Sin Chile Vamos ni el Partido Republicano, el lunes último se instaló la mesa técnica que buscará sacar adelante la reforma previsional del gobierno. La instancia fue convocada precisamente por el Ejecutivo y tiene como objetivo llegar a acuerdos de cara a la discusión en particular de la iniciativa en la Comisión de Trabajo de la Cámara, para lo cual fijaron como cronograma sesionar por alrededor de un mes, de lunes a miércoles.

En la ocasión, el gobierno hizo una presentación a los diputados y técnicos que asistieron, donde mostraron dos diapositivas tituladas “espacio para perfeccionamiento”, en las cuales se abarcan siete temas específicos que dan luces sobre las materias en que se podrían introducir indicaciones por parte de la autoridad, en aras de lograr mayores consensos.

Estas siete materias en las que el Ejecutivo se abre a hacer cambios son las siguientes: “Administrador Previsional Autónomo (APA) y desintegración vertical de la industria”; “rol del Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) y competencia con Inversores de Pensiones Privados (IPP)”; “regulación y supervisión del sistema de pensiones”; “libertad de elección para los afiliados”; “distribución del 6% aportado por empleador”; “trabajadores independientes”; y “cobranza”.

Según señalaron, estos son los temas que han recogido de acuerdo a lo que identificaron de los comentarios que se han hecho anteriormente en las sesiones que se han realizado en la Comisión de Trabajo. Eso sí, de todas maneras el gobierno está abierto, además, a conversar modificaciones en otros puntos. Y así lo dejó claro la propia ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el mismo lunes tras finalizar la cita: “Estamos con toda la disposición al diálogo”, dijo. Y agregó que “nuestra voluntad es que aquí no hay temas ni que están excluidos de la discusión, ni que hay líneas rojas, pero sí hay que tener a la vista un objetivo muy importante, y es que tenemos 1,4 millones de personas jubiladas de las cuales tenemos que hacernos cargo, y también de las futuras generaciones de pensionados, con un foco especial en las mujeres”.

En paralelo, este jueves los diputados de Chile Vamos se volverán a reunir para avanzar en la propuesta previsional que están preparando. El diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, cuenta que tuvo una conversación con la ministra del Trabajo y quedaron de juntarse en los próximos días, “para tener, antes de una conversación técnica, una conversación política”.

Para entender mejor hacia dónde podrían apuntar los cambios en cada uno de los siete temas que planteó el gobierno a parlamentarios y técnicos, hay que ver el detalle de lo que dicen ambas diapositivas.

Sobre lo que se refiere al “APA y desintegración vertical de la industria”, la presentación del Ejecutivo señaló que en esta materia “se argumenta en contra de la centralización de las funciones de administración de cuentas en un organismo público continuador del actual Instituto de Previsión Social (IPS), y algunos lo proponen como si fuera la estatización del sistema”.

Respecto del segundo punto, del “rol del IPPA y competencia con IPP)”, la presentación del gobierno mostró que “entre los argumentos que se han levantado en contra de la institución pública de inversiones que competirá con los privados en la inversión de los fondos de las cuentas individuales, además de invertir los fondos del seguro social previsional, destacan aquellos relacionados con las ventajas generadas por la asignación por defecto de las nuevas cotizaciones, el potencial uso de fondos previsionales para financiar el gasto público o controlar empresas del sector privado, además de críticas a la conformación del Consejo Directivo del IPPA debido a la designación de parte de sus miembros por organizaciones de trabajadores y gremiales (CUT y CPC, respectivamente)”.

En tanto, sobre el tercer tema, de “regulación y supervisión del sistema de pensiones”, la diapositiva mencionó que acá “se argumenta que se puede fortalecer el gobierno corporativo de la Superintendencia de Pensiones, con el objeto de asegurar su independencia al fiscalizar al IPPA y el sistema de pensiones en general. Además, se plantea que no existe una instancia encargada de velar por el adecuado funcionamiento del sistema de pensiones como un todo, en términos de alcanzar los objetivos que persigue (suficiencia, cobertura, etc.)”.

En el cuarto espacio para perfeccionamiento que se establece, esto es, sobre la “libertad de elección para los afiliados”, se señaló que “entre los argumentos levantados en contra del proyecto de reforma, se plantea que esta reduce la libertad de elección de los afiliados toda vez que elimina los multifondos y crea fondos generacionales en que los afiliados están asignados por edad, además de dejar como única opción de pensión la renta vitalicia, a la que sin embargo no pueden acceder quienes no logren financiar una pensión de 3UF como mínimo (caso en el cual se les entrega el saldo ahorrado, en un periodo de cinco años)”.

La quinta materia es relativa a la distribución del 6% adicional de cotización. Acá la presentación dijo que “los argumentos en contra de la propuesta de llevar el 6% completo al Seguro Social Previsional, tienen que ver con: i) La existencia de cuentas nocionales cuyo registro no está 100% prefondeado, con lo cual los ahorros no son de propiedad de las personas. Además, se critica la diferencia entre la tasa de retorno efectiva y nocional de los fondos invertidos. ii) El hecho de que el Estado maneje ingentes recursos le da un poder excesivo y discrecional. iii) La ausencia de propiedad y heredabilidad de los ahorros”.

En el sexto tema, sobre los trabajadores independientes, la presentación detalló que “se ha señalado que la reforma generaría incentivos a la subcotización y a la informalidad”. Y el último punto, sobre la cobranza, habló de “fortalecer rol público en la cobranza de las cotizaciones atrasadas, vía SII y Tesorería”.