Un triunfo en la justicia se anotó la Municipalidad de Lo Barnechea ante sus reparos contra un proyecto inmobiliario que busca ver la luz en su comuna. Esto, ya que el Segundo Tribunal Ambiental ordenó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) analizar nuevamente denuncia de la Municipalidad de Lo Barnechea contra proyecto en La Dehesa por construcción de Loteo de 54 casas.

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La acción de la municipalidad en el tribunal especializado se dio con el fin de revertir de la decisión de la SMA de archivar la denuncia por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) respecto del proyecto inmobiliario de Miradores de La Dehesa SpA.

“De esta forma, la resolución reclamada adolece de un vicio de legalidad por falta de la debida fundamentación al decidir el archivo de la denuncia presentada por la Municipalidad, por estimar que no se configuraba la tipología de ingreso obligatorio al SEIA (...) atendido a que el proyecto intervendría una superficie menor a 7,0 hectáreas (ha), pese a que el plano oficial que forma parte integrante de la Resolución de Modificación N° 37/2018, abarca un área de intervención de 8,05 ha”, concluye el tribunal.

Desde el Segundo Tribunal Ambiental también explicaron que, el fallo establece que dicho vicio es de carácter esencial pues afecta la determinación de la superficie en que se emplazará el proyecto, “supuesto de hecho que resulta crucial para establecer si dicha iniciativa requiere ingresar obligatoriamente al SEIA en forma previa a su ejecución, de acuerdo con la tipología de ingreso en cuestión”.

Finalmente, el tribunal especializado matizó que la sentencia desestimó las alegaciones referidas a una supuesta ilegalidad cometida por la SMA al instruir una investigación, en vez de un procedimiento sancionatorio ante la denuncia; y en cuanto a que no se habría solicitado informe al Servicio de Evaluación Ambiental para determinar que el “Loteo de las 54 Casas” no debía ingresar obligatoriamente al SEIA.

Además, el Segundo Tribunal Ambiental estableció que la SMA fundamentó debidamente la falta de configuración en relación con que el proyecto se encontraría ubicado en un área de valor natural.

Ante este escenario, se resuelve un aspecto de un proceso judicial que comenzó en 2021 tras la denuncia de la municipalidad, y que en 2022 se determinó paralizar las actividades del proyecto inmobiliario como medida cautelar que, según muestran los antecedentes del caso, se mantiene hasta la fecha.