Cerca de un año después de anunciar la llamada Estrategia Nacional del Litio, el gobierno presentó este martes las nuevas definiciones, que contempla un rol protagónico de dos empresas del Estado (Codelco y Enami), la protección ambiental del 33% de la superficie de los depósitos salinos y la participación de empresas privadas en un conjunto de 26 salares.
En concreto, los salares más ricos en litio del país pasaran a ser desarrollados principalmente por el Estado: el salar de Atacama, que tiene una superficie de 280 mil hectáreas, y el salar de Maricunga, que tiene en torno a 14 mil mil hectáreas.
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Tras este anuncio, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco Valdivieso, señaló que la parte oscura del anuncio es que “se alude a un conjunto de salares que será objeto de estudios para declarar su protección. Esa protección significaría, entendemos nosotros en principio, que la explotación en cualquier forma podría estar impedida o prohibida, o a lo menos sujeta a condiciones mucho más elevadas. Por lo tanto creemos que ahí falta una definición”.
Riesco también comentó sobre la revisión del gobierno de crear una empresa nacional del litio, asegurando que con la existencia de Codelco y la facultades de exploración otorgadas a Enami, “pareciera que una tercera empresa o una empresa que reemplazara a las otras dos, en materia de litio, no fuera necesaria”.
Por otro lado, el presidente del gremio minero destacó y celebró la incorporación de un mecanismo que permita la existencia de una participación privada desde el inicio de las exploraciones, dejando de lado las licitaciones.
Sin embargo, comentó que se necesita saber qué salares pasarán a manos privada. “Aquí pareciera haber una negociación de la que nosotros no estamos enterados, entre los salares que van a estudio y los salares que quedan inmediatamente disponibles. ¿Cual es el criterios para eso?”.