La tramitación de la reforma previsional continuó este miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, analizando el mismo tema que en la sesión anterior: el incremento del tope imponible.

Actualmente existen dos topes imponibles en Chile en cuanto a las cotizaciones para seguridad social: uno que se usa para el seguro de cesantía, y otro que se utiliza para todo el resto, partiendo por las pensiones, pero también para otras materias como salud. En la reforma previsional, el gobierno quiere subir el segundo, igualándolo al que se usa para el seguro de cesantía, es decir, desde las actuales 84,3 UF (unos $3.134.000) a 126,6 UF (aproximadamente $4.757.500). Eso, con una gradualidad de cinco años.

La semana pasada el Ejecutivo se abrió a revisar que este aumento del tope imponible no aplique sobre la cotización del 7% en salud. Y finalmente este miércoles la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, confirmó que el gobierno excluirá la salud común del alza del tope imponible.

Los senadores, bajo esas condiciones, le dieron el visto bueno a esta propuesta mediante una votación ad-referéndum. Eso sí, esa votación fue solo respecto del incremento del tope imponible, y no sobre la gradualidad de cinco o seis años que propone el gobierno, lo que quedó pendiente de ser analizado dado que el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) argumentó que debería ser más gradual.

Tampoco se acordó allí otra propuesta que hizo el gobierno para que el pago de las comisiones que se hagan a las AFP se mantengan en el tope actual y no suban producto de esta medida. Acá los senadores acordaron ver este tema cuando discutan todo lo que tiene que ver con las comisiones que cobran las AFP.

A junio había 416.448 personas que cotizaban por el tope imponible en pensiones, lo que equivale a 7,3% de los cotizantes de AFP que hubo en junio (5.712.389). Pero quienes estaban entre el tope imponible de pensiones y del seguro de cesantía, eran 356.202 personas, esto es el 7% del total de cotizantes del seguro de cesantía en marzo (5.083.291). Eso sí, a ellos hay que sumar un grupo que cotiza para pensiones, pero no para cesantía.

Este grupo, que son quienes están entre el tope imponible actual y al que el gobierno espera llegar, tenían a mayo una remuneración imponible promedio de $4.205.618, por lo que al subir el tope imponible, su contribución subiría 33,3%.

En la sesión de este miércoles, el gobierno mostró un ejemplo del efecto que tendría el aumento progresivo del tope imponible sobre una persona que tenga el ingreso imponible promedio. Allí se enseñó que en régimen, cuando el tope imponible llegue a 126,6 UF, ese cotizante aumentará el monto que aporta para pensión desde $315.610 a $420.662, esto es, un incremento de $105.052 mensuales.

Sin embargo, ese cotizante no vería disminuido su ingreso disponible en igual proporción, de acuerdo a lo planteado por el Ejecutivo, ya que pagaría $14.182 menos de impuesto a la renta. Bajo este escenario, el ejemplo del gobierno concluyó que en el total esa persona disminuiría en $90.879 su ingreso disponible.

En otro ámbito, la semana pasada los diputados de la Comisión de Constitución rechazaron la idea de legislar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Por eso, ahora el proyecto llega con informe negativo para ser votado en la sala de la Cámara de Diputados.

En la reunión de comités parlamentarios que se realizó la semana pasada en la Cámara, tres bancadas no dieron la unanimidad para que se pudiera votar esta semana la iniciativa en sala: las de la UDI, RN y el FA. Y en la reunión de comités parlamentarios que se hizo este miércoles, nuevamente no hubo unanimidad para poner en tabla el proyecto la próxima semana. La UDI y RN salieron de la reunión y no votaron, mientras que el FA no dio la unanimidad.

Eso significa que la votación quedará ya para después de Fiestas Patrias, en una fecha que aún está pendiente de definir.

A nivel general los diputados dan por descontado que cuando se vote este proyecto de retiro de AFP en sala, será rechazado. Pero el gran problema que ven quienes se oponen a los retiros, es que cuando se pueda volver a discutir una iniciativa de este tipo, dentro de un año, justo calzará con la previa de las elecciones presidencial y parlamentarias que se realizarán el 16 de noviembre de 2025. Por lo mismo, desde varias bancadas estiman que lo óptimo sería poder dilatar lo más posible la votación, idealmente para noviembre.