El presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, realizó este miércoles una presentación a los diputados de la Comisión de Hacienda sobre la reforma previsional, centrada en la sostenibilidad fiscal, específicamente en las normas relativas al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
El gobierno propone que la PGU suba hasta $250 mil, pero se condiciona a contar con cierto nivel de ingresos estructurales que permitan financiarlo, misma regla para el alza de la cobertura que busca eliminar el requisito de no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población. Eso sí, Rodríguez dijo que esta es recién una primera aproximación al proyecto, y se comprometieron a poder seguir profundizando el análisis.
“A juicio del CFA, estos condicionantes conceptualmente apuntan al principio de comprometer gastos permanentes solo en la medida que se cuente con fuentes de financiamiento también permanentes”, dijo. “Pero operativamente, nosotros como CFA, a continuación vamos a identificar ciertas precauciones y riesgos para la sostenibilidad fiscal respecto de la fórmula específica, que quizás van a requerir un análisis más en profundidad”, agregó.
Rodríguez comentó que si bien acá se está hablando de un gasto específico para PGU, que tiene una regla específica para ser financiado, no hay que perder de vista que “la sostenibilidad fiscal debe analizarse considerando el conjunto de gastos e ingresos estructurales, de todo el sector público (...) En este caso, se vinculan ingresos estructurales a un gasto específico, y vale la pena recordar que esto no es algo que se haga por primera vez, algo análogo ya existe en la ley N°21.091 para gatillar el aumento de cobertura de la gratuidad en educación superior. En esa ley también existe un gatillo, de que solamente podrá aumentar la cobertura de gratuidad en educación superior si es que se superan ciertos umbrales de ingresos estructurales. No es la misma fórmula que se pone acá, pero el concepto a grandes rasgos es el mismo”.
En esa línea, dijo que “esto implica que, cuando se cuente con esos ingresos estructurales, habrá gastos prioritarios para su uso. En ausencia de estos gatillos, si es que hay más ingresos estructurales, el gobierno de turno en su momento puede proponer una distribución de gasto con cargo a esos ingresos estructurales, pero con la ley de educación superior, más esta ley de reforma previsional, esos aumentos de ingresos estructurales ya tendrían un fin predeterminado (...) Eso, conceptualmente cumple con el principio de asignar gastos a ingresos permanentes, pero también hay que tener cautela porque esto va introduciendo rigideces en la gestión del gasto público”.
Lo explicó así: “En ausencia de estas reglas, mayores ingresos estructurales pueden gastarse a las prioridades del momento. Aquí estamos dejando prefijada una prioridad (...) Nuestra advertencia es que hay que tener cuidado con poner muchos de esos amarres”.
En segundo lugar, mencionó que “debe enfatizarse que cualquier gasto gatillado por esta regla relacionada a la PGU, de todas maneras debe enmarcarse dentro de las reglas fiscales agregadas que rigen a las finanzas públicas en Chile, es decir, deben estar dentro del marco de la regla dual de balance estructural y nivel prudente de deuda. En este sentido incluso pudiera ser conveniente agregar ese énfasis en el articulado, que nadie vaya a interpretar después que este tipo de gasto no está sometido a las reglas generales de balance estructural o nivel prudente de deuda”.
Su presentación decía que “lo anterior es fundamental, pues si los ingresos estructurales llegasen a caer, luego de haberse activado el aumento de gasto en la PGU, deberán ajustarse otros gastos para cumplir con las reglas fiscales agregadas”.
También dijo que es importante que el indicador específico de ingresos estructurales que se usa para condicionar el aumento de gastos en PGU sea “lo más estable posible, para que refleje de la mejor forma que se están midiendo ingresos permanentes”. Añadió que “pudiera ser pertinente que el Ministerio de Hacienda analice distintos indicadores de ingresos estructurales y los someta a ciertas pruebas para ver cuáles son más estables”.
Añadió que, “complementariamente (...) también sería pertinente que el Ministerio de Hacienda pueda dar a conocer distintos escenarios macroeconómicos en los cuales se activarían o no se activarían las condiciones de gatillo que harían aumentar el valor y la cobertura de la PGU. Ello se puede cruzar con simulaciones de indicadores alternativos”.
Además, comentó que ”es importante contar con simulaciones para evaluar el efecto en las finanzas públicas de la activación de estas condiciones, para para analizar qué pasaría si se dieran en conjunto con las condiciones que activan la mayor cobertura de la gratuidad en educación superior”, para verificar que se cumplen las reglas fiscales agregadas de balance estructural y nivel prudente de deuda.
