La semana pasada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó un documento de nueve páginas a los senadores de la Comisión de Trabajo, con una serie de “propuestas donde hay convergencia de opiniones”, según dice el informe que, entre otras cosas, propone que el 6% de cotización adicional con cargo al empleador se distribuya de una manera distinta a la que había planteado hasta ahora el gobierno.

En ese documento, hubo varios temas que el Ejecutivo recogió de las propuestas que hizo la mesa técnica que constituyó la Comisión de Trabajo del Senado, pero el Ejecutivo también incorporó, al menos, cuatro materias que esos mismos técnicos habían recomendado no abordar, o donde habían entregado una recomendación distinta, o temas en que no lograron consenso, por lo que a juicio de actores de Chile Vamos, en varias propuestas que hizo ahora el gobierno, realmente no hay convergencia de opiniones.

El primer punto es respecto del grupo objetivo al que el gobierno propuso subir las pensiones entre los actuales jubilados. Esto, porque el Ejecutivo planteó entregar una garantía transitoria equivalente a 0,1 UF por año cotizado a los actuales jubilados y quienes se vayan a retirar en los próximos 20 años, siempre y cuando tengan un mínimo de entre cinco y diez años cotizados, y con un máximo de 30 años.

En cambio, la mesa técnica recomendó “focalizar los beneficios en las personas que tienen más años de cotizaciones, quienes presentan las tasas de reemplazo más bajas”, y “abordar las bajas tasas de reemplazo de los quintiles cuatro y cinco”. En ese sentido, los expertos ligados a Chile Vamos señalan que, como requisito, cinco años de cotización es muy bajo, y que debería ser algo más cercano a 15 o 20 años de cotización.

De hecho, la economista y académica de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes, quien estuvo en la mesa técnica en representación de la UDI, comentó hace algunos días, cuando recién el gobierno entregó el documento, que “aquí los sectores que están rezagados son personas que han cotizado más de 20 años. A ellos hay que mejorarles las pensiones, mientras el gobierno insiste en su fórmula de mejorarle a todos, pese a que a partir de los cinco años cotizados esos grupos ya tienen tasas de reemplazo muy altas”.

El segundo punto donde a juicio de los expertos de Chile Vamos el gobierno no escuchó a la mesa técnica, es respecto a la división de la industria de AFP. Acá, en el documento que entregó el gobierno a los senadores, plantea “separar contable, administrativa y legalmente las funciones de administración de cuentas y gestión de inversiones que realizan las actuales AFP, de tal modo de que éstas puedan ser provistas por entidades distintas. Corresponderá a la administradora de fondos subcontratar los servicios propios de la administración de cuentas con uno o más proveedores externos”.

En cambio, el informe de la mesa técnica señaló que “la discusión en la Comisión no permitió llegar a consenso sobre la existencia de economías de escala en el componente de administración de cuentas en la industria de las AFP” y que “no hubo consenso en obligar la separación de funciones de las AFP en un administrador de cuentas y gestores de inversiones. Los comisionados recomiendan no promover este cambio, aunque algunos plantean que va a depender de los cambios en otros aspectos para fomentar la competencia en precios”.

En su último documento, el gobierno también insistió en aumentar el valor de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, “en el entendido que dicho monto se encuentra prudencialmente por sobre la línea de la pobreza, con lo que se responde al objetivo central de esta medida, cual es que no existan adultos mayores en situación de pobreza”. En todo caso, el informe agrega que igualmente se debe “fijar un período de carencia en que la PGU se reajuste sólo de acuerdo con el IPC, para estabilizar su valor previo a la actualización de este, en plazos predeterminados y sobre la base de criterios objetivos”.

Allí también el gobierno planteó que se establezca “un procedimiento robusto para eventuales futuros reajustes del beneficio, para que, por ejemplo el Consejo Consultivo Previsional y el Consejo Fiscal Autónomo evalúen tanto la suficiencia, impactos en mercado del trabajo e implicancias fiscales de futuros aumentos del monto de la PGU, emitiendo una opinión fundada para la consideración de los ministros de Hacienda y Trabajo”.

La mesa técnica, en cambio, sugirió “anclar la PGU a la línea de la pobreza y dotar su reajuste de una institucionalidad apropiada que evalúe tanto la suficiencia como sus implicancias fiscales, emitiendo una opinión fundada, no vinculante para la consideración de los ministros de Hacienda y Trabajo”. En ese contexto, sostuvo, “no hay consenso en el aumento de la PGU a $250 mil, pues este reajuste lleva la PGU por sobre la actual línea de la pobreza. Algunos comisionados creen que esta cifra es inconsistente con el acuerdo de anclar el valor de PGU a la línea de la pobreza. Otros consideran que sí lo es considerando un margen prudencial de 10% respecto del valor actual de la línea de pobreza, ya que esta aumenta todos los meses y, de no ser así rápidamente el valor quedaría desactualizado, incluso durante el mismo periodo de la tramitación del proyecto”.

El informe de la mesa técnica sostuvo que la reforma previsional del gobierno propone que exista un componente intrageneracional que “contempla que la cotización de cada mes que se destina a la cuenta individual del afiliado sea por el 70% de su ingreso y por un 30% del ingreso promedio de los cotizantes de ese mes. Por lo tanto, un afiliado que gana menos que el salario promedio recibiría más en su cuenta individual respecto al caso que no hubiera intra, mientras que un afiliado que gana más que el salario promedio, recibiría una cotización menor a la que recibiría si no hubiera intra”.

Pero el informe de los técnicos también reveló que “no hubo acuerdo respecto al beneficio dentro de una misma generación (intrageneracional) en los términos en que está diseñado en el proyecto”.

Asimismo, el gobierno en el informe que presentó a los senadores habla de “agregar mecanismos de redistribución intrageneracional a la cotización de cargo del empleador con objeto de compensar el efecto de las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres, y las consecuencias que genera el subempleo en estas últimas debido a la carga cultural de las labores de cuidado, aspectos que impactan sobre las pensiones futuras”.