Una reunión de coordinación para conocer cuál es el escenario y estudiar posibles alternativas respecto del fallo de la Corte Suprema que ordenó a las isapres aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Eso fue lo que concretaron este lunes el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi; con la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el superintendente de Salud, Víctor Torres; y el director de Fonasa, Camilo Cid.

Esto, en un contexto donde el viernes pasado la Asociación de Isapres advirtió que “el sistema está en una encrucijada y dependiendo de las decisiones que adopte la Superintendencia de Salud el resultado será, o la transformación a un modelo más uniforme, o el caos”. Además, ocurre justo en la previa de la sesión que se realizará este martes en la Comisión de Salud del Senado, donde se analizará esta situación, jornada a la cual fueron invitados el gremio de las isapres, el superintendente y la ministra de Salud.

En esa línea, en la reunión de este lunes las autoridades analizaron distintas fórmulas para poder cumplir el fallo de la Suprema, pero también para resguardar a los usuarios en el proceso, según señalan fuentes conocedoras de la cita, ya que el foco no es hacer un salvataje de las isapres, puntualizan. Para ello, se están evaluando medidas administrativas y legislativas, pero no hay una decisión tomada.

Eso significa que si bien la Superintendencia de Salud tendrá que tomar las medidas administrativas aplicando lo dictado por el máximo tribunal, también en paralelo se podrían activar otras acciones. Ahí, uno de los temas que se analizó es una eventual ley corta que pueda presentar el gobierno, tal como lo han propuesto las isapres, por ejemplo, para que en la eventualidad de que una isapre decida no seguir adelante con el negocio, los afiliados no se vean afectados.

Otro de las materias que han solicitado las isapres en las reuniones que han sostenido es que en las instrucciones que dicte la Superintendencia para poner en marcha este fallo, se considere alguna fórmula donde en la práctica se consiga que no bajen los precios de los planes, es decir, que no tengan que realizar millonarias devoluciones de dinero. Algo que también, dicen algunos, se podría lograr con una ley corta que les permita ajustar el precio base de esos planes. Pero eso es algo que tampoco, por ahora, las autoridades ven muy viable.

Con todo, también se han estado reuniendo los equipos jurídicos de la Superintendencia, las isapres, y el Minsal. En la industria quieren tener claridad pronto respecto de las medidas que tomarán desde el regulador y el gobierno, ya que aseguran que no pueden esperar seis meses para saber cómo va a proceder la autoridad. Eso, considerando que el efecto financiero que puede tener sobre la industria es tan amplio, que afecta la toma de decisiones de distintas áreas de su funcionamiento. Un ejemplo es cómo se contabiliza este efecto en los reportes financieros, entre otros.

El regulador ha dicho que actualmente hay más de 42 mil planes individuales que se encuentran vigentes. De ellos, más de 35 mil todavía mantienen las tablas antiguas. Sobre estos últimos se tendrá que hacer el análisis para determinar cuáles tienen tablas que no corresponden.