Proyecto de rentas regionales incluye nuevas tasas locales, ajustes en pago de derechos y patentes, y rendición de cuentas

-Se trata de un proyecto clave dentro del programa de gobierno de Gabriel Boric y adquirió relevancia luego de los duros efectos de los incendios forestales en el sur de Chile. Ad portas de ser enviado al Congreso como parte de la serie de iniciativas que formaban parte de la reforma tributaria, el proyecto de ley sobre rentas regionales incluirá una serie de mecanismos que dotarán de una mayor autonomía financiera a los gobiernos regionales y, al mismo tiempo, exigirán más controles para el uso de los recursos públicos.

Según el reciente protocolo de acuerdo entre la Asociación de Gobernadores y el gobierno, donde se dio el primer paso para el fin de los delegados presidenciales en regiones, el proyecto de ley de Rentas Regionales y Descentralización Fiscal fortalecerá los actuales ingresos de las regiones derivados de derechos y patentes, y creará nuevas tasas que funcionen como fuentes de ingresos propios.

“El proyecto de ley se estructura sobre la base de tres ejes. El primero agrupa las modificaciones necesarias para mejorar la regulación y funcionamiento de las actuales fuentes de ingresos de los gobiernos regionales (como patentes y derechos), y el reconocimiento para generar nuevas fuentes de ingresos propios (como tasas bajo condiciones definidas en la ley). Además, se proponen cambios sustantivos a los actuales fondos y se regulan nuevos instrumentos de compensación y equidad interregional”, afirmó recientemente la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, a El Mercurio de Calama.

Luego del rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria en el Congreso, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha destacado que el resto de la agenda tributaria, que incluye el proyecto de Rentas Regionales, sigue su curso. “Vamos a seguir adelante con los proyectos que están en tramitación y seguir avanzando para presentar los proyectos de rentas regionales a fines de este mes o comienzos de abril”, dijo en T13.

En paralelo al trabajo del proyecto, se generó una discusión política sobre la necesidad de un eventual royalty a la industria forestal tras los incendios en el sur de Chile y la posibilidad de que las regiones donde se genera la producción de las empresas capten parte de las rentas que emanan de ellas.

Fue la propia ministra del Interior, Carolina Toha, la que derribó inmediatamente las pretensiones de algunos sectores por imponer un royalty y de abrir un nuevo debate tributario. “Quiero recalcar que el gobierno tiene una agenda tributaria que está en el Parlamento, que es clara y está expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el gobierno. En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal”, expresó la titular de Interior hace un mes.

Fuentes cercanas a las conversaciones por el nuevo proyecto de rentas regionales, también descartan la inclusión de impuestos regionales en la iniciativa, pero precisan que la fórmula podría pasar por establecer nuevas tasas a las concesiones de actividades empresariales locales, pero sin aumentar su tributación global.

“El proyecto va en la línea correcta. Lo que se quiere asegurar es que las empresas tributen o dejen renta en el lugar de producción, que sea un concepto de territorialidad local”, reconoce el presidente de la Asociación de Gobernadores Ricardo Díaz, quien se reunió la semana pasada con Javiera Martínez para conversar sobre la iniciativa que ingresará en los próximos días al Congreso.

Más explícito, el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, explica que una idea es que una parte pequeña de la tributación total de las empresas quede en las regiones donde tienen operación. “No queremos que la Ley de Rentas, y eso lo hemos conversado con Hacienda, signifique un aumento de la carga tributaria de los procesos productivos que están en las regiones, sino que haya una mejor distribución en los territorios de lo que el Estado recibe centralmente”, sostiene el gobernador, quien reconoce también que otra posibilidad es ajustar las tasas de embarques de los aeropuertos (o puertos) de cada región con criterio territorial.

Flies destaca, asimismo, la visión descentralizadora mostrada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante la discusión y asegura que el objetivo de los gobernadores es tener autonomía, flexibilidad y seguridad en los ingresos regionales.

“La propuesta hecha por el gobierno no es sólo un maquillaje, sino que tiene el peso de una ley contundente ya que presenta ingresos, gastos y control de ese gasto”, resalta el gobernador de Magallanes.

De hecho, la directora de Presupuestos reafirmó a principios de mes que la iniciativa entregará más competencias y recursos a los gobiernos locales, y recordó que el actual proyecto de royalty a la minería entregará también más recursos a las regiones.

“Si otorgamos más recursos, pero no hay traspaso de competencias, no será un proceso exitoso. Al revés, si otorgamos más competencias, sin un mayor traspaso de recursos, tampoco lo será. Por eso, desde el Ministerio de Hacienda estamos legislando el proyecto de royalty que tiene un componente de mayor aporte directo a las regiones”, añadió Martínez en la misma entrevista.

En el documento acordado con los gobernadores, Hacienda también detalla que el proceso de diseño del proyecto considera una etapa de trabajo prelegislativo, avances en flexibilidad presupuestaria, considerando mayores niveles de autonomía fiscal, y mejores herramientas de gestión presupuestaria.

Pero uno de los mayores énfasis de Hacienda para este proyecto estará puesto en los férreos controles fiscales y de rendición de cuentas para los recursos que estén a cargo de los gobiernos regionales.

“La mayor autonomía debe ir acompañada de medidas de responsabilidad fiscal para los Gobiernos Regionales, incluyendo a los Consejeros Regionales (por ejemplo, reglas fiscales subnacionales, medidas de control, de información y transparencia, etc.). Sumado a lo anterior, se establecerán medidas que refuercen la rendición de cuentas en la gestión presupuestaria y la participación ciudadana en instancias que fortalezcan la probidad en la función pública regional”, sostiene el documento, el que asume también un fortalecimiento del Fondo de Equidad lnterregional.

En este sentido, Martínez ahondó sobre la necesidad de mayores exigencias en materia de transparencia, y en la ejecución y evaluación de iniciativas financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), un programa de inversiones públicas a través del cual el Gobierno Central transfiere recursos a regiones.

“La transparencia en la gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas de las autoridades, en todos los niveles gubernamentales, son pilares fundamentales de cualquier economía desarrollada y también serán parte importante de lo que queremos proponerle al Congreso. Estamos estudiando nuevas obligaciones respecto a la disponibilidad de información y datos que permitan evaluar, comparar y controlar la toma de decisiones y se exigirá que para los procesos de formulación de políticas, planes o programas el Gobierno Regional deba contemplar instancias abiertas de consultas públicas”, afirmó la directora de Presupuestos al mismo medio.

Para Víctor Fenner, socio adjunto de Impuestos de EY Chile, cada país tiene sistemas de descentralización territorial y funcional diferentes de acuerdo a sus características, pero estima como fundamental que la autonomía financiera tenga un correlato con la fuerza productiva de cada unidad territorial. “De lo contrario, a la larga siempre se dependerá de que otra región o el poder central finalmente transfieran los recursos, en lugar de gestionar los propios. Ello sugiere, naturalmente, revisar si la estructura regional actual permite semejante correlato”, precisa.

El tributarista de EY si bien ve improbable un sistema de impuestos regionales que sea eficiente y equitativo, estima como interesante explorar atribuciones impositivas que permitan incentivar la inversión regional. “Por ejemplo, que las regiones puedan alterar, dentro de ciertos límites, las tasas o tramos de los impuestos personales. Si una región minera, por ejemplo, ofreciera tasas más bajas de impuesto personal, ello podría incentivar a que el management de la industria se trasladara efectivamente a la región en vez de quedarse en Santiago, como ocurre actualmente”, explica el experto.

En relación al control que debe tener el gobierno central sobre los recursos públicos que se manejen en regiones, Fenner cree que las claves son la naturaleza del sistema de fiscalización y el accountability fiscal. “Naturalmente, cualquier política regional no puede ser inconsistente con las políticas públicas nacionales, así que en ese sentido siempre debe haber una especie de sujeción al poder central”, concluye el experto tributario.