En el marco de la conmemoración de los 10 años de funcionamiento del Segundo Tribunal Ambiental, su presidente (s) Cristián Delpiano conversó con Pulso sobre los desafíos y metas que buscan cumplir durante 2023.

Este año, próximo a concluir, ha sido un periodo de cifras récord para la entidad, registrando el mayor número de demandas, reclamaciones y sentencias de su historia. Delpiano asumió en el cargo, en un primer período, cuatro días después del estallido de octubre de 2019, y cree que la jurisprudencia que ha establecido el tribunal que encabeza es trazable y permite otorgar certezas a los inversionistas.

A raíz de la pandemia, el tribunal puso foco en cerrar a través de conciliaciones los juicios iniciados por demandas de daño ambiental, dado que durante la emergencia sanitaria se paralizaron en todos ellos a nivel nacional los probatorios. En esa línea, se cerraron gran parte las causas por los incendios forestales ocurridos en 2017 en Marchigue y Paredones. Pero no todas las conciliaciones han sido exitosas. En febrero fracasó la conciliación por la demanda de daño ambiental en contra de 13 empresas que conforman el cordón industrial de Quintero Puchuncaví. Se trata del juicio más complejo e histórico que se retomará en 2023 y que considera un total de 120 testigos con 30 mil fojas.

Delpiano llegó a la presidencia del Tribunal Ambiental de Santiago el 15 de octubre de 2019. El cargo tiene una vigencia de dos años. Luego asumió como presidente Alejandro Ruiz, que no alcanzó a completar sus dos años, porque el 1 de agosto de 2022 culminó su periodo como ministro de seis años, por lo que Delpiano volvió a asumir como como subrogante. Ello, a la espera de que el Presidente Gabriel Boric escoja como titular a uno de los cinco candidatos de una lista que elaboró la Corte Suprema.

¿El Segundo Tribunal Ambiental acogerá los nuevos criterios de la Corte Suprema o seguirá fallando en su mérito? Consulto esto a propósito de lo que ocurrió con Puertecillo.

-En el caso de Punta Puertecillo, sin referirme mucho a la sentencia de la Corte Suprema, se han dado dos situaciones para determinar quién fija la sanción, porque la legislación está concebida para que sea la administración quien fije la sanción y los tribunales nos fijemos en la legalidad de dicha sanción. La norma expresa de la ley no nos permite sustituir a la administración en el reemplazo de la sanción. Ha habido casos en los que el tribunal ha dispuesto parámetros para que la Superintendencia fije la sanción cuando se ha devuelto el acto administrativo, pero aun así la Corte Suprema ha revocado y ha dicho que nosotros no tenemos esa facultad. Entonces, Punta Puertecillo cambia un poco ese criterio y dice que los tribunales podrían eventualmente tener esa facultad. Ese es un cambio que se produce.

¿Cómo han hecho para enfrentar la carga laboral por causas relacionadas con la Ley de Humedales?

-Ha sido una carga laboral que todavía es llevadera desde el punto de vista de la gestión del tribunal con la gente que contamos, pero debido a la puesta en marcha de la Ley de Humedales hicimos una gestión conjunta de las causas. Esperamos que ingresara un volumen de causas suficientes para poder identificar las controversias comunes y preparamos todo el material para abordar los casos en forma conjunta. La segunda etapa fue poner en tabla las causas lo más seguido posible y en el mes de junio salieron la mayoría de las causas de humedales.

A su juicio, ¿debiera haber un criterio unificado respecto a la Ley de Humedales, dado lo que ocurrió recientemente con el Tribunal Ambiental de Valdivia que dio a conocer un criterio distinto al que ustedes han determinado?

-Los tres tribunales son autónomos y cada uno puede tener un criterio distinto en su definición. No es tan complejo que hayan distintos criterios en los tribunales, cuando tienes a la Corte Suprema que unifica la jurisprudencia. Lo ideal para el mundo jurídico es que exista un mismo criterio, pero eso no ocurrirá ni siquiera en los 30 tribunales civiles que están en el mismo edificio. No es un problema particular la diferencia de criterios.

Durante la administración anterior de gobierno hubo esfuerzos para elaborar un proyecto de ley que apuntara a destrabar los nombramientos de los ministros de los tribunales ambientales. ¿Por qué no prosperó esa iniciativa?

-Hubo tres razones que impidieron un avance. La primera fue el proceso constituyente, donde se estaba discutiendo el tema de los tribunales ambientales y, por lo tanto, era ineficiente que siguiéramos abordándolo nosotros.

¿Porque las propuestas en la Convención apuntaban a cambios radicales?

-Había un problema muy serio en el diseño que la Convención Constitucional estaba proponiendo de los tribunales ambientales, porque estaba quitando la calidad de tribunal especializado y pasaba a un tribunal ordinario del Poder Judicial. Me parece que esa decisión tiene sus aciertos, pero estabas quitando al mismo la calidad de tribunal especializado y ese era un problema tremendo. Esto, porque la idea de los tribunales especializados es que puedan tener un control más intenso de los actos de la administración. Al no tener un tribunal especializado, aumenta el riesgo de una arbitrariedad de la administración. El objetivo de los tribunales especializados es que discrecionalidad no derive en una eventual arbitrariedad.

Otro de los motivos que impidió un mayor avance en un proyecto de ley en esa línea, se debe a que existían criterios muy distintos en los tres tribunales ambientales para los nombramientos. Entonces, lo que no queríamos era llegar con criterios distintos al Ministerio del Medio Ambiente, porque si se presentaba al Congreso el proyecto íbamos a ir con criterios diferentes.

Un tercer elemento es que hubo muchos cambios en los tribunales ambientales. Cambiaron las presidencias y también nuevos ministros. Nosotros estamos con la intención de retomar este proyecto. Los tiempos más largos de demora se producen desde el momento en que la Corte Suprema elabora la quina y que el nombre es enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, lo cual significa que se entrampa una negociación que dura mucho tiempo. Los nombramientos en los tribunales ambientales han salido de la prioridad de la agenda de los poderes del Estado.

¿Cuán relevante son las señales que emite el Tribunal Ambienta de Santiago para la certeza jurídica que deben tener los inversionistas a la hora de realizar sus proyectos?

-Es muy relevante, porque el tribunal elabora criterios que permiten mejorar o llevar adelante un mejor Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Así como también un mejor marco desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa ambiental.

Desde estos tribunales se han ido perfilando de mejor manera los procesos de participación ciudadana en la evaluación de proyectos. Eso impacta de manera muy positiva en las empresas. Los inversionistas saben que para tener un buen proyecto deben tener una buena una participación ciudadana.

La jurisprudencia del Segundo Tribunal Ambiental no tiene grandes cambios de criterios y es muy trazable. Esto permite tener una visión sostenida de cómo los inversionistas pueden ir elaborando una adecuada evaluación ambiental o enfrentar de mejor forma un procedimiento administrativo sancionatorio.