La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, reiteró que la Ley de Protección del Empleo ofrecería todas las garantías para que no exista un mal uso de esta herramienta, y en caso de hacerlo, sufrieran duras sanciones. Esto en medio de un nuevo balance del uso de la ley y ante las críticas sobre que grandes empresas estarían usando la legislación a su favor y sin la necesidad de hacerlo.

En entrevista con Tele13 Radio, la titular del Trabajo comentó que “esta ley tiene medidas de protección para evitar el mal uso y creemos que son bastante disuasivas. Las penas son de cárcel, la obligación es restituir al doble de lo indebidamente percibido y la prohibición de contratar con el Estado, son penas bastante más elevadas que uno normalmente ve en nuestra legislación”.

Ante la consulta sobre el actuar de la Dirección del Trabajo (DT), sin la necesidad de la denuncia de un mal uso de la norma, Zaldívar planteó que “la DT lo que debe hacer es poner los antecedentes ante los Tribunales de Justicia, porque siempre nosotros vamos a tener la posibIlidad de conocer la versión de la otra parte. Porque yo vuelvo insistir, si nosotros tenemos una empresa a la que se alega que ha mantenido sus ingresos de la misma manera que lo ha tenido con anterioridad, pero esta empresa logra desestimar que no ha sido así o que de cuenta de que sus ingresos han disminuido de manera muy significativa, también son elementos que hay que tenerlos presente”.

En esa línea, la secretaria de Estado advirtió que “lamentablemente uno no necesariamente tiene todo los antecedentes sobre la mesa cuando emite juicios y aquí va a ser muy importante tenerlos, porque lo que está en riesgo es de qué empresas se inhiban de usar esta ley, que busca proteger a los trabajadores y de esa manera afectemos puestos de trabajo o ingresos”.

Sobre la limitación del reparto de utilidades o la exigencia a la rebaja de remuneraciones a la plana alta de empresas que hagan uso de la Ley de Protección del Empleo, la ministra reiteró que comparte en “abstracto” la propuesta, pero que podría terminar perjudicando a empresas de menor tamaño o accionistas de baja participación dentro de una compañía.