El proyecto de transición energética consiguió un nuevo avance en su trámite legislativo. Esta tarde, la Sala del Senado lo aprobó en general de manera unánime, recibiendo 30 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
Ahora la iniciativa regresará a la comisión de Minería y Energía, donde se espera que el Ejecutivo ingrese un set de indicaciones, que buscarán ajustar la propuesta principalmente en materia de reasignación de ingresos tarifarios extraordinarios, buscando mejorar la asignación de riesgos asociados a congestiones en el sistema eléctrico.
Cabe recordar que la iniciativa, orientada a incentivar medidas que aceleren el proceso de descarbonización de la matriz energética, ha recibido críticas de diversos actores y gremios del sector, como Generadoras de Chile, Transmisoras y la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), que en su momento encendió las alertas al estimar que el conjunto de medidas del proyecto podría aumentar las cuentas a clientes finales en hasta $11 por cada kWh de consumo.
Por otra parte, la iniciativa también concitó la defensa de sectores ligados a las energías renovables, como la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), además de compañías del sector que enfrentan dificultades financieras a raíz de los desacoples en el mercado eléctrico.
El ministro de Energía, Diego Pardow, destacó el apoyo transversal al proyecto, señalando que “solucionará, por ejemplo, los retrasos en obras de transmisión que han afectado la actividad productiva de regiones como Ñuble. Además, entregará incentivos importantes para el almacenamiento energético, que es factor habilitante para el proceso de transición energética”.
El plazo para ingresar las indicaciones a la iniciativa se determinó hasta el próximo viernes 5 de enero. Dicho proceso será clave, ya que el compromiso adoptado durante octubre por el Ejecutivo y los senadores de la comisión, establecía que en dichas indicaciones se agregaría la creación de un subsidio para clientes vulnerables. En paralelo, el Ejecutivo espera ingresar el proyecto de ley que establezca la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas.
Según ha detallado Pardow, el subsidio se establecerá en base a una canasta básica energética familiar de alrededor de 130 kWh/mes, enfocado en el 40% más vulnerable del país, lo que podría abarcar a 1.5 millones de hogares. El financiamiento de dicho subsidio provendría de un aumento de la tasa del impuesto verde, actualmente situado en US$5 por cada tonelada de CO2 emitido, para elevarla al doble, de manera transitoria, hasta 2025.
“Las indicaciones al proyecto tendrán en consideración varias de las sugerencias de los senadores, la academia, la industria y expertos, discutidas en la mesa de trabajo que conformamos hace algunas semanas”, ratificó la autoridad.
