Microplay vuelve a la carga. Luego que el pasado miércoles el 11° Juzgado Civil de Santiago rechazara la solicitud de liquidación voluntaria presentada por la tienda de videojuegos, este lunes la compañía presentó un recurso de reposición ante el tribunal.
En su insistencia, la tienda especializada que operaba hace más de 17 años, argumentó que la denegación de la liquidación debe ser reconsiderada ya que no puede pagar sueldos. Según la defensa, los antecedentes financieros aportados a la causa, donde se contabilizan 177 trabajadores, significan “una carga mensual en remuneraciones que la empresa se encuentra imposibilitada de cumplir”.
Además, apunta a que no dar curso a la liquidación impide a sus trabajadores acceder al seguro de cesantía.
Sin embargo, un punto esencial para la defensa es que la empresa se encuentra sin generación de los flujos necesario para el pago de sus obligaciones, ya que sus tiendas “han dejado de funcionar a contar del día 5 de enero de 2023 por imposibilidad absoluta de mantener la operación”.
En esa línea, la defensa cuestionó el razonamiento del juzgado cuando rechazó su solicitud y calificó de “errada” la definición de insolvencia aplicada.
“El Tribunal señala que hay insolvencia cuando la suma de los bienes y recursos es inferior al monto de las deudas. Dicha definición es errada en cuanto ignora la relevancia de la existencia y suficiencia de flujos para la continuidad de la operación; la insolvencia es un estado que va más allá del desequilibrio patrimonial”, dijo la defensa de Microplay al tribunal.
Para ilustrar dicho punto, agrega que los activos de la compañía ascienden al valor de $3.693.916.277, mientras los pasivos ascienden a la suma de $5.704.217.481. Ante esto, afirman que “no se vislumbra razón alguna como para afirmar que Microplay S.A no es insolvente en los términos que la Ley 20.720 indica”.
El recurso de reposición agrega además antecedentes de otras liquidaciones voluntarias en las cuales no existían demandas civiles por deudas impagas, criterio que esgrimió el tribunal para rechazar la solicitud de quiebra.
