Finalmente este miércoles acudió el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a hacer su análisis a la Comisión de Hacienda del Senado sobre la reforma de pensiones. Quien hizo la presentación fue el presidente del organismo, Jorge Rodríguez.
Esta era una de las exposiciones más esperadas desde que el gobierno ingresó las indicaciones al proyecto hace exactamente una semana. Tanto así, que no solo acudieron a dicha sesión los integrantes de la Comisión, sino que también asistieron senadores de distintos partidos políticos, así como diputados.
Jorge Rodríguez señaló que el CFA identificó 11 riesgos fiscales del proyecto, “pero para cada riesgo fiscal identificamos alguna propuesta de mitigación. Entonces, lo que queremos transmitir es que estos riesgos fiscales no son insalvables, sino que son importantes de abordar, y tenemos propuestas concretas sobre cómo se pueden abordar”.
Rodríguez dijo que “esta discusión se da en un escenario de estrés fiscal”, pero señaló que “sin desmedro” de ello, “el CFA considera que desde el punto de vista fiscal es necesario avanzar en una reforma de pensiones, para mitigar las presiones de gasto exclusivamente sobre el pilar no contributivo”. Puso énfasis en que la PGU ha ido ganando en peso relativo en el sistema de pensiones, lo cual se financia con ingresos generales. Destacó que el gasto en PGU alcanza actualmente a 2% del PIB. Y si en el tiempo se legislara para que la PGU avance en línea con los salarios reales, llegaría a 7% del PIB al 2050.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, acogió las recomendaciones del CFA, y dijo que haría modificaciones al proyecto para incorporarlas. “Hay siete temas que serían nuestra propuesta para recoger las observaciones y particularmente las recomendaciones que ellos hicieron, hay algunas cosas que ellos plantearon que no son materia de esta ley, por ejemplo, hay temas que son más administrativos, el tema de los recursos, las instituciones, que no son necesariamente materias de ley, y otras que se recogieron ya en las mismas presentaciones que nosotros hicimos”, dijo Marcel.
Comentó que, la primera de ellas, “en la práctica ya se hizo, tiene que ver con un proyecto que está en otra parte de este Congreso nacional, que es que para contribuir a que el aumento gradual de la cotización no tenga un impacto significativo sobre el empleo (...) Mantener la tasa de impuesto de primera categoría en las pymes en 12,5% durante los tres años en que la cotización aumenta en 1%, y le agregamos un cuarto año con un 15%, todavía todo esto bien por debajo del 25% que es la tasa legal que está determinada como tasa permanente”.
Asimismo, el ministro de Hacienda anunció que, “con el objeto de asegurar la sostenibilidad de los compromisos fiscales de la reforma, se flexibilizará el calendario de incremento de la tasa de cotización de los empleadores, en particular si el informe de sostenibilidad de la ley de cumplimiento tributario, regulada en su artículo final transitorio, revelara una menor recaudación que la esperada, no compensada por otras fuentes, la transición en el incremento de la cotización podrá extenderse en hasta dos años”.
Marcel también comentó que van a incorporar expresamente en la reforma, la obligación de que los informes de la Dipres sobre deuda y pasivos contingentes, incluyan al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
El cuarto punto, es sobre el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). Marcel recordó que en la ley de Presupuestos ya hubo un acuerdo para generar una propuesta de recapitalización del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). La idea ahora es agregar el FRP a ese compromiso.
Como quinto tema, recordó que el CFA interpretó que no estarían facultados para opinar sobre el FAPP. Entonces, ahora la idea es incluir dentro de los artículos que se refieren a las evaluaciones actuariales cada tres años, un rol para el CFA, tanto para pronunciarse sobre esos estudios, como respecto de las recomendaciones que se hagan para garantizar la sostenibilidad del FAPP.
El sexto punto es sobre la gobernanza del FAPP. Acá Marcel propuso que las normas para designar a los consejeros sean las mismas que se usan actualmente para el Banco Central (BC), porque lo que se propone en el proyecto actualmente se parece más al modelo de la CMF. En el BC son cinco miembros nombrados, de a uno, por el Presidente de la República con acuerdo del Senado. Y donde la facultad del Presidente de la República es nombrar al presidente del Consejo entre los cinco integrantes.
El séptimo tema es que, si bien “el proyecto ya contempla en su articulado varios artículos que tienen que ver con análisis actuariales, donde a partir de ello se puedan proponer cambios paramétricos, el Consejo se lo propone al Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, pero se puso solo en la situación en que se proyecte un desfinanciamiento del fondo, entonces la idea nuestra sería hacerlo simétrico, agregando el caso en el cual haya un exceso de recursos del fondo”.
Marcel explicó que “la gracia de hacer eso sobre la base de estudios actuariales, es que no pase lo que acá se comentaba cuando llegué, es que nunca hay situaciones en las cuales sobre plata. La gracia de los estudios actuariales es que uno puede anticipar con varios años cómo va a evolucionar un patrimonio o un fondo, entonces no va a llegar a discutir cuando la plata ya está gastada, por así decirlo”.