Regular grupos negociadores: el primer punto de acuerdo entre los grandes empresarios y las multisindicales

A fines de septiembre, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) convocó a las multisindicales del país a una mesa de trabajo, con el objetivo de generar acuerdos y propuestas, ante el anuncio del gobierno de modificar la reforma laboral que se impulsó en la administración de la expresidenta Michelle Bachelet.

Así esta mesa, que se aproxima a su quinta reunión, se encuentra compuesta por la CPC, la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Central de Trabajadores de Chile (CTCh). Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se excluyó de participar.

Durante su último encuentro, la instancia ya comenzó a cerrar criterios generales, que deberían ser sellados en una firma de acuerdo.

Así por lo menos lo confirman fuentes del proceso, las que han señalado que ya existen consensos en la necesidad de regular los grupos negociadores (se crean paralelo a los sindicatos para negociar), sobre todo luego que el Tribunal Constitucional (TC) señalara que la negociación colectiva era un derecho de los trabajadores y no solo de los sindicatos; lo que ha causado diferencias de interpretación de la norma actual y fallos contradictorios en tribunales.

En este contexto, habría 13 puntos consensuados para regular este asunto. El principal, es que se considere los grupos negociadores, siempre y cuando en la empresa exista una tasa de sindicalización menor al 51%. De cumplir con ese porcentaje de afiliación, el sindicato representaría a todos los trabajadores en las negociaciones colectivas con el empleador.

De existir una afiliación menor al 51% o no existan sindicatos, podrían constituirse grupos negociadores, pero solo uno por empresa, el cual debería contar con un quórum mínimo para su constitución (8 trabajadores).

De acuerdo con las fuentes del proceso, también está ampliamente acordado que la constitución de estos grupos debería ser ante un ministro de fe. Asimismo, los trabajadores con contratos colectivos vigentes no podrían ser parte del grupo negociador.

En base a los criterios generales acordados entre la CPC y las multisindicales antes mencionadas, estos grupos no podrían tener permanencia en el tiempo no tendrían derecho a fuero y mucho menos de huelga, pues existe acuerdo entre las partes que esos deben ser derechos exclusivos del sindicato.

Otro de los puntos donde habría acuerdo es que estos grupos negociadores no podrían negociar con empleador 60 días antes o 60 días después de realizada la negociación colectiva con el sindicato.

Al mismo tiempo, los grupos negociadores no podrían tener acceso a la información financiera de la empresa.

"Hasta ahora hay acuerdo en titulares, pero no respecto a todas las materias que estamos conversando, por lo que ahora solo existe consenso en criterios generales, aún falta camino por recorrer para un acuerdo final y definitivo", señaló una fuente participante de la mesa CPC- multisindicales.

Efectivamente, esta mesa de trabajo contempla la discusión, análisis y la posibilidad de llegar a consensos en otras materias vinculadas con la reforma laboral como son la extensión de beneficios, derecho a huelga y servicios mínimos, entre otros.

Con todo esto, se reeditaría el acuerdo de voluntades firmado por la CPC y CUT en 2012, cuando Arturo Martínez (hoy líder de la CTCh) era el presidente de la multisindical más representativa del país, la cual en esta oportunidad prefirió marginarse de esta mesa de trabajo.

Actualmente la CUT representa cerca del 70% de los trabajadores sindicalizados del país, de acuerdo a la última votación del gremio (710 mil aproximadamente).

El porcentaje restante estaría distribuido en las 3 multisindicales que hoy se encuentran trabajando con la CPC o simplemente no están asociados a estas entidades.

De todas maneras, el acuerdo que podría alcanzar el empresariado y las multisindicales participantes sería histórico, pues se trata de una mesa transversal que además por primera vez analiza y busca consensuar materias relacionadas con contratos colectivos, las que esperan puedan ser consideradas por las autoridades de gobierno.