Cuando la semana pasada las AFP vieron que el proyecto para retirar el 10% de los fondos de pensiones iba a ser aprobado en la Sala de la Cámara de Diputados, entendieron que la iniciativa se volvía imparable. Desde entonces, se están preparando para hacer transferencias por hasta US$20.000 millones, a 11 millones de afiliados, en un máximo de 40 días hábiles, en caso que todos pidan sus recursos de inmediato.
Es por esto que el foco lo han puesto en dos temas principales. Por un lado, la parte operativa, reforzando los sistemas para tener la capacidad de atender a millones de personas al mismo tiempo, tanto en los sitios web, call center, y también en el modo en que se ejecutarán los pagos. Por otro lado, están viendo cómo se liquidarán los activos, para lo cual, ya están viendo dónde realizarán las ventas, y están generando más liquidez para estar preparados.
Tienen claro que la mayor venta de activos será en el extranjero, para no afectar significativamente al mercado local, lo que generará que su asset allocation no será el óptimo cuando termine el proceso, pero luego tendrán que reacomodar los portafolios.
De todas maneras, tendrán que liquidar activos en el país. Es por esto que ya están conversando con distintos actores del mercado, así como con los reguladores, para generar fórmulas que permitan mitigar este potencial impacto. Es más, tras las modificaciones que hicieron los senadores de la Comisión de Constitución, el nivel de activos que tendrán que vender las AFP en los primeros diez días aumentó de forma significativa, ascendiendo a unos US$15.287 millones (6% del PIB), versus los hasta US$9.103 millones (3,5% del PIB) que se habrían liquidado según planteaba inicialmente el proyecto, revelan cálculos de Ciedess.
Esto, porque en un principio la propuesta establecía que las transferencias eran en montos iguales (50% del retiro en los primeros diez días, y la otra mitad en los 30 días siguientes), pero los senadores definieron que en la primera etapa serán hasta UF75, y en la segunda etapa hasta el mismo monto.
Esta indicación que se aprobó, “en la práctica lo que hace es acelerar el retiro de fondos, concentrando el 84% del total del retiro en la primera cuota (a diferencia del proyecto original, que establece 2 cuotas iguales). Esto implicará una mayor exigencia de liquidez sobre los instrumentos, generando una mayor presión a la baja en la valoración de los fondos”, explica el gerente general de Ciedess, Rodrigo Gutiérrez.
Para mitigar los riesgos de liquidez, una de las fórmulas que ya ha sido conversada entre el Banco Central (BC), las AFP, y los mismos bancos, es la posibilidad de que las administradoras puedan hacer operaciones repo con los bancos con bonos corporativos y de Tesorería, ya que actualmente el BC no tiene la facultad para hacerlo directamente con las AFP. De esta manera, los bancos con esos papeles podrán requerir la facilidad de liquidez que dispuso el BC para ellos en esta crisis, y usarlo como una operación de prenda, comentan conocedores de las tratativas.
Esto probablemente requeriría cambios normativos tanto del compendio de normas financieras del BC, para explicitar que se incluye las operaciones repo dentro de los mecanismos elegibles por las AFP; como de la Superintendencia de Pensiones. Tampoco hay claridad respecto de si esto implicaría hacer cambios en el DL 3.500, ya que éste prohibe que las AFP se endeuden, y si bien hay quienes creen que las repo no son un instrumento de deuda, sino de retrocompra, otros creen que sí lo son. Eso es algo se estaría clarificando. De todas maneras, es solo una de las fórmulas que se barajan como mecanismos de soporte para el mercado.
Por otro lado, cuando se trata de los papeles bancarios y del BC que tendrían que vender las AFP, el tema ya está más cubierto producto del programa de compra de activos por hasta US$8.000 millones que anunció el instituto emisor en junio, ya que se realiza utilizando el mecanismo de ventanilla abierta a los participantes del Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA).
Por su parte, la Superintendencia de Pensiones ha estado en coordinación con el BC y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para ver los posibles efectos que podría haber en el mercado. El regulador de las AFP también se ha reunido con los máximos ejecutivos de las administradoras, para ver de qué forma se están preparando, y las trabas que han encontrado para hacer frente a todos los pagos que se requerirían.
La Superintendencia usará todos estos insumos para poder generar una norma en consulta, donde haya lineamientos sobre límites de inversiones, temas operativos, adecuaciones, y modificaciones a algunas normas.
De todas maneras, lo que más preocupa a las AFP y la Superintendencia, no es la venta de activos, sino más bien, la parte operativa para concretar las transacciones sin errores, comentan fuentes conocedoras. Desde las administradoras advierten que ahí es donde están haciendo el mayor trabajo, y ya están invirtiendo dinero para mejorar sus sistemas, ya que, señalan, el riesgo reputacional de no ser capaz de realizar con éxito todo este proceso, es muy grande.
Consultados al respecto, desde la Superintendencia de Pensiones, Comisión para el Mercado Financiero y Banco Central, declinaron hacer comentarios.