Llegó el día. El gobierno este miércoles ingresó las esperadas indicaciones de la reforma previsional que se está tramitando en la Comisión de Trabajo del Senado. Las enmiendas, agrupadas en 176 páginas, se hicieron públicas tras haber conseguido un acuerdo con los senadores de Chile Vamos que componen dicha instancia, logrando destrabar los grandes nudos que han existido en la última década al debatir sobre pensiones en el país.

De hecho, los parlamentarios aprobaron este mismo miércoles la idea de legislar el proyecto de manera unánime, votando a favor los senadores Rodrigo Galilea (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Gastón Saavedra (PS), y Alejandra Sepúlveda (indep. FRVS). Ahora falta que se concrete, eso sí, la votación en particular, que debería iniciar este jueves, y podría continuar el sábado en caso de ser necesario.

“Tenemos una buena noticia para Chile, porque hemos logrado un acuerdo con los senadores del oficialismo, de nuestro gobierno, que han estado colaborando fuertemente en esta reforma previsional, y con los senadores de la oposición”, dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en un punto de prensa posterior a la votación. “Este acuerdo no es perfecto, pero es un gran avance, y por eso lo valoramos”, añadió.

“Nos pone muy contentos el hecho de que la política finalmente da cuenta de que cuando hay voluntad, disposición, capacidad de escucharse, cuando hay argumentos técnicos bien fundados, podemos ponernos de acuerdo, y eso es principalmente lo que hoy día debemos celebrar”, comentó el senador Cruz-Coke.

“El país llevaba muchísimos años esperando una reforma previsional (...) El Senado se propuso sacar esto adelante, y el día de hoy estamos informándoles al país, que en un acuerdo completamente transversal (...) Hemos podido arribar a un acuerdo que se hace cargo de todos los desafíos que nos habíamos planteado”, dijo Galilea. “Es mucho más fácil criticar, no hacer nada. No, nosotros tomamos otro camino (...) buscar entendernos”, afirmó Coloma.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que “esta es una reforma de gran envergadura, por cuanto va a beneficiar a un universo actual cercano a los 2,8 millones de adultos mayores, con beneficios que van a incrementar sus pensiones entre un 14% y un 35%”. En términos de tasas de reemplazo, una minuta de Hacienda asegura que “permitirá elevar las tasas de reemplazo respecto de los ingresos laborales del último año previo a la jubilación a más de 70% de manera sostenida”.

Hoy los trabajadores cotizan un 10% para su pensión, lo cual se destina a la cuenta individual. Ahora, en vez de subir la cotización adicional que se destina para pensiones en 6 puntos porcentuales, como se había planteado anteriormente, el gobierno propuso en las indicaciones un incremento de 7 puntos con cargo al empleador. Con ello, la cotización que aportan los empleadores llegaría a 8,5%, dado que actualmente ya cotizan cerca de un 1,5% para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Del 8,5% total que aportarán los empleadores, un 4,5% se destinará a las cuentas individuales de manera directa. Hay otro 1,5% que a futuro, dentro de 30 años, irá a las cuentas individuales, pero antes de eso y de manera transitoria se denominará “Aporte con Rentabilidad Protegida” y se destinará al llamado Seguro Social que crea el proyecto. En todo caso, funciona a modo de préstamo, dado que una vez que el afiliado se jubile, el monto que aportó en este ítem será devuelto íntegramente a la pensión del afiliado, con reajustes e intereses.

El restante 2,5% se destinará de manera permanente al Seguro Social, para financiar el SIS y una nueva compensación para mujeres. “Dado que el Seguro Social absorberá el actual SIS, reemplazando la prima que actualmente pagan los empleadores –que ha fluctuado entre 1,3% y 2,3% de la renta imponible, con un promedio de 1,5% en los últimos años— el incremento neto de cotizaciones de los empleadores será de 7%, el que se implementará gradual y progresivamente en un plazo de nueve años”, dice una minuta del Ministerio de Hacienda.

El aumento de la cotización de cargo del empleador se empezará a enterar a los seis meses de publicada la ley: será de 1% el primer y segundo año; de 0,75% el tercer y cuarto año; y de 0,7% el quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno año de implementación. En los dos primeros años irá todo al Seguro Social, y recién al tercer año se empieza a incorporar gradualmente una parte de la cotización (0,25%) a la cuenta individual.

El fondo del Seguro Social, entonces, estará compuesto de una cotización de 4% que se destinará al llamado Fondo Autónomo de Protección Previsional. Pero también habrá recursos fiscales. “El Fondo de Seguro Social recibirá, además, un aporte fiscal predeterminado en función de las necesidades de suficiencia y sostenibilidad del Fondo, el que, en cualquier caso, no excederá el equivalente a los recursos liberados en la mantención de la cobertura de la PGU en 90% de los pensionados y el financiamiento de la gestión de fondos mediante una comisión de cargo del trabajador”, dice la minuta de Hacienda.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo este miércoles que “lo que estamos haciendo con las propuestas que están acá, es llegar a un sistema efectivamente mixto en materia de financiamiento, donde los aportes al sistema van a quedar estructurados prácticamente en tres tercios. Si lo medimos como porcentaje del Producto, el aporte de los trabajadores va a estar en el orden del 2,9% del PIB, 2,4% del PIB va a corresponder a los aportes de los empleadores, y 2,5% del PIB va a corresponder al aporte del Fisco”.

El Seguro Social Previsional que crea el proyecto de manera permanente, “cubrirá inicialmente los riesgos de invalidez, sobrevivencia y diferencial de expectativas de vida entre hombres y mujeres”, detalla una minuta de Hacienda. En concreto, las prestaciones que pagará el Seguro Social será un beneficio por años cotizados, la compensación por diferencias de expectativa de vida, y el aporte con rentabilidad protegida. El Seguro Social también desembolsará los recursos que se requieran para el SIS.

Se creará un nuevo organismo público autónomo para gestionar el Seguro Social, “de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio”, que tendrá entre sus funciones licitar a privados los fondos que no se requieran de inmediato para pagar beneficios, para que puedan hacer rentar dichos recursos. Y las funciones de soporte estarán a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).

El beneficio por años cotizados que desembolsará el Seguro Social se comenzará a pagar luego de nueve meses de publicada la ley, y contempla que podrán acceder los pensionados de 65 años o más, a un monto de 0,1 UF por cada año que hayan cotizado, con un tope de 2,5 UF, es decir, 25 años cotizados. Eso sí, no todos recibirán este beneficio, ya que hay un requisito que exige un mínimo de 13 años cotizados para mujeres y 20 años para hombres. Además, este beneficio es transitorio: regirá para los actuales pensionados y “se aplicará íntegramente por los primeros 20 años, y de modo decreciente por los siguientes 10, momento en que dejarán de acceder nuevos beneficiarios”.

Por otro lado, la compensación por diferencias de expectativa de vida apunta a que las mujeres de 65 años o más tendrán derecho a una desembolso por parte del Seguro Social, para compensar la diferencia que exista con los hombres en su pensión producto de la mayor expectativa que tienen ellas. “Este beneficio debe resultar en que una mujer y un hombre que se jubilan a los 65 años con el mismo ahorro e igual grupo familiar obtengan la misma pensión, con un valor mínimo de 0,25 UF mensuales”, señala la minuta de Hacienda. Eso quiere decir que, como mínimo, las mujeres recibirán unos $10 mil mensuales con este mecanismo. Este beneficio se empezará a pagar después de nueve meses de publicada la ley.

Adicionalmente, la minuta de Hacienda detalla que “un proyecto de ley, que deberá ser ingresado dentro de los 90 días posteriores a la publicación de la reforma, regulará los ajustes operativos y regulatorios necesarios para el pleno traspaso del SIS al Seguro Social, la forma en que las administradoras transferirán los recursos que actualmente destinan al financiamiento de su operación, las mejoras al funcionamiento del seguro y normas que aseguren su sostenibilidad dentro del Seguro Social”.

El préstamo de 1,5% que darán los afiliados con cargo al empleador, dará lugar al llamado “Aporte con Rentabilidad Protegida”, el que es definido en las indicaciones como “un mecanismo de reconocimiento y resguardo de las cotizaciones de los trabajadores enteradas por su o sus empleadores”, el cual contará con una garantía del Estado.

Es una especie de bono de reconocimiento que emitirá el administrador del Fondo del Seguro Social, y que no será transable en el mercado.

Este aporte de 1,5% “dará origen a un bono de seguridad previsional el cual es un título que tendrá mérito ejecutivo, emitido en favor del afiliado, en reconocimiento de las cotizaciones enteradas por su o sus empleadores”, puntualizan las indicaciones. Estará expresado en UF, y devengará un interés igual a la tasa de interés de bonos de lago plazo de la Tesorería General de la República hasta el momento del retiro.

Cuando el afiliado que aportó esos recursos se jubile, ese bono será reemplazado por otro bono que sí será transable. Es “un bono con cupón mensual con una duración de 20 años, que será plenamente transable en el mercado secundario, y que se emitirá a una tasa fija equivalente a los BTU de plazo similar”, señala la minuta de Hacienda.

Agrega que “los dos bonos anteriores tendrán una garantía fiscal por el 100% de su valor. Dicha garantía será incorporada a los informes de contingentes del Gobierno Central”. Además, el aporte que hagan los empleadores “será consignado en las cartolas de los cotizantes y se deberán disponer los medios para que los cotizantes accedan a la información relativa a este aporte, sus intereses y reajustes”.

Si el trabajador que aportó su 1,5% fallece antes de pensionarse, y no existen beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el bono se pagará a los herederos.

Más allá de la cotización adicional y el Seguro Social que crea el proyecto, y sin considerar los variados cambios que también vienen respecto de la reorganización de la industria de las AFP, también hay otros temas que traen las indicaciones.

Se crea un seguro de lagunas previsionales mediante el Seguro de Cesantía; se establece un mecanismo simplificado de cotización para trabajadores por cuenta propia e independientes; y se centraliza el sistema de cobranza de cotizaciones previsionales en la Tesorería General de la República o una entidad privada seleccionada mediante licitación.

Por otro lado, se aumenta el valor de la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde los $224.004 en que estará el próximo 1 de febrero, a $250 mil mensuales. Este incremento será hecho de manera gradual y se incorporará a todos los beneficiarios en un plazo de 24 meses, contados a partir de seis meses de la entrada en vigor de la ley, dando prioridad a los pensionados y pensionadas de mayor edad.

También se rebaja el umbral para contratar una renta vitalicia a 2 UF, y se elimina la opción de tener ofertas externas realizadas fuera del Sistema de Consultas de Ofertas y Montos de Pensión (Scomp).