El caso Fundamenta no termina. Suspendido desde abril tras la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana de rechazar la iniciativa, el debate sobre su futuro se ventila ahora en la Corte Suprema.

La Tercera Sala del máximo tribunal, que preside el juez Sergio Muñoz, debe pronunciarse sobre su proceso de tramitación ambiental en una causa que ya había sido alegada y que está en acuerdo desde septiembre. Sin embargo, este jueves la empresa, que con esta estrategia cambió de abogados, presentó un recurso de implicancia pidiendo la inhabilitación de Muñoz. Ello porque, acusó, la hija de Muñoz, la abogada y jueza Graciel Muñoz, había firmado dos promesas de compraventa sobre dos departamentos del megaproyecto, según reveló Pulso PM.

Un días después, el ministro Sergio Muñoz presentó una declaración ante la relatora de la Sala, Sandra Araya, admitiendo esas inversiones.

Según el documento de una página, suscrito por la relatora, el ministro Muñoz dejó constancia que “el día de ayer 22 de diciembre, con motivo de una publicación periodística consultó a su hija Graciel Muñoz Tapia”, quien le indicó haber suscrito tres contratos de promesa de compraventa.

El primero, de agosto de 2017, por un departamento Eco Irarrázabal, con la sociedad Irarrázabal SpA, también de Inmobiliaria Fundamenta.

El segundo, de junio de 2020, con Plaza Egaña SpA, sobre un departamento en el proyecto Eco Egaña Poniente. Y el tercero, de abril de 2021, con la misma sociedad por otro departamento en Eco Egaña Oriente.

Según abogados consultados, la declaración de Muñoz habilita a Fundamenta a pedir la recusación del ministro en la causa ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Para ello tiene un plazo de cinco días.

Este viernes, además, la Tercera Sala, sin la presencia de Muñoz, declaró inadmisible la solicitud de implicancia presentada por Fundamenta por no haber depositado en la cuenta corriente del tribunal 1 UTM, un requisito de ese tipo de recursos.