PwC intenta llegar a acuerdo con las AFP y ofrece compensación por menos de la mitad de lo dictado por la Suprema

FILE PHOTO: Logo of Price Waterhouse Coopers at PWC office in Berlin
FILE PHOTO: The logo of Price Waterhouse Coopers is seen at its Berlin office in Berlin, Germany, September 20, 2019. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

Fallo que condenó a la auditora a compensar a Provida y Capital por el escándalo financiero de La Polar, se traducía en indemnizaciones cercanas a los US$100 millones. Juicios pendientes con Habitat, Cuprum, Planvital y Moneda podrían cuadruplicar esa cifra. PwC ofreció US$ 47 millones para todos. Y terminar así todos los flancos judiciales.


Ha pasado prácticamente un mes y medio de aquel 4 de septiembre en que la Corte Suprema le dio la razón a AFP Capital y AFP Provida. El máximo tribunal condenó a PwC a compensar a ambas administradoras por los daños provocados a los fondos de pensiones tras el escándalo financiero de La Polar, en instancias en que la ex PriceWaterhouseCoopers, era la auditora del retailer. “Se declara que PriceWaterhouseCoopers infringió los deberes legales y reglamentarios en su labor de auditar de modo externo la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de Empresas La Polar del 2007 al 2010″, subrayaba el fallo.

En el caso de Provida, el tribunal valoró las pérdidas a compensar en una 2,5 millones de UF (unos US$96 millones). Para AFP Capital, la indemnización bordearía los US$22 millones.

Y quedan dos juicios pendientes: uno, de las AFP Habitat, Cuprum y Planvital, y uno segundo, de Moneda Asset Management, que reclama unos US$45 millones. Este último fue ganado por PwC en primera y segunda instancia, lo mismo que había ocurrido con Provida y Capital. De hecho, la auditora había ganado todos los juicios indemnizatorios hasta la resolución de la Corte Suprema, dando vuelta el escenario.

Con la finalidad de cerrar todos estos capítulos judiciales, y el consiguiente daño financiero que pueda acarrear para la compañía, PWC envió ayer una propuesta de compensación a todas las administradoras en cuestión, extensible a Moneda. “La propuesta está sujeta a la condición esencial que la misma sea aceptada por todos los interesados”, aseguraron.

La propuesta ofrece una compensación total por $38.520 millones, unos US$47,3 millones, es decir, menos de la mitad de la indemnización que las AFP están pidiendo. Incluso, tal como publicaba Pulso hace algunas semanas, de perder todos los juicios que siguen pendientes, la contingencia completa de PwC se aproximaría a los US$400 millones, unas ocho veces más de lo que la auditora está ofreciendo.

“Las demandas deducidas por los demás interesados se encuentran pendientes de fallo. Aunque PwC Chile estima que dichas acciones son infundadas y no reconoce la responsabilidad civil imputada por los actores, su resultado es incierto, como en todo procedimiento judicial”, señaló la firma en la comunicación mandada ayer a la Comisión de Mercado Financiero (CMF).

De todas formas, desde que salió el falló, la compañía llamó a los demandantes a conversar para llegar a un acuerdo que le permitiera a PWC responder de manera realista, ya que una deuda como la que realmente se está planteando es impagable para la firma. PwC Chile no tiene una matriz en el exterior con las espaldas para abordar ese monto.

Los 37 accionistas que posee tienen, cada uno, una acción serie A, la que da el poder de voto. El socio principal es Renzo Corona, quien asumió el mando de la auditora en 2018, en reemplazo de Luis Enrique Álamos, quien era el socio principal de PriceWaterhouseCoopers Auditores y Consultores SpA, la sociedad chilena que administraba el negocio, al momento del escándalo.

“Los socios de PwC Chile han hecho un esfuerzo sustancial para poner término definitivo a todas las controversias asociadas al caso La Polar, a través de la propuesta”, dijeron a la CMF. Añadieron que: “Ella se ha presentado con la convicción de que va en directo beneficio de los interesados, contribuye a poner fin a la incertidumbre asociada a procedimientos judiciales que se han extendido por más de 10 años”.

Tras hacerse pública la resolución de la Corte Suprema, PwC designó al abogado y exministro de Justicia y Educación, Felipe Bulnes, como un intermediario en las conversaciones con las partes afectadas.

En su minuto, solo Provida sacó la voz. “Después de ocho años conseguimos que se condene a pagar en favor de los fondos de nuestros afiliados una compensación sustancial, siendo ellos los únicos beneficiados con esta resolución”. Aseguraron que perseguirían las indemnizaciones hasta el final, lo que avizora una negociación compleja.

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