Hasta la comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados llegó el ministro de Energía, Diego Pardow, para abordar los distintos frentes que por estos días mantienen las miradas puestas en su cartera.

En su presentación, el secretario de Estado citó la nota de Pulso sobre el desistimiento del proyecto Faro del Sur, en la región de Magallanes, y comentó que “más allá de que hemos tenido contacto con las empresas involucradas y con los distintos actores involucrados aquí, tengo la impresión que este proyecto se va a volver a someter a la evaluación ambiental, por lo tanto no es un retiro definitivo, sino más bien un retiro para fortalecer la presentación del proyecto”.

Pardow usó así al proyecto para ejemplificar cómo el Presupuesto para su cartera abordará los desafíos en torno a la incipiente industria de hidrógeno verde, donde mencionó que existen dos partidas que administrarán junto otros ministerios para enfrentar las tareas en dicho ámbito, como la participación ciudadana temprana y el levantamiento de líneas de base para este tipo de proyectos, las que son administradas por Economía y Medio Ambiente, respectivamente.

En esa línea, su presentación señaló como diagnóstico que se requiere “avanzar en líneas de base y planificación del territorio para el desarrollo de la industria” del hidrógeno verde.

En particular, detalló que Energía lanzará los Planes Estratégicos de Energía en Regiones (PEER), que en 2023 se enfocarán en Magallanes, ya que en Antofagasta ya existe un polo de desarrollo que contempla al hidrógeno verde. “La idea es poder entregar como bien público un mapa donde se muestra la superposición que existe entre la potencialidad eléctrica (...) con otros usos industriales y con la disposición de las comunidades, de tal manera de dar señales claras a los desarrolladores de dónde es más factible que sus proyectos se desarrollen”, detalló Pardow.

Pardow también abordó las preocupaciones que han surgido sobre la estabilidad en la cadena de pagos de las empresas de energía renovable que funcionan en el país, luego que las compañías María Elena Solar y Cabo Leones II comunicaran su insolvencia ante el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

“Si bien ambas situaciones tienen un efecto limitado en el funcionamiento del sistema (...) tenemos una sobrecontratación grande en el segmento de distribución, y por lo tanto no hay un riesgo en términos de la cantidad”, señaló Pardow, reconociendo que dicha situación “revela que a mediano plazo necesitamos fortalecer las señales de mercado que estamos dando a la energía renovable”.

“En particular necesitamos dar mejores señales hacia la inversión en energías renovables en dos sentidos: una tiene que ver con la ley de almacenamiento, que está en segundo trámite en el Senado, y la segunda, muy importante, tiene que ver con dos leyes que esperamos presentar”, explicó.

En esa línea, Pardow mencionó que enviarán indicaciones a la ley que impulsa las energías renovables, proyecto que ingresó a trámite legislativo en diciembre de 2021, también conocida como ley de cuotas.

Según detalló, las indicaciones buscarán aumentar la cuota para las energías renovables no convencionales a 2030 desde el 20% actual a un 40%, pero reconoció que “podríamos ponernos una meta más ambiciosa”, de 60% o incluso 70%. También explicó respecto de la cuota mínima para cada bloque horario, que tiene una especial relevancia durante el horario nocturno, buscarán “generar una señal para que haya inversión tanto en mecanismos de almacenamiento como en aquellas otras tecnologías que permiten suministrar energía renovable durante las horas oscuras”.

“La ley de cuotas es muy importante por la coyuntura en la que estamos en materia de renovables, para continuar con lo que ha sido la trayectoria de nuestro país en materia de inversiones en energías renovables, que es una muy buena experiencia y es reconocida a nivel mundial, y necesitamos reforzar esas señales de mercado debido a la coyuntura en la que están actualmente”, agregó.

En su exposición, también anunció el envío de un nuevo proyecto, enfocado en corregir las “falencias en la regulación de la transmisión en la Ley General de Servicios Eléctricos”, junto con “una serie de déficits regulatorios de las energías renovables”.

Según explicó, el proyecto responde a compromisos de autoridades anteriores de la cartera respecto de los sistemas medianos “en particular en Magallanes y en Aysén, y su capacidad de integrarse verticalmente”, y que buscará hacer frente a las dificultades para autofinanciarse de las empresas de distribución que mantienen las concesiones en dichas zonas aisladas.

“Hace todo el sentido que se puedan integrar verticalmente, para eso hay que generar una excepción en la ley, y no es algo polémico, sino que está acordado con las distintas actorías y este compromiso no ha sido llevado todavía a puerto”, detalló.

Agregó que también son necesarios cambios en cómo funcionan las obras de ampliación en el segmento de la transmisión, donde actualmente se requieren licitaciones a través del Coordinador Eléctrico. “Este fue un cambio más o menos reciente y lo que muestra la evidencia de unos años es que las obras se demoran mucho más y no hay ahorro en precio”, detalló. Por ello, buscarán volver a un sistema delegado, bajo la supervisión del Coordinador.