Cuando un banco entrega un crédito, tiene la información disponible de todos los préstamos que mantiene esa persona en otra entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), es decir, principalmente de todos los bancos y cooperativas bajo supervisión del regulador.

Y dependiendo de la carga financiera y el perfil de cumplimiento de cada deudor, la entidad financiera decide otorgar o no un préstamo en base a la información que tiene disponible.

Hoy, esa información demora más de un mes en ser actualizada por los bancos, por lo que existe un punto ciego, ya que las entidades no tienen los datos disponibles si es que las personas deciden tomar varios créditos en un mismo mes en distintas entidades.

Y, de hecho, es una práctica habitual en un segmento acotado de la población, principalmente en personas que quieren tomar distintos créditos hipotecarios a modo de inversión. Pero en realidad aplica para todos los préstamos.

Pero eso está por cambiar: la CMF puso en consulta una normativa la semana pasada que cambia la periodicidad de envío de información requerida para el informe de deuda.

Hoy el desfase en los datos que tienen los bancos ocurre porque el reporte de deuda es exigido a los fiscalizados con frecuencia mensual y estos tienen un plazo de 7 días hábiles para su envío. Ahora esas cifras se reducirán a una frecuencia semanal, y un día hábil para su envío.

La CMF explicó en su informe normativo que “los cambios propuestos significarían una reducción en el rezago de la información de un 72%, pasando de 50 días corridos a 14″.

Con todo, el BC advirtió en el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) de 2019 que en 2018 el 14,85% de los hogares posee dos propiedades y el 9,11% tres.

Adicionalmente, el IEF de ese año indicó que poco más del 50% de las propiedades de la Región Metropolitana que se utilizan como inversión están asociadas a inversionistas minoristas (IM) pertenecientes a los dos deciles de mayor ingreso, mientras que el 30% de los IM pertenecen a los deciles 6 a 8, y un poco menos del 20% reportan ingresos menores a la mediana.

Son estos últimos grupos los que podrían generar problemas al sector financiero, según advirtió en esa época el BC. Allí la entidad dijo que existe un riesgo relevante de que existan “shocks que generen caídas de precios de vivienda o aumentos en la tasa de vacancia de las viviendas arrendadas”, eventos que “afectarían de forma importante a los hogares que manejan propiedades con motivos de inversión, sobre todo aquellos apalancados con deuda hipotecaria y que tienen una carga financiera mayor y/o que dependen más de los ingresos por arriendo”.

Si bien la situación no representa hoy una vulnerabilidad, el Banco Central dijo en 2019 que la experiencia de otros países apunta a que, “si las tendencias de crecimiento se mantienen y se profundiza el endeudamiento por parte de hogares de menores ingresos y con mayor carga financiera (...) este sector podría eventualmente representar una fuente de vulnerabilidad ante escenarios de tensión del mercado inmobiliario”.

Según el último IEF, del segundo semestre de 2020, el indicador que mide el desembolso que deben realizar los hogares para enfrentar sus obligaciones crediticias, tanto de consumo como hipotecarias, como porcentaje de su ingreso disponible (RCI, la razón de carga financiera a ingreso disponible), era de 24% del ingreso mensual en septiembre. En tanto, la razón de deuda a ingresos de las familias (RDI) era de 5,8 veces el ingreso mensual para el deudor bancario asalariado mediano.

La CMF no comentó que uno de los efectos de esta normativa es precisamente lo mencionado anteriormente: que todas esas personas que hoy piden más de un crédito al mes en distintos bancos sin que las entidades se percaten, ya no lo podrán hacer. Sino que más bien señalaron que hay dos razones principales que motivaron este cambio en el reporte de la información.

En primer lugar, para mejorar de cara a la ciudadanía en los reportes de informes de deuda, ya que actualmente el rezago para el usuario final del informe estaría en torno a 1 mes y 20 días, lo que “genera una importante insatisfacción en la ciudadanía, principalmente porque no ven reflejadas las amortizaciones en sus estados de deuda, elevando el número de reclamos presentados en este Organismo”.

Y en segundo lugar, porque “afecta negativamente la gestión de riesgo de los fiscalizados, los cuales no pueden observar el comportamiento de importantes factores de riesgo en el transcurso de un mes”.

Sobre el primer punto, la CMF señala que “durante el año 2020, a través de diversos canales - oficinas de atención y sitio web de la CMF, así como las oficinas y canales digitales de Chile Atiende- se solicitaron 1.022.742 informes de deuda, lo que significó un incremento con respecto al año anterior de 63%”.

Es por esto que detallaron que “la masificación de solicitudes experimentada en los últimos años impone desafíos tecnológicos y nos emplaza a mejorar la oportunidad de la información. En este contexto, la mayor dificultad que presenta hoy la emisión del informe de deuda es el rezago de la información, situación que podría explicar en torno al 20% de los reclamos totales recibidos el año 2019″.

Así, “el objetivo de esta modificación es mejorar la oportunidad del informe de deuda, disminuyendo el nivel de insatisfacción de la ciudadanía, la que según datos recabados respondería al hecho de que las amortizaciones de deuda realizadas no se reflejan sino hasta 50 días después del pago. Además, mejorar la gestión del riesgo de crédito de los fiscalizados, que actualmente controlan importantes factores de riesgo con una frecuencia mensual”.

Con todo, la CMF puntualizó que los nuevos plazos de envío comenzarán a regir a partir de la información referida a la primera semana del mes de julio de 2021. Asimismo, se considerará un plazo de 2 meses de marcha blanca a partir del primer envío bajo modalidad semanal.

La semana pasada el regulador puso en consulta otra normativa, que significa un pequeño avance hacia la tan esperada deuda consolidada, tema que aún no se concreta pese a los constantes llamados del Banco Central para avanzar en esa línea, y que requiere de un proyecto de ley para que se haga realidad y así poder incorporar mutuarias, cajas de compensación, firmas que dan crédito automotriz, y cooperativas que hoy no fiscaliza la CMF.

En concreto, la CMF puso en consulta una norma para que los emisores de tarjetas de crédito no bancarios (ETNB) también tengan que reportar la nómina de deudores al regulador.

“Se estima que gracias a la incorporación de los deudores de los emisores de tarjetas de crédito se agregarán a la referida nómina alrededor de un millón de nuevos deudores y se complementará la información de al menos dos millones de los deudores actuales”, dice el informe normativo de la CMF.

El regulador señaló que esto va en línea con lo que estableció la Ley General de Bancos, donde se amplía este ítem a los ETNB.

Así, ahora se incorporaría el retail financiero, aunque hay que considerar que cerca del 90% ya reportaba a la CMF, por lo que solo restaba el 10% del total.

En el mercado causó sorpresa esta normativa, ya que no se habían percatado que la LGB incorporaba este tema, y tampoco fue algo que se haya discutido en la tramitación de la iniciativa en el Congreso.

Actualmente la nómina de deudores agrupa a los bancos, sus sociedades de apoyo al giro colocadoras de créditos y las cooperativas fiscalizadas por la CMF, por lo que contiene información de más de 10 millones de RUT, tanto de personas naturales como jurídicas, con el monto y mora de créditos.

Con todo, la CMF señaló que “actualmente los principales emisores de tarjetas de crédito vinculados a las grandes cadenas de comercio detallista, con más de 4 millones de deudores con colocaciones vigentes, por un monto superior a US$5.000 millones (agosto 2020), están constituidos como sociedades de apoyo al giro bancario y, por lo tanto, la información de sus deudores ya se encuentra incorporada a la nómina”.

Añadieron que, no obstante lo anterior, “se estima que con los datos de los actuales emisores de tarjetas de crédito no bancarios ingresarían a la nómina alrededor de un millón de nuevos deudores (a nivel de RUT), además de complementar la información de la carga financiera de cerca de 2 millones de deudores”.

Según estas estimaciones, “a nivel de créditos de consumo los nuevos deudores podrían llegar a representar alrededor de un 12% de la nómina, aunque el monto de su deuda dentro de dicha categoría sería solo de un 2% a 3% (colocaciones por US$645 millones aproximadamente)”.