A nueve meses y cuatro días de la paralización del proyecto inmobiliario Eco Egaña Comunidad Sustentable que considera cuatro edificios y una inversión de US$ 300 millones, la inmobiliaria Fundamenta, dueña de la iniciativa, está a punto de reiniciar las obras.

El fundador y controlador de Fundamenta, Pablo Medina, anunció que durante la próxima semana se reunirá con representantes del Banco de Chile -financistas del proyecto- para reactivar la obra se detuvo en abril de 2022. El 4 de ese mes, la Comisión de Evaluación ambiental de la Región Metropolitana -presidida por la Delegada Presidencial, Constanza Martínez e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales nombrados por la administración del Presidente Gabriel Boric, rechazó la iniciativa por nueve votos a dos. Siete meses después, el 14 de noviembre de 2022, la directora del SEA, Valentina Durán, revirtió la resolución del órgano colegiado, respaldando la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa. Según Medina, esa decisión no fue reclamada y ya está a firme, lo que permite reiniciar las obras. La empresa pretende hacerlo este mes. “Estamos pensando en retomar las obras”, dice Medina.

Lo único pendiente es un fallo de la Corte Suprema por tres recursos de tres casaciones ingresados, luego que el Tribunal Ambiental de Santiago anulara parcialmente el permiso ambiental del proyecto. La decisión en la Suprema está paralizada porque está pendiente la definición de un recurso de inhabilidad presentado por Fundamenta contra el ministro Sergio Muñoz, cuya hija firmó dos promesas de compra de departamentos en el proyecto.

El empresario estima que el proyecto acumula pérdidas de 400.000 UF por la paralización y que cuenta que están evaluando acciones legales que apunten a resarcir los perjuicios ocasionados a los accionistas producto de la paralización de las obras.

- ¿Por qué cree que este proyecto se ha transformado en un emblema?

Este es un proyecto grande, por el número de gente que emplea y el monto de inversión asociado. De alguna manera se pensaba que detrás había una transnacional y la verdad es que son empresarios chilenos que con mucho trabajo han logrado partir proyectos como este. Hoy hay una ideología que demoniza el lucro y al empresariado. Se parte de una base de que el empresariado lo único que quiere es ganar plata, pero no se piensa en que él también trabaja para hacer el bien y que el desarrollo es bueno. Este proyecto puede tener mucha visualización y por el monto de la inversión es atractivo echarlo abajo, aunque suene lamentable. Hoy priman más intereses políticos, populistas, que el desarrollo del empleo, la inversión y el crecimiento. Para nuestros obreros, la paralización es un verdadero crimen, porque tenían un trabajo digno que durante cinco años les iba a dar seguridad laboral. Nos da pena y angustia y queremos que la institucionalidad funcione.

¿Qué le parece que la alcaldesa Emilia Ríos de Ñuñoa intente nuevamente derribar la RCA que fue calificada favorable?

-No lo entiendo. Obviamente no comparto la decisión, siento que está en la misma premisa de persecución política, creyendo que ganará popularidad, sin medir el perjuicio que le causa a la inversión y a la certeza jurídica. Es lamentable, porque los países necesitan crecer, desarrollarse y empleos. No vivimos de ideas, vivimos de cosas concretas.

- ¿Cuánto tiempo pueden esperar para retomar las obras?

Estamos pensando en retomar las obras. Están todas las condiciones jurídicas para que así sea. Es muy relevante que haya quedado a firme la resolución de la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán y ya expiró el plazo legal para haber intentado su revocación. Esta resolución deja sin efecto la decisión del COEVA y vuelve a producir efectos en la Declaración de Impacto Ambiental. Ese plazo venció el 27 de diciembre y los reclamantes históricos del proyecto, encabezados por Alejandro Jiménez, en representación de varias juntas de vecinos, no apelaron. Por lo tanto, esa resolución queda a firme. En derecho, hay una figura que se llama la cosa juzgada administrativa. Solo tenían derecho a reclamar las personas que eran parte del juicio, porque contaban con legitimación activa y no lo hicieron. Nosotros certificamos jurídicamente este hecho y nos da la tranquilidad para poder reiniciar las obras, pero necesitamos el visto bueno que quien financia esta obra que es el Banco de Chile. Siempre el proyecto podrá ser atacado por diferentes vías, como controles de legalidad y recursos de protección, pero ya se dan se dan las condiciones jurídicas para retomar las obras y solamente necesitamos el visto bueno del Banco de Chile.

- ¿A cuánto ascienden las pérdidas por la paralización?

Si logramos partir durante enero, las pérdidas acumuladas directas son del orden de 400.000 UF ($14.066 millones). La paralización provocó una serie de costos financieros y otros vinculados a la mantención y reinicio de la obra.

- ¿Qué reacción ha tenido el Banco de Chile? ¿Ha puesto un plazo para no rematar la propiedad? ¿Han renegociado el préstamo?

El dueño del terreno es Plaza Egaña SpA, el Banco de Chile tiene la garantía o el crédito hipotecario. Hemos tenido durante todo este tiempo la comprensión y apoyo del Banco de Chile. Ellos esperaban una mayor certeza jurídica para poder retomar el financiamiento del proyecto.

¿Cuando tendrían el último visto bueno para reiniciar las obras?

La próxima semana nos reuniremos con el Banco de Chile para analizar la situación de acuerdo con estas buenas noticias, luego que quedara a firme la resolución de la directora ejecutiva del SEA. Vamos a coordinar el reinicio de las obras y necesitamos el visto bueno del Banco de Chile. Jamás hemos perdido la fe, pensando que este proyecto podría haber caído en remate o en quiebra. Siempre nos hemos sentido muy apoyados no solo por el banco, sino que también por los inversionistas que están detrás del proyecto. Incluso hicimos un aumento de capital para poder financiar este periodo de suspensión.

¿Cuándo ocurrió ese aumento de capital?

Hace un par de meses necesitamos un aumento de capital para financiar gastos de paralización y suspensión e intereses. Son gastos de 100.000 UF ($3.516 millones) que esperábamos sortear. También el Banco de Chile sintió que los inversionistas creían en el proyecto y en la solución jurídica del conflicto.

¿Qué posición ha tomado el gobierno central sobre el proyecto?

Estamos bastante más tranquilos, porque reiteradamente el Servicio de Evaluación Ambiental ha mostrado el apoyo al proyecto, no ha variado su punto de vista técnico. Este es el órgano experto administrativo que se debe pronunciar y debiera tener la última palabra en proyectos que podrían causar un daño ambiental. Entonces, también me he sentido apoyado por diferentes ministerios que ven que este es un proyecto bueno para la ciudad y que da muchos empleos. Hay ministerios que han estado muy preocupados, como el Ministerio de la Vivienda, Hacienda, Economía. Sentimos que la institucionalidad central ha visto que la suspensión de este proyecto ha sido una barbaridad. No solamente malo para Fundamenta o la ciudad, sino que también malo para el país porque es una señal contradictoria si se busca inversión. El gobierno central también ha estado alineado con el reinicio de este proyecto.

¿Qué lecciones saca de todo este episodio? ¿Tiene alguna autocrítica?

Desde un principio debimos haber estado más cerca de los vecinos y lideres sociales. Si hubiéramos tenido un diálogo previo al inicio de las obras, situaciones como estas podrían haberse evitado. Haber conocido a los vecinos reclamantes. Dentro del conflicto igualmente hemos tenido buenas comunicaciones y con respeto, y ese buen ánimo ha hecho que no sigan reclamando en contra del proyecto.

Los abogados que estaban viendo el caso en la Suprema no compartieron la estrategia de pedir la inhabilidad del ministro Sergio Muñoz. ¿Por eso renunciaron?

Sí. Hicimos ver esta recusación dado que una hija del ministro Muñoz estaba comprando dos departamentos dentro del proyecto y no era bueno que él viera este conflicto dado que la sentencia merece ser imparcial. Esto está muy reglado dentro de la institucionalidad y cuando uno sabe que un pariente cercano está comprando un inmueble en un proyecto como este y tiene un conflicto, lo normal es que el juez se abstenga de participar o resolver. Espero que sea un trámite corto y que no dé mucha más noticia, porque es bueno para todos que el fallo que salga de la Suprema sea un fallo imparcial.

A propósito del episodio del juez Muñoz y su hija, ¿cuántas unidades tienen ya promesa de compraventa del proyecto? ¿Qué porcentaje del proyecto ya está vendido?

A la fecha hay aproximadamente poco más de 570 unidades vendidas. Se mantienen comprando y es un número bastante importante. Toda la gente ha creído en una solución que se producirá pronto y por eso no hemos tenido un alto número de peticiones de bajarse del proyecto o devolución de dinero. Nos han creído que el proyecto se reiniciará pronto. Además, creemos que seremos capaces de cumplir con los plazos comprometidos a pesar de todo este tiempo de paralización. Nosotros, desde que se paralizó el proyecto, no hemos querido seguir vendiendo, pero vamos a continuar con ese trabajo una vez que reiniciemos las obras, probablemente en enero. Actualmente tenemos 35% de los departamentos vendidos.

Usted es abogado. ¿La estrategia legal la decide usted?

Sí. El hecho de ser abogado me da una visión más integral de las cosas. También me da la capacidad de dirigir la estrategia jurídica y poner acento en los asuntos realmente importantes. Además de otras funciones que tiene un gerente general, pero si bien cada abogado tiene su especialidad y los trámites los hace gente que está más en el día a día, en la parte judicial, ambiental y administrativa, estoy encabezando los equipos legales.

¿Puede la Suprema dictar un fallo si aún está pendiente la inhabilidad de Muñoz?

Mientras eso no se resuelva, no habrá fallo de la tercera sala de la Corte Suprema. Se tiene que dirimir la recusación del ministro Muñoz, lo que debiera ocurrir dentro de los próximos días. Es un tema bastante simple y sano. Una vez resuelto ese tema, la Tercera Sala debiera volver a ver la causa, considerando las tres casaciones presentadas.

¿Por qué no han iniciado acciones legales por la coordinación de WhatsApp?

Todavía tenemos varios temas pendientes para meter más tramitaciones judiciales. No descartamos, sobre todo por una obligación fiduciaria con los inversionistas, iniciar acciones legales que apunten a perseguir responsabilidades penales o pedir indemnizaciones por los perjuicios sufridos. Esta paralización ilegal del proyecto de manera tan arbitraria que se produjo tiene su origen en esta Comisión de Evaluación Ambiental y ha causado millonarios perjuicios. No es justo que los inversionistas asuman esos perjuicios. El COEVA actúa como parte del Estado y los inversionistas merecen ser resarcidos de todos los perjuicios que se han ocasionado por esta paralización.

¿Esa decisión la tomarían una vez que tengan el fallo definitivo de la Corte Suprema?

Estamos estudiando el mejor momento para interponer esas acciones, pero debemos tomar un camino legal y sobre todo pedir la indemnización legal que corresponde por este perjuicio que se ha provocado al proyecto fruto de la paralización y de una decisión que consideramos arbitraria e ilegal.

¿Lo hacen también por las certezas jurídicas que requieren los inversionistas en Chile?

También es una señal a la que la autoridad debe atenerse frente a la ilegalidad y el justo trato respecto de las cosas que les toca revisar o aprobar. Este es un proyecto que tenía sus aprobaciones legales y contaba con la recomendación del SEA, que es el organismo técnico, pero todos estos fundamentos fueron desestimados. Se tomaron decisiones por razones ideológicas y no técnicas ni jurídicas.