicaba. Por ello en 2015, mediante un decreto, se estableció que las acciones líquidas no pagarían el impuesto por un período de tres años, esto a partir de 2016. En octubre de 2019 se emitió un nuevo decreto, aprobando la exoneración del beneficio hasta 2022.

Entre 2010 y 2015, el monto total negociado diario cayó 26%.

En tanto, en Chile, el impuesto a las ganancias de capital se eliminó en 2001 en el marco de la reforma al mercado de capitales, conocida como MKI, realizada durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Para dicho año, la bolsa local transaba un volumen de US$3.600 millones, monto que a partir de 2003 se disparó. A junio, en acciones se habían transando US$19.726 millones, un 12,5% menos que en igual período del ejercicio pasado.