Puertos, paralización y advertencias

La paralización de un grupo de trabajadores de la empresa portuaria TPS ya va para su cuarta semana (16 de noviembre), tomando un tono cada vez más complejo, aunque por momentos parece haber un mayor acercamiento.

Por una parte, la empresa afirma que el puerto está operando normalmente, en un equilibrio bastante inestable y con algunas manifestaciones, pero en general, en los últimos días el Terminal 1, operado por TPS, está atendiendo naves con normalidad. Sin embargo, hasta hace poco la empresa consideraba que estaba en una situación de fuerza mayor por las barricadas y situación de violencia en las entradas al terminal.

En este contexto, la estatal EPV envió una carta en la que hacía referencia a un eventual término del contrato de concesión por parte del Estado.

Más allá de si la empresa lo ha hecho bien en su negociación o no, tienen un punto. El gobierno antes de revisar la concesión, debería garantizar el orden público, más aún si el paro es ilegal y con violencia.

Esto último, dicho sea de paso, es posible gracias a que luego del lobby de la CUT se logró retirar de la última reforma laboral el articulado que hacía hincapié en que las huelgas debían ser pacíficas.

Adicionalmente, como dijo el saliente presidente de EPV, Raúl Celis: "Me parecía que esas medidas (estrategia de gobierno) implicaban una presión indebida respecto de los concesionarios y no apuntaban al fondo del problema, que era la existencia de asambleas de trabajadores eventuales que habían designado representantes y no a dirigentes debidamente elegidos para pedir el pago de bonos por la baja en el trabajo en el Puerto de Valparaíso".

El gobierno, que está bien que se preocupe y tenga una estrategia para solucionar un conflicto, se saltó una etapa relevante -orden público- que es de esperar se priorice.