El 30 de septiembre, el Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio —integrado por representantes del Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y la Fiscalía Nacional Económica— decidió suspender la reducción programada en las tasas de intercambio bancario, originalmente prevista para el 1 de octubre. Esta medida, que impacta directamente los costos de transacción de los comercios, ha provocado descontento en diversas entidades como Walmart, Sencillito y Mercado Pago, quienes afirman que la decisión incrementa los costos operativos y afecta la competitividad del mercado.

Las tasas de intercambio son cargos que los adquirentes, como Transbank, deben transferir al emisor de la tarjeta en cada transacción, y constituyen una parte esencial del merchant discount, es decir, la comisión total que los comercios pagan por aceptar tarjetas de crédito, débito o prepago. La reducción de estos cargos, programada en dos fases cuando se fijaron los límites a principios del 2023, establecía una segunda fase donde bajaban las tasas de intercambio a 0,35% para débito y 0,80% para crédito y prepago, permitiendo así que los comercios disminuyan sus costos de aceptación de tarjetas.

El próximo 20 de noviembre vence el plazo para que el Comité resuelva los recurso de reposición que presentaron distintos comercios y entidades financieras a favor de la rebaja. En este contexto, Pulso conversó con economistas y expertos en estas materias, quienes expresaron su postura frente a la medida y plantearon soluciones.

Claudio Agostini, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha sido uno de los críticos más contundentes frente a la suspensión, argumentando que esta decisión contraviene los objetivos centrales de la regulación del mercado de pagos. Agostini sostiene que el propósito de las tasas de intercambio es limitar el poder de mercado de las grandes marcas y emisores, garantizando un entorno más competitivo. Sin embargo, la falta de una rebaja efectiva en las tasas, dice, beneficia a los bancos y emisores de tarjetas, quienes “se han opuesto a la regulación y han presionado por tasas de intercambio más altas.” Agostini apoya el voto en contra de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), ya que considera que refleja el verdadero objetivo de esta política: “El voto de la FNE es el único consistente con el objetivo de la regulación y la promoción de un mercado competitivo.” Agrega que las altas tasas de intercambio terminan por trasladarse a los consumidores, elevando los precios y generando un subsidio cruzado que, en última instancia, favorece solo a los tarjetahabientes .

Aldo González, economista y asesor de Walmart, también expresó fuertes reservas sobre la suspensión de la rebaja. Según González, esta decisión implica que los comercios, especialmente los pequeños, enfrentan un mayor costo para aceptar pagos con tarjetas. Esto no solo dificulta la adhesión de los comercios al sistema de pagos electrónicos, sino que “va en contra de los objetivos de promover el uso de medios de pago electrónicos en la población.” González critica las justificaciones del Comité, que incluyen el supuesto aumento en los fraudes y el impacto de la inflación, señalando que estos argumentos “no representan todo el mercado” y se basan en información anecdótica, sin un análisis exhaustivo. En su opinión, la tasa de intercambio no debería ser una herramienta para proteger la rentabilidad de los bancos, sino una medida que impulse la competitividad en el mercado.

La Asociación de Bancos (ABIF) explicó a Pulso que “la participación de la banca -al igual que la de otros actores intervinientes- se hizo dentro de los mecanismos que estaban previamente establecidos para dar a conocer los distintos puntos de vista en este proceso”.

Desde una perspectiva estructural, Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, cuestiona la capacidad del Comité para gestionar eficazmente la fijación de tasas de intercambio. Hermann considera que este rol debería asignarse al Banco Central, como ocurre en países como Brasil y Estados Unidos, donde entidades reguladoras con mayor experiencia y recursos evalúan el impacto de estas tasas. Para Hermann, la falta de estudios de impacto por parte del Comité chileno muestra una “inoperancia evidente” y genera incertidumbre en el mercado. Subraya que en otros países, estos estudios permitieron conocer los efectos reales de las tasas de intercambio en los costos de los comercios, en los precios al consumidor y en la competitividad de las pymes. “Es urgente cambiar la institucionalidad, entregando esta facultad a la CMF, TDLC o Banco Central,” enfatiza Hermann, quien considera que la falta de información precisa y análisis profundo pone en riesgo la transparencia del sistema.

Claudio Raddatz, académico de la Universidad de Chile, se inclina hacia una visión más moderada y favorable a la decisión del Comité, calificándola de “prudente.” En su opinión, el mercado de medios de pago ha experimentado muchos cambios recientes, desde nuevas leyes hasta resoluciones judiciales que afectan a los actores involucrados, y esto hace que una pausa para evaluar el impacto sea razonable. Según Raddatz, esta suspensión permite un espacio de análisis que es crucial, dado que aún no existen estudios sólidos sobre el efecto de las resoluciones anteriores en los sectores menos bancarizados y en la penetración de tarjetas. “Es difícil determinarlo ya que no se cuenta con un buen análisis del impacto de las resoluciones anteriores en los distintos participantes del mercado,” explicó Raddatz, destacando la necesidad de recopilar datos antes de aplicar nuevos cambios en el mercado.

Por otro lado, Gonzalo Escobar, profesor del departamento de economía de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAB, se alinea con las críticas a la decisión, subrayando que esta afecta negativamente a los Procesadores de Servicios de Pago (PSP) y a los comercios, quienes esperaban una reducción en los costos de las transacciones con tarjeta. Escobar enfatiza que “se esperaba una rebaja que beneficiara a estos dos grupos de actores, permitiéndoles pagar menores tasas por las diversas transacciones con tarjetas vigentes en el país.” Además, sostiene que cualquier medida que reduzca los costos para los comercios es favorable, ya que permitiría disminuir los precios para los consumidores finales y alentaría la inclusión financiera al reducir la barrera de costo para los comercios pequeños.