Una intensa jornada de negociaciones se desarrolló en el Senado este martes. Por un lado, el gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su subsecretaria, Heidi Berner; y por el otro, los senadores de RN, Rodrigo Galilea y Rafael Prohens, y sus pares de la UDI, Juan Antonio Coloma y Javier Macaya, como representantes de la oposición. Las conversaciones buscaban acercar posiciones respecto a la propuesta presentada por el Ejecutivo en sus indicaciones ingresadas el lunes, en el marco del proyecto que establece el royalty minero, de una carga máxima tributaria de 48% para las empresas afectas al pago.

Sin embargo, las tratativas no consiguieron su cometido, ante lo cual las partes acordaron extender las conversaciones por al menos por dos semanas más.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), presidente de la Comisión de Hacienda, donde está la iniciativa, si bien enfatizó en “el esfuerzo que se está haciendo, en particular desde el gobierno, para acercar posiciones con la oposición”, explicó que “muy probablemente tengamos que tramitarlo (el proyecto) en las próximas dos semanas, o eventualmente con posterioridad a la semana distrital”, programada para la primera semana de mayo. Con ello, la iniciativa se votaría ya con posterioridad a las elecciones constitucionales del próximo 7 de mayo.

La jornada de negociaciones comenzó a primera hora en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Hasta allí llegó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, quien comentó con los asistentes la nueva fórmula ingresada vía indicaciones.

Berner remarcó que en la sesión del martes pasado “lo que se conversó era de un 50%”, y que luego de las conversaciones realizadas en la última semana, confiaban en que “hay voluntades para acercarnos a un acuerdo”, y por ello la indicación ingresada durante la noche de este lunes contempla una cifra menor, de 48%.

La subsecretaria también reconoció la “necesidad de que esta carga impositiva que se da con el royalty, no genere los incentivos incorrectos”. Ante ello, detalló que las indicaciones también proponen incentivos a la expansión de proyectos mineros. Para ello, el Ejecutivo propone que las tasas impositivas queden sujetas al promedio de producción de los últimos seis años.

Así, un pequeño productor que amplíe su capacidad por sobre las 12 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF), quedaría exento del pago de impuesto por hasta seis años, mientras un productor mediano, que sobrepase las 50 mil TMCF, mantendrá en ese mismo plazo el pago del ad valorem entre 0% y 2%.

A su turno, Marcel explicó que dichos puntos, sumados a la depreciación incorporada al margen operacional minero y los gastos de puesta en marcha, que ya forman parte del proyecto, permiten que, en conjunto, “la combinación de esos elementos hacen que la rentabilidad de un proyecto de inversión aumente de manera importante”

Las indicaciones también buscan hacer un gesto a los parlamentarios de regiones. Por eso, proponen ampliar que el aporte directo del royalty a las comunas mineras se extienda por un período de 10 años, desde los tres años que establecía previamente el proyecto. En esa línea, la senadora de RN, Paulina Núñez, asistió a la sesión para plantear la necesidad de “que se busque una fórmula” para priorizar recursos a las comunas y regiones mineras.

Otro de los puntos que acaparó la discusión fue si acaso el impuesto ad valorem sería considerado expresamente como gasto para la determinación de la rentabilidad operacional de las grandes mineras, sobre el cual operará la carga máxima tributaria. En ello, pese a la explicación que entregó el coordinador tributario de Hacienda, Diego Riquelme, sobre cómo operan los impuestos considerados como gastos deducibles, los senadores José García Ruminot y Ximena Rincón apuntaron a la necesidad de consignar dicho criterio “expresamente, para que no haya dudas al respecto ”, dijo la exmilitante DC.

Pese a que la sesión iba a ser retomada durante la tarde, a partir de las 15:00 horas fue suspendida para permitir el avance de las negociaciones, aunque sin éxito.

La industria minera ha seguido con atención este debate. Durante este martes, diversos actores remarcaron su llamado a que el país no se vuelva menos competitivo en el concierto minero internacional.

Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) su presidente (s), Cristián Argandoña, dijo que la propuesta de Hacienda “aún es alta y aumentará el riesgo de perder flujos de inversión y de continuar perdiendo competitividad”. En los cálculos del gremio minero, la carga tributaria en nuestro país hoy es de 38% y aunque Argandoña reconoció que “hay espacio para llevarla a rangos mayores”, planteó la necesidad de que “no superen el 43%”.

“Pretender porcentajes superiores a ese, destruirá valor y la medida, finalmente, irá en contra del recaudador, ya que habrá menos actividad y por ende menos recursos”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de BHP Americas, Rag Udd, llamó a lograr un amplio acuerdo público-privado para habilitar nuevas inversiones de largo plazo en el sector minero en Chile.

“Sabemos que la industria minera puede contribuir aún más al desarrollo sostenible del país y estamos dispuestos a hacerlo”, manifestó Udd en el marco de la Conferencia Mundial del Cobre, realizada en Santiago. Agregó que “el nivel propuesto de royalty dejaría a Chile en una posición poco competitiva frente a otras jurisdicciones en las que BHP opera”.

En sus palabras, Udd también abordó la necesidad de generar “un ambiente proinversión” en el país, especialmente ante el tiempo que toma a los titulares conseguir los permisos para desarrollar proyectos mineros.

Más tarde, y en diálogo con periodistas, Udd fue aún más enfático. “BHP tiene muchas opciones en commodities en los países en los que operamos, el hecho es que, si bien existen algunos desafíos en términos del clima de inversión en Chile en este momento, nos gustaría desesperadamente resolverlos para ayudar a encontrar un clima en el que podamos continuar invirtiendo aquí”, dijo.