El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, puso paños fríos a la polémica suscitada ayer cuando, en el marco del debate del proyecto de exenciones tributarias para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), dijo que el gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional para oponerse a la indicación que introdujo la oposición y que persigue un impuesto al patrimonio, independientemente de que sea financiero, inmobiliario o empresarial.

“Ayer tuvimos ciertas diferencias, pero es parte de estos procesos No hay que dramatizarlo, hay que conversar y llegar a acuerdos”, sostuvo la autoridad en conversación con radio Universo.

Junto con recordar que existen iniciativas que son exclusivas del poder Ejecutivo, el jefe de la billetera fiscal afirmó que en el debate de ayer se eliminó un impuesto que “recaudaba bastante” y que se cambió por este a los patrimonios, el cual genera dudas en el gobierno por lo que pueda recaudar.

“Nosotros tenemos dudas de cuánto recauda este otro (impuesto). No sabemos si va a recaudar lo suficiente, por lo tanto, si no recauda vamos a tener que ir al tribunal”, explicó.

En esa misma línea, reconoció que su preocupación es que se fusionen los proyectos y que la iniciativa se retrase y, con ello, el pago de la PGU a la gente. La meta del gobierno es empezar con los pagos el próximo mes.

“Lo que nos preocupa es que se empiece a ralentizar la discusión de las exenciones y que posteriormente nos pidan que se fusionen los proyectos. Porque si eso es así, efectivamente la PGU no va a poder ser pagada en febrero”, sostuvo.

“A la luz de los hechos, fue una decisión haber separado los proyectos y haber tenido la PGU por un lado y el de exenciones por otro”, agregó.