Un peritaje financiero elaborado por el académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, Werner Kristjanpoller, a petición del Ministerio Público por la investigación por el millonario fraude a Primus Capital reveló que el factoring realizó transferencias netas por $ 27.959 millones a cuentas corrientes de miembros del presunto esquema defraudatorio.

El estudio aborda los movimientos bancarios de 15 cuentas corrientes de 35 personas jurídicas y naturales entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de mayo de 2023. Las cuentas bancarias analizadas corresponden a Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, gerente general y gerente comercial de Primus Capital. También indaga las cuentas bancarias del abogado Antonio Guzmán, el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira, la empresaria peruana Ana María Forno y Marco Antonio López, conocido popularmente como Parived. En febrero, la Fiscalía formalizará a Coeymans, Amenábar, Guzmán y Rivadeneira.

El total de movimientos analizados asciende a $54.916 millones y considera las cartolas bancarias remitidas por el fiscal Felipe Sepúlveda, quien, a su vez, las obtuvo mediante la autorización judicial del 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Las principales cuentas corrientes que recibieron montos netos fueron Servicios, Finanzas y Asesorías Need Solutions, ligada a Marcelo Rivadeneira, con $7.321 millones. A ella se suma: Inversiones Claudia González EIRL con $4.638 millones, Trima SpA con $4.242 millones y Guzmán y Asociados SpA con $4.003 millones.

El informe destacó que de las personas analizadas sólo Parived no recibió dineros netos provenientes de las cuentas bancarias del factoring. Mientras, el abogado Antonio Guzmán es quien recibió el mayor monto por parte de 14 cuentas corrientes, aunque una de estas 14 cuentas era de la empresa Guzmán y Asociados SpA, con la cual está vinculado. De esta empresa recibió $1.926 millones. A su vez Guzmán y Asociados recibió desde Primus Capital $2.732 millones.

La esposa de Antonio Guzmán, Anabel Ruíz, recibió un neto de $1.425 millones; Ignacio Amenábar obtuvo $1.394 millones, y su sociedad Indiana Investment SpA ($224 millones).

“Desde las 15 cuentas corrientes a las personas jurídicas analizadas de las cuales no se analizó sus cuentas corrientes, se puede observar que la que recibió el mayor monto neto fue Ingeniería Inmobiliaria e Inversiones Sical S.A. con $5.975 millones, seguido de Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S.A. con $1.552 millones y Comercial K2 con $967 millones”, dice el reporte.

Por otro lado, las empresas Emprender Capital Servicios Financieros SpA; Fondo de Inversiones Privado ECapital; Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y Fondo de Inversión Sartor Táctico transfirieron $5.694 millones hacia las 15 cuentas.

Rodrigo Arancibia, abogado de Antonio Guzmán, afirma que “tanto las conclusiones como los montos mencionados en el informe pagado íntegramente por Primus Capital son desconocidos para esta defensa, ya que aún no tenemos acceso a él. No obstante, podemos afirmar que resulta del todo natural que entre Primus Capital, Antonio Guzmán y sociedades relacionadas, existan depósitos y transferencias de dinero, por ser aquello parte de la esencia de toda operación mercantil, ya sea que en ellas haya actuado Antonio Guzmán como gestor, representante social o deudor directo”.

Francisco Coeymans también reaccionó al reporte y enumeró tres razones para desacreditarlo. “En primer lugar, carece absolutamente de objetividad, ya que es un informe pagado por Primus, Raimundo Valenzuela y Eduardo Guerrero. En segundo lugar, este no es un informe de la Universidad Santa María sino de un académico de dicha Universidad, representando la opinión de un particular y no de dicha casa de estudios. En tercer lugar el informe, según el parecer de nuestro abogado Juan Domingo Acosta, y su equipo, esta mal elaborado, adoleciendo de serias contradicciones”, declaró por escrito a Pulso. Por lo mismo, el ingeniero anticipó que pedirán un “metaperitaje al informe para demostrar que está mal realizado tanto en el fondo como en la forma”.

Coeymans agregó que el informe solo muestra suma de giros a cuentas corrientes, “pero no entrega la justificación de cada giro. Detrás de los giros hay operaciones, clientes, negocios también entre particulares, inversiones, préstamos etc etc. Solo muestra interacciones entre las cuentas corrientes escogidas arbitrariamente para ser analizadas y no entrega los flujos de pagos de terceros diferentes a esas cuentas que pagaron sus operaciones a primus cómo deudores. Está mal conceptuado y hecho por alguien sin conocimiento del negocio”, agregó.

La trama financiera-judicial que sacude al mercado chileno a finales de marzo del año pasado, cuando un informe del área de auditoría interna de la compañía reveló la existencia de operaciones que habrían sido respaldadas con cheques fasos. Según el reporte, el valor de los documentos que no contaban con respaldos ascendía a US$6,5 millones, pero un mes después, el factoring informó a la Comisión para el Mercado Financiero, que había otros US$3,2 millones en cheques incobrables.

El 5 de enero, el Ministerio Público solicitó la formalización del ex gerente general de Primus Capital, Francisco Coeymans y el ex gerente comercial del factoring, Ignacio Amenábar y el empresario Marcelo Rivadeneira por los presuntos delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y “blanqueo de capitales” cometidos durante enero de 2019 y junio de 2023.

A mediados de diciembre del año pasado, la entidad persecutora solicitó formalizar al abogado Antonio Guzmán por los presuntos delitos de estafa y uso malicioso de instrumento privado, a quien Primus considera una pieza clave del entramado defraudatorio urdido con sus exejecutivos.

Los ex ejecutivos de Primus por medio de declaraciones por escrito han desestimado las acusaciones de la compañía y han señalado que el propio presidente de la firma, Raimundo Valenzuela estaba en conocimiento de las operaciones cuestionadas. Mientras, el empresario insiste en que la empresa fue víctima de un esquema defraudatorio encabezado por los cuatro futuros formalizados, quienes supuestamente habrían urdido un plan creando sociedades en un día para emisión de facturas falsas y la entrega de millonarios préstamos. En esa línea, el informe forense ordenado por el vicepresidente, Eduardo Guerrero a la auditora KPMG consignó que son al menos 150 las sociedades involucradas.