Una derrota judicial sufrió el proyecto “Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL)” tras que el Segundo Tribunal Ambiental, por unanimidad de sus ministros, resolvió anular parcialmente y suspender los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó, en su momento, la iniciativa que correspondía a la realización de obras en el Terminal dos del Puerto de Valparaíso.
Ante esto, no se podrá ejecutar el proyecto hasta contar con “una RCA complementaria, que tome en consideración los aspectos cuestionados por el Tribunal”, dijo la instancia judicial por medio de un comunicado.
“La RCA que calificó ambientalmente favorable el proyecto, como la propia RCA N°39/2018 contienen vicios de legalidad que llevaron al Tribunal a declarar su nulidad, ordenando que se retrotraiga el procedimiento de evaluación”, agregó el Segundo Tribunal Ambiental.
En el detalle de la sentencia también se explica que la RCA pasada no “considerado debidamente las observaciones ciudadanas (...) en lo referido a la evaluación de la eventual alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos por la expulsión de los pescadores y eliminación de la caleta Sudamericana, así como en la evaluación y predicción del impacto ambiental sobre el paisaje y a las medidas de mitigación, reparación y/o compensación tanto para dicho componente como para el patrimonio cultural e histórico”.
En resumen, el Segundo Tribunal Ambiental dictó sentencia en siete reclamaciones que terminó por suspender el proyecto hasta nuevo aviso.
La historia de este caso comenzó en 2018 cuando la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y se presentaron diversos recursos de reclamación y solicitudes de invalidación, y que hoy encontraron una respuesta en la justicia.
Sin embargo, los efectos de esta historia ya había impactado a la empresa antes y en 2019, TCVAL, una subsidiaria de Aleatica, había anunciado que no iba a continuar con la concesión del Terminal dos del Puerto de Valparaíso, adjudicado por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), por demoras en la tramitación ambiental.
En esa línea, Agunsa, empresa que se adjudicó la operación de Terminal dos de Valparaíso hasta el 2026 y que está ligada a la familia Urenda, y EPV serán los encargados de enfrentar el proceso regulatorio para impulsar las operaciones en dicho puerto.
Por su parte, EPV comentó, por medio de un comunicado, que ”se encuentra analizando los alcances de otros aspectos de la sentencia para determinar los pasos a seguir”.
Sin embargo, la empresa también destaca que se encuentra impulsando, desde 2020, un proceso de diálogo “para lograr una ampliación portuaria que sea consensuada con la ciudad y que sea vista como una oportunidad de crecimiento conjunto para toda la comunidad de Valparaíso.