Los mega incendios ocurridos durante febrero aún penan en la industria forestal. Dichos episodios fueron abordados por Luis Felipe Gazitúa, presidente de Empresas CMPC, en la junta de accionistas de la compañía, realizada este jueves.

Allí, el líder del directorio leyó una carta donde afirmó que “de poco sirve discutir sobre la evidente intencionalidad como foco de estos incendios”, ya que el número de siniestros mostró una “clarísima disminución” luego que se decretara estado de catástrofe y el toque de queda en las comunas afectadas.

Y, aunque subrayó en que la compañía trabaja “en medidas que disminuyan los riesgos de propagación”, también advirtió que todo esfuerzo en esa materia “será insuficiente si no contamos con la acción decidida del Estado para la investigación, persecución y castigo de quienes ven en la quema de bosques una acción de fuerza para la imposición de sus intereses”.

En la misiva, Gazitúa también abordó los ataques incendiarios que los han afectado, cifrando en diez los atentados en faenas y operaciones forestales ocurridos este año. Ante ello, recordó que “la violencia, la delincuencia, el crimen organizado y, en su versión más ideologizada, el terrorismo, significaron durante el año pasado para CMPC y sus empresas de servicios, no sólo la afectación de maquinarias, bosques y enormes daños al medio ambiente, sino -lo más grave- la irremplazable pérdida de tres vidas humanas”.

También hizo mención a la mantención “por largo tiempo” del Estado de excepción en La Araucanía y provincias de Arauco y Biobío -que ha sido renovado ya en más de veinte ocasiones-, asegurando que “la crítica situación obliga a mantenerla y reforzarla como principal medida para otorgar seguridad y confianza a una ciudadanía que observa con decepción la falta de una respuesta definitiva y concreta a este histórico problema”.

En diálogo posterior con la prensa, Gazitúa ahondó en ese planteamiento asegurando que, aunque excepcionales, estas medidas “no es posible levantarlas con la situación que tenemos en el sur, (...) No es posible pensar en sacar la dotación policial y militar que hay” en la zona, indicó.

En su visión, la situación también ha mejorado porque “el año pasado, en el último cuatrimestre, se activó la fiscalía, especialmente la de La Araucanía”, resultando con más de 60 personas detenidas por delitos como el robo de madera.

Pese a lo anterior, al ser requerido por los planteamientos del Presidente Gabriel Boric en medio de los incendios, sobre una “regulación distinta” para el sector forestal, Gazitúa mostró apertura a hacer una revisión.

“Después de una tragedia como la que ha ocurrido, donde se quemó tanto, nadie puede dejar de revisar lo que hace. Nosotros cumplimos con regulaciones muy estrictas para poder estar certificados y poder vender en el mundo (...) y estamos seguros de que tenemos buenas prácticas, pero ante esta tragedia estamos obligados a mirar más a fondo”, aseguró Gazitúa.

El gerente general de la compañía, Francisco Ruiz-Tagle, comentó que el balance hasta el momento arroja un saldo cercano a las 37.400 hectáreas afectadas por los siniestros, cuyo impacto económico “probablemente” será mayor a los US$56 millones informados en febrero, aunque precisó que dicha diferencia “no es material”.

Con todo, para el presidente del directorio de la papelera ningún esfuerzo por evitar propagaciones veloces será suficiente si no se termina con los incendios provocados intencionalmente.

“Nosotros tenemos que hacer algo, estamos obligados, parece de rigor frente a la tragedia, pero nada de lo que hagamos tiene solución si no abordamos el problema de fondo: los incendios forestales en Chile son, en su inmensa mayoría, intencionales”, remarcó.

En esa línea, mencionó que los cultivos que administran en otros países, como Nueva Zelanda, abarcan “superficies gigantescas de pinos insigne, que tampoco son especies nativas, y ahí no hay cortafuegos, no hay las regulaciones que tenemos en Chile, y no se queman porque no hay delincuentes quemándolos”.

Empresas CMPC también reveló su plan de inversiones para 2023. La cifra global considera un monto por US$1.230 millones, de los cuales US$300 millones estarán destinados a la ampliación de la planta que la compañía opera en Guaíba, Brasil. El proyecto, denominado BioCMPC, entraría en operaciones en noviembre. La nueva planta elevará notoriamente la capacidad productiva del grupo, llevándola solo en Brasil a 2,3 millones de toneladas de celulosa, superando así a Chile, actualmente en torno a los 2,2 millones.

Otros US$300 millones estarán destinados a la adquisición de Ontex-México, por parte de la filial Softys, que le permitirá alcanzar un 30% de participación de mercado en el negocio de pañales en ese país. Otros US$250 millones irán al crecimiento biológico de las plantaciones que opera CMPC, considerando también ampliaciones de caminos y mantenciones de las plantas. Finalmente, unos US$200 millones irán a iniciativas de innovación, sustentabilidad y tecnología.

Cerca del 20% estará destinado a operaciones en Chile, unos US$250 millones.

Durante la junta de accionistas, Enrique Covarrubias, un accionista minoritario que mantiene un litigio desde 2016 con ex directivos de la compañía, protagonizó un duro cruce, tras leer por treinta minutos una extensa carta con sus reparos a la administración, que se remontan al caso de colusión que protagonizó la firma con SCA. Según Covarrubias, la declaración de responsabilidad firmada en la memoria de 2014 por los ejecutivos que lideraban la compañía resultó ser falsa.

Al respecto, Covarrubias afirmó que “no es buena señal cuando quienes se dedican a la actividad empresarial (...) no asumen las consecuencias de sus actos, con estricto apego a una recta ética y moral; los delitos de cuello y corbata socavan la amistad cívica y generan odio y resentimiento en quienes sufren sus consecuencias”.

Tras cartón, Luis Felipe Gazitúa replicó: “Señor Covarrubias, resuelva en los tribunales el juicio que tiene con las personas que ha demandado, y si usted no está conforme con la gente que administra esta compañía, venda las acciones. Para qué sigue en una compañía en que considera que somos todos unos tránsfugas”.