Sistema B espera conversar lo antes posible con el nuevo gobierno para avanzar en el fomento de empresas que generen un impacto positivo en la relación con sus trabajadores, la comunidad, los consumidores y el medioambiente. La presidenta ejecutiva del movimiento en Chile, Josefa Monge, ve con buenos ojos el trabajo que pueden lograr con la nueva administración, pero tiene sus dudas con la Convención Constitucional. Sobre el trabajo de la organización para este año, Sistema B Chile tendrá varios hitos en el marco de la celebración de sus 10 años, festejando en marzo el mes de las empresas B. Monge también adelanta que este año se enfocarán en una campaña que permita que muchas empresas puedan medir si los impactos que están logrando son positivos y suficientes.

¿Cómo ven la llegada del nuevo gobierno?

-Queremos reunirnos con el gobierno entrante. Creo que tenemos bastante sintonía en temas como el medioambiente y en la necesidad de lograr una economía más inclusiva, regenerativa y equitativa. Además, durante el período de campaña tuvimos buenos acercamientos. Así que tenemos esa conversación pendiente, nos gustaría reunirnos cuanto antes con el nuevo ministro de Economía para ver si podemos seguir avanzado con la Ley BIC, que es la norma que reconoce la existencia de las empresas con propósito y promueve que más organizaciones lo sean.

¿Y la Convención Constitucional?

-Los resultados que nos está dando, sin duda, nos preocupan, porque por supuesto que (queremos que) avancemos en sostenibilidad, pero nosotros hablamos de un triple impacto y esto es económico, social y ambiental.

¿Qué áreas les preocupan?

-Nos preocupa que las reglas del juego queden muy claras. Lo bueno que ha construido Chile hasta aquí, que lo ha hecho un país creíble, que quizás se destaque dentro de Latinoamérica, que cumple con sus compromisos internacionales, con una política monetaria seria, con un Banco Central autónomo, con un derecho y fomento al emprendimiento muy claro, y con un derecho de propiedad sin ambigüedades.

La sostenibilidad llegó para quedarse, pero esto se tiene que armonizar con un desarrollo económico. Por eso, como empresarios, tenemos ciertas aprensiones de cómo la nueva Constitución va a mirar, fomentar y definir los bordes que le va a poner a la actividad económica. Pero más allá de las normas, lo que ha sido preocupante, a veces, ha sido el tono y el lenguaje.

¿No les entusiasma que se centre en el medioambiente?

-El apellido de Constitución Ecológica me gusta y nos atrae como Empresas B. Sin embargo, a veces no estamos siendo tan realistas de que somos un país en vía de desarrollo. Hay temas muy complejos que, bajo el paraguas de la ecología, los estamos tratando de meter en la Constitución. Uno espera en la Constitución la forma del Estado, la arquitectura del poder y cómo se distribuyen los derechos y deberes. Pero a veces siento que estamos exagerando en el uso del adjetivo y se suma toda la avalancha de información, que no es fácil de seguir. Yo prefiero esperar a ver cuál es el texto que va a quedar para opinar con mayor propiedad.

¿Cuál es su evaluación sobre el sector privado?

-El sector privado es un océano de organizaciones y es muy difícil evaluar. Pero creo que las empresas han ido tomando conciencia de que los llamados de urgencias no son bromas. Esto generó una sensibilidad o re-sensibilización muy especial en el sector privado. Uno dirá que unos trabajan por convicción o miedo, pero el resultado es que las organizaciones se dieron cuenta de que acá había mucho que trabajar en áreas como el trato, bienestar, relación con los clientes y las comunidades, entre otros temas. Entonces, las empresas que no lo tenían claro, ya con el estallido social les quedó muy claro y la pandemia puso la necesidad de pensar en el cuidado del trabajador, más allá del horario laboral, por el tema del teletrabajo y el riesgo de contagio.

¿Podríamos ver un incremento de empresas B?

-Tenemos claro que esto tiene que salir de un nicho y tenemos que llegar a muchas más empresas e industrias. El objetivo de promover un impacto positivo va desde influir en lo que se está enseñando en las universidades, hasta las políticas públicas y decisiones en el mundo privado. El tema es que no se puede certificar a 5.000 empresas por año. Lo hacemos en EE.UU., con mucho cuidado, y no es simple. Entonces, nos queremos enfocar en la medición. Existen preguntas que las empresas se pueden hacer a sí mismas para ver si están haciendo las cosas bien. Queremos medir masivamente empresas, industrias completas y cadenas de valor.

¿Estamos avanzando con el tiempo correcto?

-La sostenibilidad ambiental y social es algo que se requiere en el tiempo, pero también tiene que ver con que la empresa sea rentable para que pueda dar trabajo, pagar impuestos y dar su servicio. Entonces, más que acorralar a las empresas, nosotros buscamos fomentar las cosas que se están haciendo bien. Un fomento a través de políticas públicas y con la preferencia del consumidor. Porque un país con malas empresas va a tener un mal final.