Gremios de Aysén protestaron este martes contra la Ley Lafkenche, y las implicancias que tendría la posible aprobación de la solicitud de comunidades indígenas sobre 600 mil hectáreas de borde costero, lo que se votará este jueves. El ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó que esta normativa ha tenido buenos ejemplos, y que también ha generado tensiones. Evitó pronunciarse sobre lo que ocurrirá mañana en la región.
“Esta es una ley del 2008. Es una ley cuyos efectos tanto positivos como negativos se demoró un poco en desplegarse, porque el proceso asociado a estas solicitudes de lo que llamamos las ECMPO es un proceso que demora años. Es una ley que diría que está bien intencionada. Busca preocuparse de proteger ciertos derechos de pueblos originarios. También creemos que en la implementación de esta ley ha habido buenos ejemplos, y otros que no ha resultado también. Creemos que esos ejemplos positivos son los que hay que desarrollar e impulsar”, dijo el ministro en Radio Duna.
Y agregó que “respecto a la votación específica de mañana, prefiero no anticipar opiniones específicas de mi parte. Sí puedo decir que creemos que ha habido experiencias mejores en términos de lograr acuerdos positivos incluso en la Región de Aysén. Es una ley que ha generado tensiones en grupos que a nosotros como gobierno no nos gustaría que existieran esas tensiones. Es decir, las tensiones que la implementación de esta ley ha generado entre el mundo de la pesca artesanal y los pueblos originarios creemos que son complejas y siempre hemos hecho el mejor esfuerzo por resolver aquello”.
El secretario de Estado afirmó que el gobierno busca evitar los conflictos, y que han mostrado señales hacia la pesca artesanal y los pueblos originarios.
“Somos un gobierno que queremos evitar en general los conflictos y queremos promover el diálogo social en términos que sea productivo socialmente. Creemos que lamentablemente por distintas razones la implementación de esta ley ha generado algunos de estos conflictos, y la acción del gobierno siempre ha sido tratar de reducirlos, de acomodarlos de la mejor manera. Todos los conflictos ya sea con distintos proyectos de inversión, son todas tensiones que nos preocupan. Solo estoy diciendo que este gobierno, por ejemplo, asociado a la nueva Ley de Pesca, que demuestra un compromiso especial de nuestro gobierno con la pesca artesanal, y en otras dimensiones mostramos nuestro compromiso especial con el mundo de los pueblos originarios, por supuesto que esa tensión en particular nos duele harto”, sostuvo Grau.
Por otro lado, explicó qué es lo que se toma en cuenta a la hora de votar la solicitud de las comunidades indígenas.
“Lo que especifica nuestra normativa, y a mi juicio creo que eso es razonable, es que existe esta comisión regional del uso del borde costero, que tiene más de 30 personas. Quienes participan ahí, dan cuenta de todo el diálogo social y productivo que uno requiere en esta conversación. Está presente el mundo privado. Está representada las distintas autoridades del sector público, y de ese diálogo social es en el cual se tiene que evaluar la pertinencia y lo razonable de una medida de este tipo. Parte de los antecedentes que se deben considerar es si la extensión de lo que se está solicitando es razonable en términos productivos. Eso es lo que mañana cuando exista esa votación, cada autoridad va a tener que emitir un voto y justificar su voto”, señaló.
Asimismo, indicó que “no me corresponde ser un vocero general de la postura que van a tener los funcionarios del gobierno en este caso. Esto no opera a través de instrucciones generales o algo de ese tipo”.
Por último, indicó que se están revisando algunos aspectos de la Ley Lafkenche en el Parlamento, a través de una moción parlamentario.
“Lo que puedo señalar y esto es un corolario de lo que dije al principio, es que cuando uno ve la implementación de esta ley efectivamente ve que ha habido casos muy positivos y ha habido casos en los que se han generado muchas tensiones, y probablemente partes de esas tensiones tienen que ver con la dificultad de definir esos bordes. Una ley que sistemáticamente empieza a generar problemas, probablemente hay que revisar como está estipulado eso en la ley. Hay una moción parlamentaria que discute esos bordes. Es una discusión que tenemos que dar como país, y que la estamos dando en el parlamento en cierto sentido. Poco a poco estamos acumulando suficiente evidencia y experiencia empírica para ver qué tipos de dificultades ha generado esa ambigüedad respecto a los bordes. Lo que nos corresponde es actuar en el marco de la ley”, detalló.