La polémica suspensión del proyecto Central de Bombeo Paposo de Colbún por US$1.400 millones no dejó a nadie indiferente. Y es que la innovadora iniciativa había sufrido un duro golpe en su tramitación ambiental, primero al recibir una resolución de término anticipado a mediados de agosto por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta, y luego al ver rechazado su recurso de reposición ante la misma autoridad administrativa, un mes más tarde. Sin embargo, las aguas al interior del Ejecutivo se agitaron durante las últimas jornadas en búsqueda de explicaciones por lo sucedido.
Y con el correr de las horas, se adoptaron decisiones. Así, durante la tarde de este miércoles, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) nacional, Valentina Durán, decidió remover de su cargo al principal protagonista del caso: el director regional del SEA de Antofagasta, Ramón Guajardo Perines.
El químico, titulado en la Universidad de Chile, ejercía el cargo desde junio de 2019. En su currículum, además de contar con más de 30 años de experiencia profesional, sobre todo en la minería -llegó a ser gerente de prevención de riesgo en Minera Zaldívar, donde cumplió distintos roles entre 2003 y 2014-, también destaca su diplomado en Toxicología Ambiental que cursó en la misma Casa de Bello.
En una breve declaración pública el SEA indicó: “El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), informa que su directora ejecutiva, Valentina Durán, le ha solicitado la renuncia no voluntaria al director regional del SEA Antofagasta, Ramón Guajardo Perines, la que se hará efectiva a partir del próximo 30 de septiembre de 2024. El SEA agradece el trabajo desempeñado por Ramón Guajardo durante estos años”.
Contactado por Pulso, Guajardo declinó realizar declaraciones respecto a su abrupta salida del cargo. En tanto, desde Colbún comentaron que la situación no modifica su decisión de mantener en suspensión el proyecto Paposo.
Fuentes de gobierno confirmaron que había molestia en diversas carteras por el episodio de Paposo. Tanto en el Ministerio de Economía como en el de Energía, además del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), no veían con buenos ojos lo ocurrido con la Central de Bombeo Paposo, y hubo varias conversaciones internas para averiguar qué había pasado en el SEA regional. Sin embargo, otras fuentes se encargaron de aclarar que la decisión del SEA fue adoptada de manera autónoma.
De todos modos, de acuerdo a la ley que lo regula, el SEA es un “servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente”.
El corto andar del proyecto
El proyecto de Colbún tuvo un corto andar en su trámite ambiental. Ingresó el 10 de junio y cuatro días más tarde recibió la resolución de admisibilidad favorable.
Sin embargo, el mismo servicio regional le puso término anticipado a la iniciativa acusando que Colbún, titular del proyecto, había omitido a dos comunidades indígenas, identificadas como “Comunidad Changa Estrella recolectores de La Playita” y “Comunidad Indígena Pabla Almendares de Peralito, Salitre y Paposo”, respectivamente. Ambas, aseguraba la resolución del pasado 12 de agosto, utilizaban uso del territorio mediante la recolección de recursos marinos, lo cual constituye “su principal fuente de ingresos económicos”.
Sin embargo, desde Colbún refutaron los argumentos esgrimidos por la entonces la autoridad ambiental regional, afirmando que las dos comunidades señaladas correspondían a organizaciones “aún no reconocidas por Conadi”.
Además, Colbún sostuvo que sí desarrolló un trabajo de relacionamiento temprano desde julio de 2022 con comunidades de la zona, que les permitió tener reuniones con dos de las cuatro comunidades indígenas reconocidas por la Conadi en la zona.
Por eso, tras el rechazo al recurso de reposición con el cual buscaban insistir con la iniciativa, lamentaron la decisión, enfatizando en que “el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Central de Bombeo Paposo sí contiene la información relevante y esencial para una adecuada ponderación de sus impactos ambientales”.
“Colbún mantiene que no existían brechas de información que no pudieran ser debidamente subsanadas mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones dentro del mismo proceso de evaluación del EIA, tal como lo contempla la legislación vigente y, además, como ha sido la misma práctica del SEIA”, señalaron en una declaración el martes.