El Ejecutivo espera que la reforma previsional se vote en general este miércoles 25 de enero en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya cuenta con los votos para que se apruebe la idea de legislar, sin embargo, hasta ahora no habría unanimidad.
Es en este contexto que el diputado Alberto Undurraga (DC) junto al diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD), realizó una minuta en base a conversaciones previas que sostuvieron con diputados RN y UDI, para ver si se puede llegar a un acuerdo más general entre el gobierno y Chile Vamos antes de la votación de la idea de legislar.
Dicha minuta que distribuyó durante la semana pasada, a la cual Pulso tuvo acceso, habla de un “marco de acuerdo para la reforma de pensiones”, y está siendo analizada por el gobierno para ver si finalmente la suscriben o no.
El documento, que en realidad por ahora es un borrador, por lo que podría sufrir cambios, dice que “el gobierno y los partidos y parlamentarios representados en este documento manifiestan su convicción de mejorar las pensiones en Chile, tanto para los actuales pensionados como para el futuro, y acuerdan iniciar una mesa de trabajo con el propósito de lograr un acuerdo que permita aprobar la reforma de pensiones que se encuentra en discusión en el Congreso”.
Entre otras cosas, también menciona que “los firmantes reconocen que hay visiones distintas respecto a cómo enfrentar una reforma de pensiones, todas legítimas, y reconociendo ello, acordamos incluir los siguientes tópicos en la mesa de trabajo que hoy se inicia, con el propósito de lograr el acuerdo”.
A continuación se mencionan siete grandes temas a tratar en la mesa de trabajo, y afirma que “respecto a los resultados de esta mesa de trabajo, el propósito es acordar cada una de estas materias antes del 31 de marzo y a partir de ello construir indicaciones en conjunto que presentará el Ejecutivo y así facilitar la votación en particular del proyecto. En caso que en alguna de estas materias no se logre el acuerdo, se votará la propuesta del Ejecutivo”.
Como primer punto, se habla de “acordar objetivos de política pública respecto de tasas de reemplazo, generales, por quintil y con especificidad por género, así como acordar criterios de suficiencia en las pensiones para a partir de ello definir los instrumentos específicos y la dimensión de éstos”.
En segundo lugar, menciona que hay que “definir la dimensión del Seguro Social en función de los objetivos de tasas de reemplazo y criterios de suficiencia que se definan anteriormente. Ello significa que puede ser el 100% de lo propuesto por el gobierno o una fracción de ello, en función de los objetivos que se acuerden conforme al punto 1″.
En tercer lugar, la minuta plantea que “la eventual diferencia entre la mayor cotización de parte de los empleadores y lo necesario para el Seguro Social –en caso de existir– iría a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores y trabajadoras”.
El cuarto punto habla “respecto de la separación de la industria”, y dice que “es importante lograr un acuerdo que permita” tres cosas. Estas son: “eficiencia en las funciones de soporte y administración, por lo que se evaluará la pertinencia de que las distintas funciones y procesos sean licitados, en condiciones de competencia”.
Así como “libre elección y competencia pareja entre todos los gestores de inversión” y por último, señala que “en caso de que exista un gestor de inversiones público, las condiciones de funcionamiento de éste deben ser en igualdad de condiciones respecto de los gestores privados. Especial importancia tendrá su naturaleza jurídica y tributaria, los mecanismos de default y todo otro aspecto que sean necesario para garantizar competencia e igualdad de condiciones con los gestores privados”.
El quinto tópico es “respecto de la institucionalidad general del sistema de pensiones”, donde “se garantizará que tenga independencia del poder político, visión de largo plazo y capacidad técnica, de manera de garantizar la buena gestión de las pensiones, la transparencia y el resguardo de los fondos de los trabajadores y del seguro social”.
El sexto punto abarca tres temas distintos: “Se abordará un mecanismo para garantizar que no haya doble cobro a los afiliados por el cambio de sistema de pensiones; se evaluarán alternativas diferenciadas para la PGU; y se evaluarán formas alternativas a las rentas vitalicias planteadas en el proyecto”.
El séptimo y último tema se refiere a la técnica legislativa, donde plantea que “se hará un análisis comparado en detalle del DL 3.500 actualmente vigente y la propuesta del Ejecutivo, dado que buena parte de éste se reproduce íntegramente en el proyecto, y es necesario analizar los cambios efectivos”.
