El gobierno definió, en las indicaciones que ingresó este viernes a la ley corta de isapres que se tramita en la Comisión de Salud del Senado, una nueva fórmula para poner en marcha el fallo que dictó hace casi un año la Corte Suprema sobre la tabla de factores.
Estos cambios implican que la deuda de las isapres con sus afiliados quedaría en cerca de US$1.000 millones. Esto es más del doble que los US$451 millones que habían propuesto los expertos, y es menor que los US$1.400 millones que había calculado la Superintendencia de Salud. Los parlamentarios oficialistas respaldaron dicho monto de devolución, no así la oposición, que criticó que esta medida podría hacer que caiga el sistema.
El senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud, indicó que “las enmiendas que ha planteado el gobierno se empezarán a discutir y a votar desde la próxima semana. Y aquí destacamos lo siguiente: es positivo que haya un monto de devolución conocido y una fórmula de pago. Creo que esto da claridad y certezas a las personas y también al sistema privado de salud de saber exactamente el inicio y el fin de un proceso judicial que se ha zanjado”.
Por su parte, el senador DC Iván Flores comentó que “si bien se mejora la cifra de la deuda, el plazo para pagar de 10 años sigue siendo excesivo”. En tanto, la diputada y exministra de Salud durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Helia Molina (PPD), afirmó que “lo fundamental hoy es dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema. Las indicaciones al proyecto han sido muy claras y explícitas en resaltar que lo que se busca primordialmente es proteger a los usuarios y que sus derechos no sean vulnerados, generando factibilidad al cumplimiento de la sentencia en cuanto a los pagos que deben hacer las isapres a los usuarios. No hay ningún perdonazo”.
La razón principal por la cual el tamaño de la deuda es más del doble que lo calculado por los técnicos, es porque el gobierno no acogió la llamada mutualización que propusieron los expertos, situación que fue criticada por la oposición. El senador UDI Sergio Gahona señaló que están analizando la propuesta, pero advirtió que desde ya les surgen “varias inquietudes”. Explicó que “como Comisión de Salud, ante la insuficiencia del proyecto presentado por el Ejecutivo para dar viabilidad al sistema y certeza a los afiliados, convocamos a una Comisión Técnica, la que trabajó durante tres meses en una propuesta que esperábamos fuera acogida por el Ejecutivo, dado su carácter transversal y sólido fundamento técnico. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que el Ejecutivo sólo acogió parcialmente estas propuestas”.
Al respecto, agregó que “el problema aquí no es que hayan diferencias entre el informe técnico y las indicaciones del Ejecutivo, que es autónomo de enviar indicaciones en su rol de colegislador. El problema es que, tomando un camino diferente, no propone medidas alternativas a las propuestas por la Comisión Técnica que permitan dar viabilidad financiera al sistema privado, lo que tiene impactos gravísimos en el sistema de salud en su conjunto. La exclusión de la mutualización como medida de cálculo de la deuda nos devuelve al punto de partida de esta discusión: un monto inabordable por la industria, que arriesga la solvencia de las aseguradoras privadas, lo que no sólo pone en riesgo a los afiliados al sistema privado, sino que generaría una migración forzosa y masiva de personas a Fonasa”.
A su vez, el diputado Andrés Celis (RN) aseguró que “el gobierno le está poniendo la lápida al sistema de isapres y con esto los principales afectados serán la personas, porque se deja en grave riesgo la existencia de decenas de prestadores pequeños, en especial de regiones. Y porque, como lo he dicho en muchas ocasiones, si quiebra el sistema privado también colapsará el público, que no dará a basto, no tendrá cómo garantizar el acceso a la salud de los chilenos. Y por otra parte, las personas tampoco recibirán los dineros cobrados en exceso”.
