No solo en Chile hubo elecciones este fin de semana. También en Uruguay los ciudadanos acudieron a las urnas para escoger al sucesor del Presidente Luis Lacalle Pou: ese suspenso se acabará el 24 de noviembre, cuando se realice la segunda vuelta entre el candidato del Frente Amplio uruguayo, Yamandú Orsi (44,7% de los votos), y el abanderado oficialista del Partido Nacional, Alvaro Delgado (26,9%).

No fue la única elección que hicieron los uruguayos este domingo, pues hubo dos plebiscitos que fueron rechazados, uno de los cuales fue seguido de cerca por los inversionistas locales e internacionales, dado el efecto que podría haber generado sobre las cuentas fiscales de ese país. Se trata de un plebiscito que promovía una reforma constitucional para hacer cambios al sistema de pensiones, que era impulsado por el PIT-CNT (la principal central sindical de ese país), y que fue apoyada por una parte del Frente Amplio uruguayo. La otra propuesta, que también resultó rechazada, fue impulsada por el oficialismo para habilitar allanamientos nocturnos como una política de seguridad.

La reforma constitucional que proponía hacer cambios a la seguridad social, planteaba tres cosas. Primero, que se eliminaran las AFAP (las AFP uruguayas, donde actualmente existen tres privadas y una estatal) y con ello, el sistema de capitalización individual. Segundo, reducir la edad de jubilación desde los 65 a 60 años. Y tercero, que la pensión mínima fuese equivalente al salario mínimo nacional.

Esa consulta popular necesitaba más del 50% de los sufragios para ser aprobada, pero finalmente consiguió el visto bueno de solo el 39% de los votantes. Era una idea que había generado críticas de personeros de todas las tendencias políticas de ese país por las consecuencias que podría haber tenido en la economía, entre ellos, del expresidente José Mujica, quien dijo que, de aprobarse, “sería un caos”.

Justamente con el fin de darle mayor sostenibilidad al sistema previsional uruguayo, y contener el gasto público, dada la mayor esperanza de vida de la población, el año pasado Uruguay aprobó una reforma impulsada por Lacalle Pou que eleva la edad de jubilación de 60 a 65 años (para aquellos nacidos desde el año 1977 en adelante), con la crítica y el rechazo de los partidos de izquierda y los sindicatos.

A inicios de mes, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou hizo una conferencia de prensa donde manifestó su “enorme preocupación” y alertó sobre las consecuencias que tendría para que se aprobara un cambio que consideró “muy peligroso y además es dañino”. Agregó que esto haría “al sistema insostenible”. Adelantó que si se decidía continuar con esa propuesta, habría que crear impuestos, o recortar prestaciones, o presupuestos en actividades de importancia para el Estado. También señaló que generaría “una confiscación de los recursos de las personas que están en las AFAP”, y dijo que podría tener consecuencias sobre el riesgo país y grado de inversión de Uruguay.

De hecho, en las semanas previas hubo volatilidad en el mercado uruguayo, lo que se atribuía a que una eventual aprobación de ese plebiscito era visto como el mayor riesgo de las elecciones del domingo.

“Desde el punto de vista de los efectos económicos y financieros, este plebiscito de reforma constitucional en seguridad social se volvió más relevante que la elección propiamente tal. Dominó la agenda durante varios meses por las graves consecuencias que podía acarrear”, comenta el economista de origen uruguayo y asesor del Grupo Security, Aldo Lema. “Sin apoyo de los líderes de los principales partidos (...) la iniciativa era básicamente apoyada por algunos partidos del Frente Amplio (Socialista y Comunista) y la central sindical (PIT-CNT)”, agrega.

Lema explica que “al rechazarse por el 60% de la ciudadanía se evitó un gran caos y engendro jurídico derivado de una reforma constitucional en vez de meras leyes, la confiscación de los ahorros de los afiliados, la licuación del patrimonio de las administradoras, las consiguientes demandas contra el Estado y los riesgos latentes de extender la prohibición del lucro a otros rubros económicos, entre otras graves consecuencias”.

Si bien antes de que se realizara el plebiscito los sondeos proyectaban su rechazo, de todas maneras la duda que quedó instalada ahora en el mercado es si el tema llegó o no para quedarse, tal como ocurrió con el “No+AFP” que se instaló en Chile en 2016. “Las AFAP tienen los días contados más allá del resultado del domingo”, adelantó Marcelo Abdala, presidente de la central sindical que impulsó este plebiscito, en la previa a su votación.

“No creo que el tema esté cerrado, sobre todo si gana el Frente Amplio. El Partido Comunista y Socialista intentarán hacer valer el respaldo ciudadano a la propuesta (39%) para promover la eliminación del lucro en el sistema de ahorro previsional, aún cuando la mitad lo gestione una AFP estatal”, comenta Lema. “De hecho, el programa de gobierno del Frente Amplio, pese a que su candidato y el resto de sus partidos no apoyaron la iniciativa, propone establecer un sistema de ahorro no lucrativo”, puntualiza el economista.

En Chile los trabajadores cotizan un 10% del salario que se destina a una cuenta individual en las AFP; y el Estado ayuda a financiar pensiones al 90% de menores ingresos de la población mediante la Pensión Garantizada Universal (PGU) para quienes no ahorraron lo suficiente. En Uruguay, en cambio, el sistema se divide entre el reparto y la capitalización individual, y la tasa de cotización es muy superior: los trabajadores en general cotizan 15%.

De ello, una parte se destina a una cuenta individual en las AFAP y otra parte se va a un fondo solidario que administra el Banco de Previsión Social (BPS, que es el instituto de seguridad social estatal de Uruguay). Los empleadores cotizan otro 7,5% que se destina a este pilar de reparto que administra el BPS. Además, 7 de los 22 puntos del IVA van directo al BPS. El Estado también aporta un monto adicional para el BPS.

Así, los afiliados reciben dos tipos de pensiones. Primero, según lo que acumularon en su cuenta individual en las AFAP. Segundo, por el pilar de reparto que administra el BPS, que es un beneficio definido según años cotizados y sueldo promedio. El plebiscito que fue rechazado proponía trasladar los US$23.000 millones que gestionan las AFAP al BPS.