Reforma al SEIA elimina el Comité de Ministros, fortalece lo técnico y permitirá la evaluación temprana de proyectos

Es uno de los proyectos que el sector privado viene solicitando hace varios meses. Se ha conversado dentro del pacto fiscal y todo indica que se ingresará a trámite legislativo entre la última semana de noviembre o la primera de diciembre. La iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se trata del proyecto que reforma el sistema de permisos ambientales a través de modificaciones a la Ley de Bases del Medioambiente (19.300). Este proceso está siendo promovido por el Ministerio de Medio Ambiente.

“Es un proyecto para el Chile del siglo XXI. El objetivo es articular la reducción de tiempos en la tramitación ambiental con el fortalecimiento de la protección ambiental”, afirman en el Ministerio de Medio Ambiente.

De acuerdo al gobierno, este proceso incluye la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), “imprescindible para prevenir los impactos ambientales, fortalecer la participación ciudadana y entregar seguridad a los inversionistas”. En ese sentido, resaltan que “los dos gobiernos anteriores presentaron proyectos para reformar el SEIA sin conseguirlo, por eso creemos que este es el momento para alcanzar un acuerdo”.

El proyecto tiene tres grandes ejes: tecnificación de las decisiones, participación temprana y recursos de reclamación.

El primero de esos puntos tiene por objetivo fortalecer la evaluación técnica, al dotar de mayores atribuciones al SEA y eliminar instancias políticas, como el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coeva). Con ello, según el gobierno, la decisión final de aprobar o rechazar un proyecto recaerá principalmente en el SEA, el que deberá tomar la decisión basándose en los antecedentes técnicos y evidencia científica.

El segundo eje es el llamado “Participación Temprana Voluntaria”. Según lo señalado por el Ejecutivo, “los inversionistas podrán mejorar el diseño de sus proyectos en etapas tempranas, previo a ingreso al sistema”.

Para ello, existirán reglas claras “para la relación entre las comunidades y las empresas, con el objetivo de evitar conflictos socioambientales que generan problemas a nivel comunitario y, cuando se judicializan, retrasan la tramitación de los proyectos”.

Y como tercera área, se incorpora un recurso de reclamación único y simplificado: “Se simplificará la vía recursiva para evitar tiempos excesivos y reenvíos entre tribunales y administración. Se espera que estos cambios reduzcan significativamente los tiempos totales de tramitación”.

Los otros cambios que se incorporan al proyecto es el “término anticipado”. Desde el gobierno explican que este instrumento ha tenido una utilización restringida como herramienta temprana de corrección en procedimientos de evaluación de impacto ambiental. “La importancia del mismo radica en que permite otorgar certeza jurídica y terminar de forma anticipada la evaluación de un proyecto que adolece de información relevante o esencial, sin la que no se podrá llevar a cabo una correcta evaluación de impacto ambiental”.

Por ello, ahora se amplía el plazo para aplicar este instrumento hasta después de la Adenda, que es la respuesta que debe entregar un titular ante la observación de un servicio público en la etapa de evaluación. “Esta instancia, por un lado, es temprana para subsanar observaciones, y que, por otro lado, permite al titular complementar considerablemente la información entregada”, indican.

También dentro de las temáticas que se suman a la iniciativa legislativa está una modificación de Proyectos (consultas de pertinencias) que buscan agilizar la toma de decisiones. Según detallan en Medio Ambiente, en la mayoría de los casos las consultas que los titulares realizan, y que muchas veces son exigidas por otros servicios públicos para la tramitación sectorial, obedecen a cambios que no son de consideración y que no requieren de un análisis de la administración. Por esta razón, se creará una nueva figura: la declaración jurada para proyectos que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y deseen hacer cambios que no son de consideración (que no requieren una evaluación de impacto ambiental). “El objetivo de ella es habilitar a los titulares de los proyectos a presentar, en estos casos, una declaración, evitando saturar al SEA y entregando un mecanismo ágil a los titulares para mantener informado y actualizado el estado del proyecto, frente a las autoridades”, comentan en el Ejecutivo.

Esto, según acotan en el gobierno “permitirá que en aquellos casos en que se sabe que una modificación no debe ingresar al SEIA, se disminuyan los plazos en cerca del 90%, además de concentrar el trabajo de los funcionarios del SEA en las evaluaciones de proyectos ingresados al SEIA.