Peligro de fuga y penas de crimen: los argumentos de la Fiscalía para pedir prisión preventiva para los hermanos Jalaff

La gravedad de los delitos, el peligro de reiteración y hasta el riesgo de fuga, fueron los argumentos expuestos por la Fiscalía Metropolitana Oriente este viernes, en la quinta jornada de formalización por el Caso Factop, para justificar su petición de prisión preventiva para los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff. Sanz.

Así, la Fiscal Lorena Parra, explicó que la solicitud de prisión preventiva se basa en el “peligro para seguridad de la sociedad considerando la gravedad de los hechos, delitos que se imputan y el bien jurídico; actuar en grupo o pandilla; existe una estructura criminal”.

Por tanto, explicó que la solicitud se basa en que cumplen con los requisitos de gravedad de la pena, la característica de que son delitos con pena de crimen, de que existe peligro de reiteración, y peligro de fuga.

En el caso de Álvaro Jalaff, la fiscal expuso que se le acusa de delito contra el artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores, por lo que arriesga como mínimo, una pena 5 años 1 día. Respecto de los delitos tributarios, la pena va desde 5 años y un día a los 10 años; y añadió que posiblemente tiene una agravante, y no tiene atenuantes. Para el caso del delito de Lavado de Activos, arriesga penas desde 5 años y un día a 10 años, mientras que por el delito de soborno, arriesga desde 5 años y un día.

Esto implica que las penas que arriesga parte de los 20 años. A ello, indicó la fiscal, se suma que registra una condena del año 2022 de tres años de presidio menor con libertad vigilada.

En el caso de Antonio Jalaff, arriesga penas que parten desde los 23 años. Así, por el delito contra la Ley de Mercado de Valores podría ser sancionado con penas que parten en 5 años y un día; por delitos tributarios, en su carácter de reiterado, una pena de 10 años, por lavado de activos arriesga una pena desde 5 años y un día a los 10 años; mientras que por el delito de estafa podría ser sancionado con una pena mínima de 3 años y un día.

Respecto de la gravedad, la fiscal Parra señaló que, en el caso del delito contra el mercado de valores, “los delitos de manipulación de precios se conciben como delitos que atentan contra la confianza del mercado de valores, se está atentando contra integridad del mercado. Se pone en jaque la protección de la competencia y por cierto la estabilidad del sistema financiero”.

En tanto, sobre el delito de soborno, explicó que “se pone en juego ni más ni menos que el correcto desempeño de la función pública. Es grave porque afecta a la probidad y la transparencia”; mientras que en el caso de los delitos tributarios, “se afecta la hacienda pública, es decir al conjunto de recursos de los que dispone el Estado para financiar diversos servicios. Cuando se comete este tipo de actos, se está privando al Estado de recursos con los que financia servicios que son esenciales, se afecta la equidad”.

En el caso del lavado de activos, afecta “la administración de justicia, porque al lavar estos activos se pretende ocultar el origen ilícito de los fondos, y se dificulta al persecución penal”.

El jueves, la fiscalía había solicitado domiciliario nocturno y arraigo nacional para el director de finanzas corporativas de Larraín Vial, Felipe Porzio y para el socio de la firma Manuel Bulnes.

Al momento de argumentar la necesidad de dictar estas medidas cautelares, Lorena Parra explicó que por el delito de administración desleal que se les imputa, “existe una circunstancia calificada, perfectamente se podría aplicar y elevar la pena hasta en 5 años y un día, pero de no ser así, la imputación que se les hace es por el artículo 59 letra e) de la Ley de Mercado de Valores, en concurso ideal con la administración desleal, entonces incluso sin aplicar la circunstancia calificada, llegaríamos a la misma pena, nos moveríamos en el rango de 5 años y un días a 10 años. Por lo anterior el arresto nocturno resulta proporcional a las pretensiones del Ministerio Público”.

El abogado de SII, Gonzalo Mardones, adhirió a la petición de prisión preventiva presentada por la Fiscalía para Álvaro y Antonio Jalaff, por “constituir un peligro para la sociedad, un peligro de fuga, y porque la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación”.

En su argumentación, Mardones señaló que el “ocultamiento de ingresos de los hermanos Jalaff Sanz, rebajaron artificialmente su base imponible y en consecuencia pagaron menos impuestos”, y que “todas la irregularidades y delitos provocaron un perjuicio fiscal de $2.926 pesos en el caso de Antonio Jalaff, y de $3.148 millones en el caso de Álvaro Jalaff, provocando un perjuicio total superior a $6.300 millones”.

“En el caso de Antonio Jalaff, cometió otro delito adicional, respecto del 2024, no presentó su declaración de impuestos”, agregó Mardones. argumentó que los imputados “no sólo arriesgan pena efectiva, sino que además por el nivel de contactos y relacionamiento que tienen los imputados, ellos han tenido inversiones en Perú, EEUU y México. A su vez, pudimos ver en la formalización, que los imputados utilizaban sus redes y contactos para obtener un flujo de dólares en efectivo. Existe un evidente peligro de fuga”.

“Acá se le metió la mano al Estado, se dejaron de percibir ciertos recursos” por montos no menores (...) En cuanto al número de delitos (tributarios) y la gravedad de los mismos, cada uno cometió 12 delitos tributarios”, detalló Mardones.

Las defensas de los imputados que no llegaron a acuerdo con la Fiscalía en las medidas cautelares, harán sus presentaciones a partir de la próxima semana. La jueza Cheryl Fernández fijó para la defensa de Álvaro y Antonio Jalaff, una hora y 30 minutos para cada uno, mientras que para Manuel Bulnes y Felipe Porzio de 45 minutos. Para la revisión de la medida cautelar de Daniel Sauer, se asignó una hora y 30 minutos. La agenda, hasta ahora, considera exposiciones hasta el día martes.