Varias recomendaciones sobre la reforma previsional del gobierno acudió a presentar este miércoles el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

En la instancia, el líder de los grandes empresarios partió diciendo que “la derogación del DL 3.500 puede generar importantes vacíos e incerteza respecto a la legislación que hoy día rige al sistema”.

Por otro lado, propuso “reevaluar el alza del 6%, no olvidemos también que aquí hay un efecto directo en el costo de las empresas, que de alguna manera también tenemos que recoger. Y hablo de reevaluar el alza del 6% de las cotizaciones a la luz del impacto de la PGU. Una alternativa es avanzar en el equivalente a una cotización adicional destinada a capitalización individual, y un pilar colectivo solidario para financiar las compensaciones entre los cotizantes”. Y frente a consultas de diputados, recalcó que “nos parece razonable poder volver a revisar si es que realmente es el 6% lo que se necesita”.

También comentó que hay distintos objetivos a buscar con la reforma de pensiones. Uno de ellos, es superar la pobreza en la vejez, lo cual, a su juicio, quedaría abordado con el monto y la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU). “Desde el punto de vista de la superación de la pobreza nosotros pensamos que ya el escenario cambió” con la PGU, comentó Mewes.

Pero recomendó que para lograr un segundo objetivo, este es mantener el nivel de ingreso en la jubilación, “se debería destinar un mayor porcentaje de la cotización hacia la capitalización individual, las tasas de reemplazo más bajas están en los ingresos medios”.

Asimismo, recomendó que “para avanzar en equidad se podría construir un pilar colectivo solidario, sin cuentas nocionales, que permita cubrir las necesarias compensaciones entre los cotizantes”.

Al respecto, detalló que “tenemos que avanzar en equidad, el pilar colectivo solidario sin las cuentas nocionales. El ahorro colectivo, a nuestro juicio, no requiere de estas cuentas nocionales, nos preocupa también el concepto que hay detrás, éstas aportan menor rentabilidad para el cotizante, son a nuestro juicio complejas, pueden ser poco transparentes para los cotizantes. Entonces, creemos que es mejor definir un monto y la cobertura del programa de compensación y redistribuir ese monto entre los cotizantes más vulnerables”.

Agregó que tampoco ven “que las cuentas nocionales generen incentivos a la formalidad, como sí lo hace la capitalización individual. Y la fijación de la rentabilidad de estas cuentas nocionales por parte del IPPA en el futuro podría ser objeto de presiones políticas que nos parecen que podrían ser inadecuadas”.

Adicionalmente, habló de la solidaridad con cotizaciones y no solo con impuestos: “Creemos que existen beneficios fijos, como el cuidado de la maternidad de los pensionados actuales que podrían financiarse directamente mediante un pilar colectivo, sin necesidad de las cuentas nocionales, y se puede distribuir a medida que se vaya acumulando. Con la PGU completa, no se justificaría, a nuestro juicio, un 6% de ahorro colectivo. Cuando yo hablaba de revisar un poco el diagnóstico, también tiene que ver con ese 6%, y esto porque la parte de esta cotización irá a la cuenta individual, y pensamos que es mejor el reconocerlo directamente como capitalización individual”.

Con todo, también mencionó que para reducir la inequidad de género hay que empezar a establecer la edad mínima de pensión para mujeres acorde a las nuevas expectativas de vida.

A juicio de Mewes, otro de los objetivos de la reforma debería ser promover la libertad de elección y la mayor competencia. Esto, mediante la incorporación de mayor cantidad de actores tanto públicos como privados.

“Aquí vemos riesgos de un sistema monopólico, y en esos riesgos de crear un monopolio estatal en funciones de soporte y gestión de fondos, no vemos garantías en las potenciales ganancias de eficiencia”, afirmó.

Mewes también se refirió al servicio que va a entregar el IPS, “que es el Estado, hemos visto en innumerables ejemplos, y nos preguntamos si realmente va a tener la capacidad para ampliar exponencialmente sus atenciones en dos años. La fiscalización, la Superintendencia, hemos visto que rara vez ha sancionado al IPS, y siempre también vemos situaciones de otro tipo que pueden afectar a las personas, cuando hay paralización de actividades, por ejemplo, como lo ha sido ya el Registro Civil. Pero acá también vemos un conflicto de interés en la participación del Estado, que cumpliría todo un rol, de emisor, de inversionista, de regulador y fiscalización, cosa que también va a afectar de alguna manera a la competencia”.

Así las cosas, concluyó: “La pregunta que nos hacemos entonces es por qué separar la administración de cuentas y la gestión de las inversiones. Nos parece que no se justificaría la separación de la industria, la competencia por precios nos parece que se resuelve con licitaciones que podrían incluso ampliarse. La mayor competencia también se logra aumentando el número de actores en gestión de inversiones, ya sean públicos y privados”.

Por otra parte, dijo que “nos parece que no es posible una real competencia del sector privado sin fuerzas de ventas ni uso de marcas, quedaríamos ciegos respecto al usuario final y, por lo tanto, no habría un reconocimiento de quién entrega el mejor servicio, ya sean los prestadores privados o bien el Estado. No vemos que haya libertad de elección si el 6% es administrado solo por el Estado y el 10% se iría por default al ente estatal. También hemos analizado que es muy difícil que una vez que los recursos estén en el Estado, las personas quieran cambiarse a otro sistema, y ese también es un nivel de preocupación”.

Sobre el cambio de cobro de comisión que propone el proyecto, pasando de una comisión sobre sueldo a una sobre saldo, indicó que ello avanza en la dirección correcta.