La Superintendencia de Medio Ambiente dio inicio a un procedimiento sancionatorio contra la Compañía Minera Cerro Bayo, por incumplimientos en el control de emisiones de material particulado y compromisos de monitoreo de variables ambientales. La empresa arriesga una multa de hasta 17 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $13 mil millones. También arriesga la revocación de la RCA y clausura.
Según detalló la SMA en un comunicado, los incumplimientos de la compañía en sus instalaciones en la Región de Aysén se detectaron a través de diversas fiscalizaciones que se llevaron a cabo. Hay un cargo catalogado como grave, otro como gravísimo y dos como leves.
“La Superintendencia realizó distintas actividades de fiscalización junto con otros organismos sectoriales, donde se pudo constatar diversos incumplimientos por parte del titular. Específicamente, en relación al cargo clasificado como gravísimo, los análisis indican que el titular no realizó los monitoreos comprometidos a dos de los cuatro pozos para controlar la calidad de las aguas subterráneas y propuso como punto de monitoreo otro de los pozos que se encontraba seco, por lo que no pudo ser objeto de mediciones”, dijo el jefe regional de la SMA en Aysén, Oscar Leal.
La infracción grave se debe a incumplimientos de las medidas de control de emisiones de material particulado. El cargo clasificado como gravísimo se debe al incumplimiento por parte de la empresa, de las medidas de seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas al no haber efectuado los monitoreos comprometidos en dos de los pozos de control, ni tampoco los reemplazos de estos, en los términos comprometidos durante la evaluación ambiental, según detalló la SMA.
Las dos infracciones leves tienen relación con el incumplimiento de las medidas destinadas a la revegetación de las áreas intervenidas del proyecto y por no haber reportado a la SMA los informes de monitoreo de la calidad química del suelo y de la vegetación presente en el área cercana a la planta, durante los años 2021, 2022 y 2023.
“Es importante recordar a los titulares que el cumplimiento ambiental es un imperativo, por lo que cumplir con lo comprometido en sus evaluaciones ambientales es una obligación. Es parte de las reglas del juego”, sostuvo la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.
La compañía tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento, y 15 días hábiles para formular sus descargos.
