Reportes de la UAF al Ministerio Público por investigaciones de lavado de activos subieron 114% en 2023

En medio de un nuevo intento del gobierno por cerrar los espacios del crimen organizado a través de su tercer plan de acción para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez, aterriza las iniciativas clave de la estrategia y transmite su inquietud por las señales de aumento en los niveles de corrupción en el país.

La cabeza del servicio dedicado a la prevención y la inteligencia financiera revela que durante el año pasado el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviados a la UAF por los sujetos obligados llegó a un récord y superó los 12 mil.

“Hay razones multifactoriales en este aumento. Hay un crecimiento en el número de sujetos obligados, del sector automotor, de los clubes de tiro, de caza... También hay una acción de fiscalización, de acompañamiento, de capacitación, que permite más conocimiento a los sujetos obligados”, sostiene Pavez, quien precisa que el alza de reportes también podría atribuirse a factores “reactivos”, dada el alza de casos de corrupción conocidos recientemente en diferentes ámbitos.

“Uno de los factores que explica también el aumento del número de reportes es que los sujetos obligados entienden que no están denunciando (...) Cuando el sujeto obligado reporta una operación, como el nombre lo indica, está diciendo que es algo inusual. No está enviando una denuncia penal. No está diciendo que aquí hubo un delito”, explica el director de la UAF.

Otro balance clave para el organismo durante el 2023 fue el explosivo incremento de los requerimientos a la UAF desde el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones de la Fiscalía por temas de narcotráfico, crimen organizado y corrupción, entre otros. De hecho, el año pasado el ente persecutor solicitó a la UAF reportes de operaciones sospechosas relativas a las indagaciones sobre el “caso Democracia Viva”.

Pavez detalla que el número de reportes del organismo que dirige hacia el Ministerio Público creció 114% el año pasado. “Ha habido un aumento explosivo en el número de requerimientos que la Fiscalía pide a la UAF, además de los informes de inteligencia que mandamos. El Ministerio Público está permanentemente preguntando”, precisa Pavez.

Sin embargo, el director de la UAF aclara también que su institución “no hace investigaciones penales, las investigaciones las hace el Ministerio Público. Nosotros hacemos inteligencia financiera para efectos de detección de operaciones que estén relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y eso ha demostrado ser muy útil”.

A principios de este año el gobierno lanzó una nueva herramienta de lucha contra el crimen organizado, donde la UAF es un actor relevante. Se trata del tercer plan de acción de la estrategia nacional para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El plan, que se tradujo en un documento elaborado por 29 instituciones públicas, permitirá enfrentar actos ilícitos por medio de 55 compromisos que se desarrollarán hasta el 2027, a través de siete líneas de trabajo: actualización legislativa, fortalecimiento de la persecución penal, identificación y evaluación de riesgos, supervisión y regulación interinstitucional coordinada, intercambio de información financiera, capacitación y cooperación nacional e internacional.

“La gracia que ha tenido este trabajo es que visibiliza y permite entender mejor cuál es el rol que tiene cada uno. Nosotros tenemos un rol importante y que responde a la razón de ser de la UAF, que es hacer inteligencia financiera o todo lo que tiene que ver con los procesos de prevención y detección (...) Hay varias de esas medidas que ya se están trabajando e implementando, tanto en el diagnóstico como en las soluciones. Por ejemplo, intercambio de información”, plantea Pavez.

El director de la UAF indica que varias de las medidas requieren de cambios que están contenidos en el proyecto de ley de Inteligencia Económica enviado el año pasado al Congreso. El texto busca fortalecer el ecosistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, y entrega mayores facultades intrusivas y sancionatorias.

La iniciativa avanza en la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y del Servicio de Impuestos Internos (SII), y regula su coordinación con la UAF y el sistema de inteligencia del Estado. También busca hacer la trazabilidad de los movimientos del dinero asociados a delitos con herramientas como el levantamiento del secreto bancario bajo reglas especiales, entre otros.

En este contexto, Pavez destaca la implementación de programas de pasantía por parte de la UAF para funcionarios de Aduanas, el SII y Tesorería, cuyo fin es el aprendizaje de los procesos de inteligencia financiera.

Además, el proyecto de Inteligencia Económica también incorporará novedades para los procesos de traspaso de información desde las municipalidades, uno de los grandes focos de corrupción a nivel estatal, hacia la UAF.

Debido a deficiencias de la actual legislación, las municipalidades no están obligadas a registrarse ante la UAF, por lo que muchas no están en condiciones de informar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus funciones. Actualmente, de 325 municipios que hay a lo largo del país, solo 75 están registrados ante la UAF.

“En este tema estamos avanzando por la vía legal con el proyecto de Inteligencia Económica. Las municipalidades, como todo organismo público, deberán registrarse obligatoriamente, lo que significa establecer un sistema de cumplimiento, con responsables, con recursos...”, enfatiza Carlos Pavez.

Paralelamente, sin embargo, la UAF sigue trabajando en un programa de capacitación y “concientización” para relevar la importancia de que las municipalidades se integren a este proceso de entrega de información preventiva anticorrupción.

Con todo, el director del organismo reconoce la existencia de mayores señales de corrupción en el país.

“El tema de la corrupción ha ido ganando terreno, ha ido mostrando que ese componente es relevante desde el punto de vista de la presencia de la criminalidad acá y, obviamente, la corrupción tiene una relación muy directa con el crimen organizado también. Es más, hay componentes o conductas asociadas a dos delitos que son considerados y reconocidos como de riesgo alto de lavado activos en Chile hoy en día. Uno tiene que ver con el narcotráfico, el contrabando y las asociaciones ilícitas. El segundo tiene que ver con la corrupción”, concluye el director de la UAF.