“Uno de los comentarios que nos ha llegado del sector privado es decirnos ‘ustedes van muy rápido en esto, van demasiado rápido. Así que, por favor, háganlo un poco más tranquilos, porque necesitamos hacer estas negociaciones, tenemos que ponernos de acuerdo’”. Con esta frase, el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente, defendió esta semana los avances de la estrategia nacional del litio.

La frase hacía alusión a dos aspectos de un mismo proceso. La política gubernamental, que esperan tener implementada completamente en septiembre de 2025, ya dio el primer paso para acelerar proyectos que produzcan litio fuera del salar de Atacama. Comenzó oficialmente a fines de octubre, con la publicación en el Diario Oficial de las resoluciones que instruyen comenzar las consulta indígena en los salares de Ollagüe y Ascotán, ubicados en la Región de Antofagasta. El otro paso vino esta semana, el lunes, cuando se hizo lo propio para el salar de Coipasa, emplazado en Tarapacá. Y es que las consultas indígenas son un requisito para poder asignar a privados los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) en los primeros seis salares priorizados por el Ejecutivo.

Los otros tres depósitos, Laguna Verde, Piedra Parada y Agua Amarga -ubicados en Atacama- deberán esperar a que concluyan las consultas indígenas que llevan adelante las dos empresas estatales: Enami, con su proyecto salares Altoandinos, y Codelco en Maricunga.

Sin embargo, la premura efectivamente preocupa entre los privados, y eso pasa por el procedimiento simplificado, o fast track, como lo bautizó el propio Benavente. Este permite asignar a los interesados los CEOL en los salares que cuenten con concesiones por el 80% o más del polígono a explotar. Eso sí, además deben contar con experiencia probada en cualquier etapa de la cadena de valor del litio y/o la industria minera, y, por cierto, con capacidad financiera para desarrollar el proyecto.

El proceso tiene una fecha tope para acceder. Vence el 31 de diciembre de 2024. Pero un documento publicado el 25 de septiembre fijó los polígonos a explotar en cada salar, aunque lo hizo con un carácter “referencial”. Esto puso nerviosos a distintos titulares de concesiones.

Es que al hacer el cruce entre las concesiones conocidas y lo publicado por el Ejecutivo, no todos llegaban al 80%.

De hecho, según un análisis realizado por la consultora minera Plusmining a petición de Pulso, sólo en dos de los seis salares existe un dueño con el porcentaje necesario para liderar el proyecto por sí solo: se trata de los salares de Agua Amarga, donde Eramet Chile, la filial de la firma francesa, tiene el 100% del polígono referenciado por el gobierno en el primero, y Coipasa, donde SCM Copiapó, sociedad perteneciente al grupo Errázuriz, cuenta con el 87% del área referencial. Pese a lo anterior, la firma tiene un acuerdo para ir junto a Lithium Chile, que tiene 11.300 hectáreas en pertenencias.

“Creo que Coipasa podría ser la próxima gran historia de éxito en Chile”, dijo Steve Cochrane, presidente y CEO de Lithium Chile a Pulso.

En los otros cuatro depósitos, los titulares de concesiones mineras deberán sentarse a negociar y ponerse de acuerdo con otros dueños de pertenencias para formar potenciales consorcios, en caso de querer obtener en forma directa el preciado CEOL. Y en esos casos, hay dos escenarios: negociar con el Estado o negociar con otro privado.

Por ejemplo, en Ascotán, Quiborax -una empresa chilena en cuya propiedad participan las familias Fosk y Fuxm y que ya tiene operaciones en el depósito desde donde extrae ulexita para fabricar fertilizantes- tiene el 59% de las concesiones referenciadas por el gobierno. Pese a tener casi 22 mil hectáreas sobre la costra salina del yacimiento, el polígono referencial es más amplio. El levantamiento de información revela que su vecino es Codelco. La minera estatal extrae desde dicha zona agua para la operación de El Abra, donde tiene el 49% de la propiedad, y Freeport McMoRan controla con 51%.

Otro caso similar es Ollagüe. Allí, Wealth Mineral dice tener 10.500 hectáreas en concesiones “libres de royalties”. El levantamiento de información refleja que el principal titular de las concesiones es una persona natural, pero la compañía afirma ser “quien tiene más propiedad minera” en el depósito, e irá sí o sí por el CEOL. Eso sí, aún no define si hacerlo en una licitación o con el procedimiento simplificado. Con todo, su otro vecino es Codelco.

En un escenario distinto están firmas como CleanTech Lithium, que lidera el desarrollo del proyecto Laguna Verde. La firma posee 147 km cuadrados de propiedad minera de exploración y explotación con derecho preferente, pero el polígono referenciado lo sitúa con el 39% de las concesiones. El otro es una sociedad denominada Minergy Chile SpA, liderada por el empresario viñamarino Armando Araya. Pero entre ambas partes no existen intenciones de sentarse a conversar.

“En relación al polígono definido por CleanTech Lithium, la empresa posee derechos de propiedad minera en más del 80% de este, lo que le permite operar y extraer los recursos minerales indicados y medidos por profesionales competentes y que ha sido la base de sus presentaciones de CEOL. Estos están basados en años de exploración y trabajo de geofísica e hidrogeología realizados por la empresa con una inversión estimada de más de US$30 millones”, dijeron desde la firma a Pulso.

Distintas empresas ven clave que el gobierno considere la información técnica que ya manejan los privados, ya que vienen explorando hace años los sistemas salinos, mientras otros se dedican a especular. Un actor reconoce que el polígono tenía que ser más amplio de lo que abarcan sus pertenencias individuales, ya que las salmueras pueden estar más allá de su área. La ampliación tendría así una justificación, pero a criterio de otros titulares, la decisión pasa por otras consideraciones.

“El criterio que imperó creo que fue uno pensado para beneficiar a Codelco y aumentar la participación del Estado”, comenta uno de los actores. Para otros, aún no hay claridad de por qué los polígonos fueron presentados de esta manera, y ven como “algo un poco ridículo” que sólo en dos de los seis salares hayan titulares capaces de acceder al procedimiento simplificado.

¿Obligarlos a negociar? Sea con Codelco o con un tercero, “hacerlo a la fuerza y contra el tiempo es difícil”, reconoce un conocedor. Otras firmas siguen optimistas. “El fast track no es una mala idea, pero le falta mucho por pulir”, comentan.