La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) junto a la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y con el respaldo de siete comunidades indígenas, denunciaron graves deficiencias metodológicas y la ausencia de estándares mínimos que exige el proceso de consulta indígena realizada en el marco de la Convención Constitucional.

Los gremios enviaron una carta conjunta dirigida al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder. En la misiva, los líderes de ambos organismos, Juan Sutil (CPC) y Roberto Suárez (OIE), manifestaron su preocupación “por las flagrantes violaciones de las normas sobre consulta indígena previstas en el Convenio 169 que alteran su correcta gobernanza, y por las complejas consecuencias que de ellas pueden derivar en materia de debilitamiento de la certeza jurídica, y del buen relacionamiento con los pueblos indígenas de las empresas que invierten o proyectan invertir en territorios por ellos ocupados”.

Asimismo, solicitaron a la OIT que “de manera urgente haga un categórico llamado de atención a la Convención Constitucional y al Gobierno de Chile sobre la necesidad de que se respeten las disposiciones previstas en el Convenio 169, para que enmienden todas las falencias que han atentado contra los estándares fundamentales de la consulta indígena, en cuanto a que esta sea previa, de buena fe y con intención de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento”.

A fines de enero, la Convención Constitucional dio inicio a la consulta indígena, que apuntaba a fomentar la participación de los pueblos originarios en la redacción de normas constitucionales.

La consulta tuvo 19 días de despliegue y un costo cercano a los 300 millones de pesos. El proceso de consulta fue criticado desde distintos sectores de la Convención, sobre todo de la derecha, debido a su baja participación y el costo de la misma. Al final del proceso, se contabilizaron 7.549 personas -desde la secretaría de Participación se esperaba llegar a 18.790- pertenecientes a los diez pueblos originarios reconocidos por ley: atacameños, aymaras, changos, collas, diaguitas, kawashkar, mapuche, quechuas, rapanuis y yaganes.

Ante este escenario, desde La CPC y la OIE advirtieron también que “el pleno de la Convención Constitucional aprobó diversas normas relacionadas con los pueblos originarios para ser incorporadas a la nueva Constitución sin siquiera esperar el término del plazo de la consulta indígena en curso, transformando al proceso de consulta indígena en un mero trámite que defrauda las normas y el sentido del Convenio 169, así como a los propios pueblos originarios, dejando en evidencia que no buscaba ni pretendía llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.