Luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la minera Quiborax acordaran solicitar al Primer Tribunal Ambiental suspender por 45 días el proceso judicial que el organismo interpuso a inicios de julio por daño ambiental en el Salar de Surire, la compañía dijo que espera que se pueda alcanzar un acuerdo.
“Valoramos la disposición al diálogo que ha expresado el CDE con esta suspensión”, dijo el gerente legal de Quiborax, Daniel Ocqueteau.
Agregó que “esperamos, y tenemos toda la voluntad, de que estas conversaciones sean exitosas. Nuestro mayor anhelo es seguir trabajando de forma sustentable y responsable, tal como lo hemos hecho por décadas y, junto con ello, materializar los innovadores proyectos de recuperación y extracción de litio que hemos estado evaluando hace meses, siempre con respeto al medioambiente y las comunidades indígenas custodios de los salares en que mantenemos concesiones mineras y operaciones productivas”.
En este sentido indicó que “mantener disputas con el Estado dificulta y entorpece esos objetivos muy necesarios para Arica y Parinacota en particular y Chile en general”.
La demanda
El 3 de julio el CDE demandó a la sociedad minera Quiborax S.A. por daño ambiental al Salar de Surire, ubicado en la comuna de Putre, en la región de Arica y Parinacota. El CDE argumenta que el actuar de la firma generó un impacto negativo que es continuo, acumulativo, permanente e irreparable dado sus faenas extractivas.
La demanda, presentado en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y elaborada por la unidad de medio ambiente del CDE, sostiene que las actividades mineras desarrolladas ininterrumpidamente desde 1997, especialmente bajo el actual método de explotación a rajo abierto, completamente mecanizado, son responsables materiales de la destrucción y alteración de componentes esenciales del salar, la pérdida de servicios ecosistémicos, la pérdida de hábitat y la afectación a su biodiversidad.
“La acción de las faenas mineras se ha traducido en un menoscabo y/o deterioro grave y significativo de la estratigrafía, de la escorrentía superficial del salar y del patrón de inundación normal del mismo, con la consecuente afectación de su régimen hídrico normal”, dijo el CDE el 3 de julio pasado.
Y agregó que las operaciones de la firma “han generado la pérdida sustancial de los servicios ecosistémicos de soporte, regulación y culturales del territorio donde se emplaza, la alteración y pérdida de sus hábitats y la afectación de su biodiversidad”.
En su demanda el organismo estatal señala también que la acción de la empresa habría generado “la pérdida del hábitat necesario para la subsistencia de tres especies de flamencos de las seis que existen en el mundo, como son el flamenco chileno, el flamenco de James y el flamenco andino”.
Este escenario, según explicó el CDE se habría dado por la destrucción de dinámicas ecosistémicas esenciales que las faenas mineras han generado al alterar la superficie del salar. Asimismo, afirmó que Quiborax no ha mitigado o compensado el daño ambiental que provoca su faena minera en dicho salar.
