Este viernes se reunió por segunda vez la mesa técnica para la reforma de pensiones, instancia convocada por el gobierno en la que participan parlamentarios y técnicos de los partidos políticos.

Tras el encuentro, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, aseguró que “avanzamos en los datos de reorganización industrial y empezamos a ver el destino del 6%. Participaron en esta sesión todos los partidos políticos que están representados en el Parlamento, lo cual valoramos”.

La secretaria de Estado se refirió también a la decisión de la UDI de bajarse de la instancia, lo que fue comunicado luego de la sesión. “Lamentablemente, nos hemos enterado en el transcurso de la tarde que la UDI ha decidido restarse y, al respecto, es necesario tener a la vista que en la política no todo vale”.

“Hay que saber distinguir aquello que es prioridad para los ciudadanos. Debemos resolver la necesidad imperiosa de subir el monto de las pensiones que, además, llevan largos años esperando. La contingencia política no puede poner en entredicho la voluntad de un pacto previsional para nuestro país, ya que millones de ciudadanos están esperando una solución”, agregó la ministra Jara.

La segunda sesión, encabezada por la ministra Jeannette Jara, y el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, se extendió entre las 9.30 y las 12.30 y en ella se retomó, en primer lugar, la discusión en torno a la reorganización de la industria previsional, con una exposición realizada por la Superintendencia de Pensiones.

Tras un espacio de preguntas y debate por parte de los asistentes, el gobierno expuso acerca de lo que se encuentra en el proyecto de ley respecto al 6% de cotización adicional y la creación del seguro social.

En relación a la reorganización de la industria, el Ejecutivo expuso una propuesta alternativa a la que está contenida en la reforma que hoy se tramita en el Congreso. A grandes rasgos, ésta continúa con la separación de funciones de soporte e inversiones que hoy realizan las AFP. Sin embargo, considera la licitación de un gestor centralizado que absorba las actividades de soporte y de atención, por un período de diez años, y se plantea la licitación de parte del stock de afiliados para la gestión de inversiones.