Un total de 139 requerimientos de información del Ministerio Público sobre 1.440 personas indagadas en causas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo (LA/FT). Ese es el total de consultas que realizó la Fiscalía en el primer semestre de este año a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y que dicho organismo respondió, según se desprende de la serie estadística de la entidad con cifras a junio de 2024.

Eso significa que el número de consultas que hizo el Ministerio Público subió un 93% respecto a igual periodo de 2023, mientras que la cantidad de investigados involucrados en dichos requerimientos aumentó en un 130,4%.

Estas consultas de información ocurren porque el artículo 2 de la Ley N°19.913 establece que la Fiscalía puede requerir a la UAF los antecedentes que estén en su poder y que sean necesarios para las investigaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que se hayan iniciado de oficio, por denuncia o por querella, cualquiera sea la fase en que se encuentren.

Desde la UAF explican que “la comunicación de ello, según el protocolo establecido, se realizó a través de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociado (ULDDECO), a la cual la UAF también le envió 29 informes y complementos de Informes de Inteligencia Financiera (-23,7% anual) con casos procesados operativa y estratégicamente tras analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos de los sujetos obligados (55 actividades económicas, además de los sectores público y municipal)”. Además, la entidad destaca que “recibidos los Informes de la UAF, la Fiscalía los vincula con un RUC (Rol Único de Causa), lo que da inicio a una investigación penal por LA/FT (o agrega información a una ya vigente), lo que incluye métodos policiales intrusivos y encubiertos”.

Actualmente, en el Congreso se están discutiendo proyectos de ley donde se busca flexibilizar el levantamiento del secreto bancario por parte de distintos organismos; uno de ellos busca permitir a la UAF requerir el levantamiento del secreto bancario sin la necesidad de pasar por un tribunal.

Durante el primer semestre de 2024, la UAF recibió 7.650 ROS, esto es un incremento del 32,7% versus igual lapso de 2023. De ese total, 4.695 fueron enviados por los bancos, un alza del 47,9%. En tanto, las emisoras y operadoras de tarjetas de crédito y de prepago u otro similar enviaron 562 reportes de este tipo, un alza del 104%. Las corredoras de bolsa de valores enviaron 442 ROS a la UAF, un aumento del 23%. Las cajas de compensación enviaron 373, un alza del 41%. En tanto, las AFP hicieron 325 reportes, una baja del 41%.

“Las instituciones públicas y municipales, que desde febrero de 2015 están habilitadas para reportar operaciones sospechosas a la UAF, enviaron 62 ROS en el periodo”, destaca la UAF. Esto se compara con los 55 reportes del primer semestre de 2023, es decir, hubo un incremento del 12,7% a junio de este año.

Una vez recibidos estos reportes, y luego de aplicar procesos de inteligencia a los ROS, la UAF detectó señales con indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 1.064 reportes, esto es más del triple que lo registrado en el total del año 2023, y significa un incremento del 488% con respecto a los 181 reportes con este tipo de indicios que hubo a junio del año pasado.

De ese total de ROS donde la UAF detectó indicios de LA/FT en el primer semestre de 2024, 731 fueron remitidos por los bancos, 101 por otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera, 79 por las emisoras y operadoras de tarjetas, 45 por casinos de juego, y 32 por corredores de bolsas.

“La tendencia creciente de los reportes ROS es coherente con el aumento progresivo del total de personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF (8.892 al 30 de junio de 2024) y la mejor comprensión de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y de los riesgos a dichos delitos. En ello han influido las acciones de capacitación (presencial, híbrida y cursos e-learning) y de fiscalización (en terreno y remotas) de la UAF, que permiten dirigir y supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales”, asegura la UAF.

Sobre esto último, el organismo puntualiza que en el primer semestre “la UAF realizó 62 fiscalizaciones, once de las cuales fueron a casas de cambio, ocho a empresas de transferencia de dinero y ocho a aquellas dedicadas a la gestión inmobiliaria. En el lapso, la UAF inició 39 procesos administrativos sancionatorios, por incumplimientos de la Ley N°19.913 y de las Circulares UAF”.