Este jueves la Superintendencia de Pensiones dio el inicio a la implementación de la reforma previsional, al publicar en consulta las primeras tres normas, de más de 50, que tendrá que dictar para su puesta en marcha.

Pese a que aún el proyecto no se convierte en ley, hace rato que desde dicha entidad pusieron manos a la obra, y están avanzando en elaborar todas esas normativas. Eso y más es lo que revela el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien encabeza este proceso al interior del organismo. Aquí detalla las normativas que vienen pronto, y las que demorarán un poco más; los avances que han hecho, así como lo que está pendiente.

“Desde que el proyecto fue aprobado por el Congreso, estamos trabajando con mucha intensidad en la implementación de la reforma. Estamos trabajando simultáneamente en todos los aspectos, pero con mayor énfasis en aquellos que inician su vigencia antes. Sin embargo, el que haya temas que inician su vigencia después, no significa que no sea urgente partir ahora. Sí lo es, porque los plazos que se dieron fueron justamente sabiendo la complejidad que significarían, por lo que es necesario empezar a trabajar desde el día uno. En eso estamos hoy día”, comenta.

Las reuniones son múltiples. Macías explica que conformaron distintos equipos al interior del regulador, que trabajan de manera paralela. Pero todos ellos se reúnen, sin excepción, los días lunes y jueves por cerca de tres horas para exponer los avances que han hecho, intercambiar opiniones, y mantenerse coordinados. “Todas las áreas de la institución están trabajando en esto”, afirma.

Además de esas reuniones que se realizan entre los equipos de la Superintendencia, también hay reuniones a las que llama la Subsecretaría de Previsión Social, que es el organismo encargado de coordinar toda la implementación de la reforma previsional. Y también hay otras citas a las que convocan los ministerios del Trabajo y de Hacienda.

Los equipos de la Superintendencia además se han reunido con otros actores como las AFP, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), el Instituto de Previsión Social (IPS), Previred y la Tesorería General de la República.

Macías indica que “el hito cero de la reforma es el cambio que hay respecto a quién se hace cargo de los gastos de cobranza judicial de cotizaciones. Esos gastos, que son en torno al 10% de la deuda, los están cubriendo generalmente los empleadores. La reforma indica que desde el momento en que sea publicada en el Diario Oficial, esos gastos pasan a ser de cargo de las entidades administradoras. En este caso, las AFP y la AFC”.

Bajo este escenario, el día que se publique la reforma de pensiones en el Diario Oficial, la Superintendencia va a publicar un oficio normativo “con toda la interpretación y los aspectos para aplicar el cambio de pago, desde los empleadores a las administradoras previsionales, por los gastos de cobranza asociados a la recuperación de cotizaciones impagas”, puntualiza el regulador.

A continuación, viene el seguro de lagunas previsionales, el que debe entrar en vigencia el 1 de mayo, motivo por el cual el regulador se ha reunido con la AFC. Y precisamente respecto de este asunto versan las tres normativas que acaba de publicar en consulta la Superintendencia de Pensiones, que recibirán comentarios hasta el 27 de marzo. Dos de estas circulares están dirigidas a la AFC y una a las AFP.

“El componente más importante del seguro de lagunas es su ampliación. El seguro de lagunas hoy día cubre solo a aquellas personas que reciben sus prestaciones por cesantía con cargo al fondo solidario, es decir, representa cerca del 30% de las prestaciones que se pagan todos los meses. Y está afuera el 70%. Ese 70% cubre sus prestaciones por cesantía con cargo a sus cuentas individuales. Con la reforma, vamos a cubrir el 100%”, detalla el superintendente.

Un tercer asunto en el que han estado trabajando con celeridad, tiene que ver con la recaudación de las cotizaciones del Seguro Social y el pago de los beneficios, normativa que van a poner en consulta a fines de este mes, y que probablemente es una de las más complejas entras las que van a dictar próximamente. “Estamos trabajando con intensidad en eso. Porque involucra muchas instituciones y porque necesitamos que esto parta muy bien, perfecto, y sin ninguna falla, desde el primer minuto en que se empieza a cotizar”, afirma Macías.

El Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) es una nueva institución pública que se crea con este proyecto, que será autónoma, recibirá una cotización de los trabajadores del 4% (aunque es de cargo del empleador), y con esos fondos estará encargada de gestionar todos los beneficios del Seguro Social. Estos son, el llamado bono tabla, que busca compensar a las mujeres por su mayor expectativa de vida; una garantía de 0,1 UF por año cotizado para los actuales jubilados y algunos futuros pensionados; y también se encargará de licitar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) con esos recursos. Por último, deberá gestionar la cotización del 1,5% con rentabilidad protegida, es decir, el préstamo reembolsable a los trabajadores que aportaron con su cotización a este Seguro Social.

La creación del FAPP debería ocurrir cuando se publique la ley y los cinco consejeros de dicho fondo deben empezar a ejercer antes de agosto. Justamente la recaudación del 1% de cotización adicional de cargo del empleador parte en agosto.

“Pero mientras no exista el FAPP, y no tenga todas las funcionalidades para cumplir con lo que la ley le encomienda, los dineros van a la Tesorería, que va a recaudar toda la cotización del Seguro Social. Entonces, ese modelo de recaudación ya lo estamos desarrollando y lo tenemos prácticamente armado. Y lo principal aquí va a ser aprovechar las capacidades instaladas”, puntualiza el superintendente.

Agrega que “lo que hace hoy día el IPS, las AFP, la Tesorería, cada uno con sus ventajas y desventajas, sus fortalezas y debilidades, va a ser usado de tal manera que aprovechemos todo lo que ya está funcionando hoy día, con el objetivo de no afectar a los empleadores ni a los afiliados, y hacer las cosas al mínimo costo posible y lo más eficiente que se pueda. Ese modelo ya fue diseñado y fue testeado”. Acá Previred también va a cumplir un rol.

Por eso mismo desclasifica que durante la semana pasada y esta tuvieron reuniones con distintas entidades. Por ejemplo, la semana pasada se juntaron con todas las AFP en el auditorio del organismo, al igual que con Previred. “Fueron citados a la Superintendencia todos los gerentes generales, los gerentes de operaciones, los gerentes de beneficios de las AFP, y les mostramos el modelo de recaudación, los beneficios del Seguro Social y cómo se estaba pensando estructurar. Posteriormente tuvimos una segunda reunión solamente con los gerentes de operaciones para afinar los detalles del modelo de recaudación. Y ya está afinado”, relata Macías.

Con el IPS se reúnen prácticamente todos los días. “Hemos tenido muchas reuniones con sus equipos para que se preparen para las labores que tienen que hacer. Específicamente, estamos trabajando en los registros que van a tener que llevar del Seguro Social; y el rol que van a jugar en el pago de dichos beneficios. Los beneficios tienen que pagarse en tiempo y forma, y sabemos que los primeros beneficios se tienen que pagar en septiembre”, señala.

Es que el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, contempla una gradualidad que se completará en septiembre de 2027 para todos los beneficiarios, pero que comenzará este año, en septiembre, para los mayores de 82 años.

Además, en enero del próximo año viene el pago de los primeros dos beneficios del Seguro Social: la compensación por expectativas de vida y el beneficio por años cotizados.

Cuando el FAPP tenga las capacidades para operar por sí solo, Tesorería tiene que traspasarle las funciones que estará cumpliendo en la transición. El FAPP tendrá que subcontratar toda la gestión de sus inversiones, para lo cual hará una licitación.

“Las normas para las licitaciones las tiene que hacer la Superintendencia, y también es la responsable de ese régimen de inversiones. Hay un desafío importante ahí”, dice Macías. Harán una propuesta que será revisada por el Consejo Técnico de Inversiones (CTI), y deberá ser visada por Hacienda.

“El FAPP no es igual que un fondo de pensiones. El fondo de pensiones tiene cotizaciones definidas y beneficios indefinidos. Los riesgos los corre el afiliado. Aquí es distinto, porque el único objetivo del FAPP es pagar los beneficios definidos del Seguro Social. Entonces, se parece mucho a una compañía de seguros de vida y es muy distinto del fondo de pensiones. Cuando usted tiene una compañía de seguros de vida, primero tiene que pensar en los pasivos. Y después en los activos”, explica.

Añade que “el régimen de inversión tiene que ser tal, que permita cubrir los pasivos con el mínimo riesgo posible. Tenemos que tener en cuenta la solvencia del FAPP. Y en ese sentido, claro que es más conservador. Tiene que ser un régimen flexible, pero que asegure el cumplimiento de los beneficios. Y ese régimen también queda en manos de la Superintendencia”.

Otro tema que entra en vigencia en septiembre, es la forma de cálculo de los reajustes de intereses de las cotizaciones adeudadas, normativa que la Superintendencia pondrá en consulta la próxima semana.

“Es un cambio importante. Hoy día cuando un empleador adeuda una cotización, se le aplica una tasa de interés que es la mayor entre la tasa aplicable a las operaciones reajustables, las no reajustables y la rentabilidad de los multifondos, y es incrementada en 50%, y con interés compuesto. Eso configura una tasa prácticamente que no se puede pagar, es impagable”, señala Macías.

Detalla que de la deuda previsional acumulada, un 82% es interés y reajustes, mientras que solo un 18% es capital. “Lo que se está haciendo es racionalizar eso. ¿Cómo se racionaliza? En vez de tres tasas, ahora son dos. Una es la rentabilidad que el afiliado hubiera tenido en su multifondo, o en su fondo generacional, si es que se hubiera pagado al día. Ese es el piso. Y además, la tasa aplicable a las operaciones reajustables que calcula la CMF. Entonces, la mayor de ambas tasas, y se elimina el recargo del 50%. Eso permite una protección efectiva del trabajador, pero sin desincentivar el pago”, asegura. Eso sí, esto operará de aquí en adelante, es decir, los intereses que ya se han asignado a cotizaciones adeudadas anteriores se mantienen tal cual.

Hay que tener en cuenta que todo esto va unido a un sistema único de cobranza, que va a reunir a todas las AFP y al IPS en un solo sistema, cuestión que entra en vigencia en junio de 2026, y que será licitado por dichas entidades.

Otra medida que entra en vigencia en seis meses más, es la nueva forma de cálculo de la tasa de retiro programado. La tasa de retiro programado se calcula ponderando en un 80% las tasas de interés de mercado, y en un 20% la rentabilidad de los fondos en los últimos 10 años. Pero eso va a cambiar mediante un decreto supremo que deben emitir los ministerios de Trabajo y Hacienda, propuesta en la que está trabajando la Superintendencia.

“Lo que hemos visto en los últimos años, es que los mercados son muy volátiles, y eso repercute en que las pensiones de la gente que tiene retiro programado varían demasiado, 20%-25%, cosa que antes no veíamos. Como esto es seguridad social, no podemos permitir eso. Lo que se establece ahora, es que hay una banda de variación del retiro programado, que no va a variar para un afiliado típico, más allá de 10% hacia arriba o hacia abajo cada vez que se recalcula el retiro programado”, cuenta Macías.

Otros dos cambios que vienen en septiembre: las personas van a poder acceder a una renta vitalicia ya no con una pensión autofinanciada mínima de 3 UF, sino que de 2 UF. Y segundo, se elimina la oferta externa del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP).

Las materias de reorganización de la industria de AFP entran en vigencia más adelante, pero el regulador ya está trabajando en ello. El cambio de los actuales cinco multifondos por al menos 10 fondos generacionales, la licitación de afiliados antiguos cada dos años, y las carteras de referencia que se deberán crear, son algunas de ellas.

“El cambio de inversiones es gigantesco. Es enorme. Cambia toda la lógica de cómo operan hoy día las inversiones”, dice Macías. “Es un cambio muy importante. Implica redistribuciones de afiliados a fondos, y muchos otros cambios más que van asociados. Cambia el régimen de inversión: hoy tenemos más de 100 límites de inversión en la cartera de los fondos previsionales, y ahora la ley establece solo tres (para inversiones en títulos del Estado, en el extranjero, y en acciones), todos los otros límites salieron de la ley, y es el régimen de inversión el que va a tener que definirlos. Se va a propender, seguramente, a simplificar mucho el sistema de límites, establecer aquellos necesarios para una buena diversificación y para eliminar conflictos de interés, o mitigarlos”, indica Macías.

El régimen de inversión lo tiene que proponer la Superintendencia, y ser sometido a consulta del Consejo Técnico de Inversiones (CTI), el que tiene derecho a veto. A su vez, el CTI puede hacer propuestas. “Vamos a trabajar sin duda alguna en coordinación con el CTI, con el Ministerio de Hacienda, y también vamos a conversar los cambios con la CMF y el Banco Central. No puede ser de otra manera, porque efectivamente es un cambio muy importante, no solo para los fondos de pensiones, sino para el mercado de capitales”, afirma.

La ley dice que antes de dictar los cambios al régimen de inversión, debe contratarse una consultoría. “Esperamos en los próximos meses llamar a esa consultoría, para adjudicarla a personas que tengan la máxima experiencia, que hayan operado con fondos generacionales y que tengan amplio prestigio”, señala.

Después de que se dicten las carteras de referencia y el régimen de inversión, se pueden establecer límites transitorios por tres años. “Justamente el propósito es evitar disrupciones en el mercado de capitales, que haya una transición suave. Eso es lo que se va a buscar. Hay varias medidas ahí. Por ejemplo, no hay que ir a liquidar títulos al mercado, sino que cuando se transformen los multifondos en fondos generacionales, se van a hacer transferencias intra AFP, de tal manera de afectar lo mínimo posible las carteras y el mercado de capitales”, sostiene.

Sobre la licitación del stock de afiliados, esperan tener una propuesta preliminar dentro de un año, para presentársela a un consejo asesor que se creará con este fin.