Ya se han ido conociendo detalles de la propuesta del gobierno para cambiar el sistema de pensiones que tiene el país, mediante una reforma que planea ingresar al Congreso en los próximos días.

En lo central, uno de los temas que considera la iniciativa, es subir la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil y que realmente llegue al 90% de la población. Según revela una presentación que el gobierno ha estado socializando con parlamentarios y expertos, solo con esta modificación se reducirían desde 73% a 63% los pensionados que reciben un monto por debajo el salario mínimo.

Pero si a esto se agrega todo el resto de los nuevos beneficios que busca impulsar el gobierno, los pensionados bajo el salario mínimo disminuirían aún más, hasta el 50%, según muestra la presentación.

¿Cuáles son esos nuevos beneficios? En el pilar contributivo, el gobierno propone lo siguiente: que el 10% del salario que hoy cada persona cotiza de forma obligatoria para su pensión, así como un 0,5% adicional (que no hará disminuir el sueldo, ya que actualmente eso y más se paga como comisión a cada AFP), se sigan destinando a una cuenta individual.

En paralelo, el Ejecutivo planea que haya una cotización adicional de 6% con cargo al empleador, que se destinará íntegramente a un fondo común, creándose así un pilar contributivo de ahorro colectivo. Es acá donde existirán componentes de solidaridad.

Uno de los mayores nudos que deberá enfrentar el gobierno en el Congreso es precisamente respecto de esto último: el destino de la cotización adicional. Así por ejemplo, entre las críticas que se han levantado en la previa de la presentación de la reforma, hay economistas que han dicho que si el aporte adicional de los 6 puntos porcentuales no beneficia directamente al trabajador, porque los recursos van a un fondo solidario que se distribuye entre todos los pensionados actuales y futuros, “se le puede considerar un impuesto al trabajo”.

Sin embargo, a juicio del gobierno, según revela la presentación socializada con distintos actores, el pilar de ahorro colectivo apunta a todo lo contrario. Allí dice que es un “subsidio al trabajo para segmentos bajos y medios, apoya a la formalización de este grupo de trabajadores, que sienten mayor nivel de sustitución entre el sector formal e informal, versus los trabajadores de remuneraciones más altas, que tienen menores posibilidades de ‘escapar’ del impuesto”.

¿Por qué el gobierno ve que esto podría ser un subsidio al trabajo? Para eso, hay que conocer el detalle de lo que propone el Ejecutivo en el fondo común.

Para partir, según ha manifestado el gobierno a los distintos actores con los que se ha reunido en el último tiempo, la reforma propone que todos los aportes que hará el empleador se registren en una cuenta nocional de cada trabajador, generando rentabilidad colectiva.

Al igual como ocurre hoy cuando un afiliado ingresa a su AFP para ver los fondos que tiene acumulados y la rentabilidad que ha obtenido, la idea del gobierno es que en el futuro eso igualmente ocurra así: cada persona podrá ver cuánto ha ahorrado mes a mes por su 10,5%, y por lo que le corresponde del 6% que aportó. En ambos casos, incorporando la rentabilidad.

¿Cuánto se le va a anotar a cada persona en su cuenta por el 6% que aporta? A todos les va a llegar al menos una parte de dicha cotización. Si bien en una presentación del 22 de septiembre se indica que el 75% de dicho aporte se anotará íntegramente en la cuenta nocional, lo cierto es que el Ejecutivo hizo ajustes en las últimas semanas y ahora está socializando con expertos una cifra algo menor: el 70% de lo que cada persona aporta.

Con los fondos restantes, que representan el 30% de lo que aportó cada persona con los 6 puntos porcentuales, cada mes se sumará la totalidad de los recursos aportados por todos los cotizantes, y se dividirá por el número total de afiliados que cotizaron. Este es el mecanismo redistributivo que el gobierno tiene contemplado, ya que con esto se permite que aquellos que tienen un sueldo más bajo, consigan que se les anote un monto mayor en su cuenta nocional, versus quienes tienen un sueldo más alto.

Este factor redistributivo que se incorpora, “permite mejorar el GINI de las pensiones y la cantidad de personas con posibilidad de superar el salario mínimo”, dice la presentación que hizo en septiembre el gobierno.

Pero el proyecto también busca “mejoras inmediatas a los actuales jubilados mediante reparto intergeneracional transitorio, acotado a los afiliados al sistema al momento de entrar en vigencia la reforma”. Respecto de este reparto intergeneracional, la misma presentación del gobierno dice que quiere entregar una “garantía por años cotizados para los actuales jubilados y para los futuros que estén afiliados al sistema al momento de aprobarse la reforma”.

En concreto, lo que hará el gobierno acá, según ha manifestado a distintos actores con quienes ha socializado la reforma, es prometer un piso que entregará el fondo común a los actuales y futuros pensionados, que equivale a UF 0,1 ($3.450) por cada año cotizado, con un tope de UF 3 ($103.501).

El fondo común está financieramente diseñado para que se acabe el reparto intergeneracional en un punto del tiempo, que según un gráfico (ver infografía) de la presentación del Ejecutivo, podría ser un poco antes de llegar al año 2100.

Así, para los actuales pensionados, esos montos que se otorgarán como premio a la cotización se desembolsarán mensualmente de forma íntegra desde dicho fondo de ahorro colectivo. Pero para los afiliados que hoy siguen cotizando, y que aportarán dinero al fondo común antes de jubilar, el cálculo es distinto.

Esto, debido a que la reforma no promete un beneficio definido, sino que garantiza un piso que recibirán los actuales afiliados al sistema por cada año de cotización. De acuerdo a lo que ha argumentado el gobierno a quienes han conocido la propuesta, esa es precisamente la diferencia con los beneficios que no son sostenibles en el tiempo. Además, apunta a incentivar la cotización, porque a más años cotizados, el piso es más alto.

Así por ejemplo, un hombre de 60 años, que ha cotizado 15 años, pero que una vez aprobada la reforma cotiza cinco años para el fondo común en el nuevo sistema, en total va a haber acumulado 20 años de cotizaciones. Eso significa que el fondo común le garantiza que va a recibir un piso de UF 2 ($69 mil) por sus años de cotización. Ahí se calcula cuánto acumuló dicha persona por el 6% que aportó en esos cinco años, y si por ejemplo, fuesen $15 mil, el fondo común va a desembolsar lo que le resta para completar las UF 2, es decir, $54 mil.

Otro ejemplo: a una persona que cotizó 20 años en el fondo común, también le corresponden $69 mil (UF 2) como piso. Si ahorró $60 mil con el aporte que hizo con su 6%, significa que el fondo común va a desembolsar $9 mil. Para una persona que también cotizó 20 años, pero ahorró $70 mil con los aportes que hizo, el fondo común no tendrá que desembolsar dinero. El argumento del gobierno acá, es que cuando una persona es capaz de financiar por sí misma su pensión, no es necesario que el fondo común haga un aporte solidario.

Como el Ejecutivo promete subir los montos que reciben los actuales jubilados de manera inmediata, pero inicialmente no habrá suficientes recursos acumulados en el fondo de ahorro colectivo, planean que el Fisco le haga un préstamo al fondo común, y que luego éste se lo devuelva, una vez que haya acumulado los fondos suficientes.

Si bien este reparto intergeneracional será transitorio, el fondo común también promete beneficios permanentes, ya que todo converge a reparto intrageneracional. En primer lugar, está el mecanismo redistributivo anteriormente mencionado. Pero también se van a “efectuar compensaciones desde hombres a mujeres por tablas, maternidad, tareas del cuidado”, dice la presentación.

En esa línea, cuando el documento habla de “tablas”, se refiere a que a la mujer se le calculará su pensión como si tuviera la misma expectativa de vida que un hombre, lo cual le permitirá tener una pensión más alta. Ese diferencial que se necesite para llegar a dicho monto, lo aportará el fondo común. El documento detalla que esta compensación será de 10%, tanto para las actuales como para las futuras jubiladas.

Sobre las tareas de cuidado, dice que se otorgan cotizaciones para cuidados de dependencia, para personas que estén en el registro de cuidadores del Ministerio de Salud, con un tope de dos años. En tanto, sobre maternidad, el documento revela que se anotarán 18 cotizaciones equivalentes al 6%, que se agregan al bono por hijo del 10%.

Asimismo, la presentación dice que se permitirá hacer compensaciones por lagunas previsionales. Esto significa que cada vez que se use el seguro de cesantía, individual o colectivo, es el fondo de cesantía el que va a pagar las cotizaciones del 10% y el 6%.

El pilar de ahorro colectivo que planea crear el gobierno incorpora una regla de sostenibilidad, que según la presentación del Ejecutivo, fue “sacada de las mejores prácticas de Canadá y Suecia”.

Allí se especifica que “la tasa de interés nocional se calculará en base a masa salarial, factores demográficos, rentabilidad financiera, todo ello con miras a garantizar sostenibilidad de largo plazo en el fondo. Si los ajustes de tasa de interés nocional fueran insuficientes, el gestor público (con acuerdo de la Superintendencia de Pensiones) propondrá al Presidente ajustes paramétricos, el que deberá plantear una reforma legal al Parlamento para llevarlos a cabo. Si ello no ocurre en cuatro meses, el gestor público reducirá las garantías”.

Esa tasa de interés nocional también se anotará mes a mes en la cartola de los afiliados que vayan aportando su 6%. El gobierno planea que la rentabilidad que obtenga este fondo común sea mayor que la de otros países como Suecia, ya que en el país nórdico, al tener que repartir todo el dinero que entra al fondo, no puede invertir los recursos, por lo que el tanto nocional considera principalmente el crecimiento de la masa salarial.

En cambio ha trascendido que el gobierno proyecta que la rentabilidad sea mayor para este fondo común, porque una parte va a estar capitalizada e invertida. Es más, todo lo que no va a reparto, se invierte. La idea es tener un horizonte de inversión que sea de más largo plazo del que existe hoy con los multifondos, tal como ocurre en otros países que tienen fondos públicos similares. Acá, se piensa que los activos alternativos podrían jugar un rol importante.P