Un escenario bastante más pesimista, incluso que las últimas proyecciones de la autoridad, consignó el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) publicado ayer por la Dirección de Presupuestos (Dipres), correspondiente al cuarto trimestre del año pasado.

Ya en diciembre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, había modificado las expectativas que el mismo había reseñado el 5 de noviembre ante la Comisión Mixta de Presupuestos. El mes pasado anticipó para este 2020 un déficit efectivo de 4,4% del PIB, un estructural de 3%, y un gasto público que subiría 9,8%. Y casi todas las expectativas para 2020 cayeron, partiendo del mismo pronóstico de crecimiento de 1,3%.

De hecho, el balance entre los ingresos y los gastos afectará el resultado 2020 por lo que el IFP pronostica un leve incremento del déficit efectivo a un 4,5% del PIB. En términos estructurales el deterioro también subirá a un 3,2% del PIB. "De acuerdo con el escenario macroeconómico actualizado con la última información disponible, se estima un déficit efectivo de $9.425.822 millones", manifiesta la Dipres.

El menor desempeño de la actividad tendrá su correlato en la billetera fiscal, con una variación menor de los ingresos del 1,5% proyectado en noviembre, a 1,2%. El IFP señala que los ingresos llegarán a $44.102.052 millones, debido a una caída de 30% en la recaudación de la gran minería privada "debido a una menor producción esperada, producto de los acontecimientos sociales del último trimestre 2019, efecto que se compensa parcialmente con el mayor tipo de cambio".

La actual proyección ya incorpora la recaudación de la de Ley de Modernización Tributaria y cuyo efecto esperado para este primer año de implementación significará un incremento en los ingresos en $296.002 millones "levemente mayor al incorporado en septiembre 2019 por $262.964 millones". Cabe recordar que entre ambas fechas la iniciativa fue modificada.

Aunque la crisis social ha ido provocando una presión mayor sobre los recursos, el gasto previsto para este año subirá 8,5%, no 9,8% como se proyectó en diciembre, aunque igualmente será la mayor desde 2009.

Según el informe, el gasto del Gobierno Central durante 2020 se proyecta en $53.527.874 millones, es decir $3.088.924 millones más que el esbozado en septiembre, y que se desglosa en un incremento transitorio de $2.156.250 millones y de otro permanente de $932.674 millones.

El IFP también presenta proyecciones actualizadas respecto del mediano plazo, asumiendo que en 2021 se llega a un balance estructural de -2,5%, y se continúa en una trayectoria a la baja de medio punto por año. "Dada la reestimación de los ingresos estructurales junto a los gastos comprometidos, y las nuevas metas del Balance Estructural, se obtienen holguras fiscales en el periodo por un total de aproximadamente US$7.000 millones entre los años 2021 y 2024", sostiene el documento.

La autoridad contempla un escenario base con un crecimiento de 2,6% para 2021; de 2,9% para 2022; y de 3,2% para los siguientes dos años; más un precio del cobre en US$2,9.

En este contexto, sumada la nueva ley tributaria en el mediano plazo los ingresos acumularían un crecimiento de 18,3% en tal período (4,3% promedio anual). "La recaudación aumentaría por este concepto en $401.845 millones en 2021 hasta alcanzar un incremento de $1.141.485 millones en 2024. En contraposición, se asume un empeoramiento del escenario macroeconómico que produce una caída en la proyección de ingresos por un monto de $2.692.091 millones en 2021 hasta $3.387.960 millones en 2024".

Por otro lado, los gastos actualizados ascenderían a 1,9% en 2021; en 2,0% en 2022; en 1,9% en 2023; y en 1,3% en 2024.

Con todo, el titular de la Dipres, Matías Acevedo, indicó que "con una deuda bruta de 27,9% del PIB estamos pagando intereses por cerca de US$2.500 millones al año, equivalente a la recaudación en régimen de la modernización tributaria. Cada punto adicional de deuda implica entre US$ 100 y US$ 120 millones menos".

Inquieto por las nuevas proyecciones fiscales se mostró el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y en un comunicado sostuvo: "En relación a la nueva senda de convergencia del Balance Estructural, el Consejo reitera su preocupación por el deterioro de las cuentas fiscales, expresado en el alto nivel de déficit estructural proyectado para 2020 y en una trayectoria de convergencia que contempla hacia 2022 un déficit equivalente al doble de la meta originalmente planteada por el gobierno" .

Y ahonda en la necesidad de que la autoridad emita un nuevo decreto con su compromiso de convergencia: "Es fundamental contar con un ancla fiscal de mediano y largo plazo, el Consejo reitera su recomendación al Ministerio de Hacienda de plasmar formalmente la nueva senda de convergencia mediante una actualización del decreto que establece las bases de la política fiscal".