Plan del gobierno para bajar tarifas del TAG busca limitar reajuste a 1% anual más IPC

Una primera reunión sostuvo ayer el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, con las concesionarias de las cuatro autopistas urbanas de la Región Metropolitana. Esto, para alcanzar un acuerdo que permita modificar el mecanismo con que se reajustan todos los años los valores del TAG y, así, reducir las alzas en los peajes.

Hasta Morandé 59 llegó el presidente de Copsa, Leonardo Daneri, acompañado de Diego Savino (Costanera Norte y Vespucio Sur), Luis Miguel de Pablo Ruiz (Autopista Central) y Enrique Méndez (Vespucio Norte). Tras el encuentro, el ministro explicó que se acordó un plazo de 20 días -que finaliza el 17 de junio- para que las compañías presenten propuestas.

Según conocedores de las negociaciones, el plan del gobierno busca limitar el reajuste a 1% más IPC anual acumulado, fórmula que ya se usó en las nuevas autopistas como AVO I y II. El mecanismo incorporado en el contrato de estas vías expresas consiste en un alza fija de 3,5% más IPC.

Consultado al respecto, el ministro Fontaine señaló que "es un parámetro posible", pero que se evaluarán distintas opciones de acuerdo con las propuestas que entreguen las empresas.

Si finalmente se acuerda la fórmula de 1% más IPC (que para este año se estima en 2,8%), recorrer el tramo entre Puente La Dehesa y Ruta 68 por la autopista Costanera Norte -que hoy cuesta $5.063 en tarifa punta (TBP)-, aumentaría a $5.257 en 2020. De no haber modificaciones y mantenerse el actual mecanismo, el usuario que recorra este mismo trayecto deberá pagar $5.387 en tarifa punta.

"Los peajes hoy se reajustan en 3,5% más IPC todos los años. Eso significa que el reajuste acumulado durante próximos 15 años, que es lo que duran esas concesiones, es alrededor de 66%, lo que claramente es excesivo a la luz de la situación actual y previsible de la economía", agregó Fontaine.

Las alternativas que se evalúan para compensar la merma de ingresos de esta eventual modificación son la extensión de plazo del contrato o el pago de parte del Estado al término de la concesión. Junto con este cambio en los contratos, el MOP también busca incorporar inversiones adicionales para dar mayor fluidez al tráfico.