El 2023 fue el tercer año con mayor dictación de sentencias por lavado de activos en el país. Esa es una de las principales conclusiones del último Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, que anual menta elabora la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en conjunto con el Ministerio Público de Chile.

Según el reporte, en 2023 se dictaron 46 sentencias por lavado de activos. La cifra está levemente por debajo de los 47 pronunciamientos de 2022, y por debajo de 2019, cuando se comenzó a sancionar la malversación ocurrida en Carabineros de Chile, por el caso Verde Austral (52 sentencias y 148 condenados),.

Las 46 sentencias dejaron a 66 personas condenadas en 2023, dato menor a las 101 de 2022, pero mayor que las 49 de 2021 y las 31 de 2020.

Por otra parte, el estudio analiza 191 sentencias dictadas en el periodo 2019-2023. De ese total, el mayor número de sentencias dictadas cuyo delito base incluía el lavado de activos, es en el caso de tráfico de drogas, con 63 sentencias, y 25 en malversación de caudales públicos. Atrás quedaron los delitos de asociación ilícita, con 15; de asociación ilícita/contrabando, con 13, y con 12, de asociación ilícita para el narcotráfico.

Formas de lavar activos

Por otra parte, del total de 191 sentencias del periodo, el estudio concentra su análisis en 184, agrupadas en 92 casos. De ese número, se desprende que el uso de testaferros y la creación de personas o estructuras jurídicas son las tipologías frecuentemente utilizadas por los delincuentes para lavar activos en el país. Al desagregar esta última figura, presente en 45 de los 92 casos, se ve que el uso de sociedades de pantalla estuvo en 25 de ellos, mientras que las sociedades de fachada, en 23 y las sociedades de papel, en 9.

Asimismo, en 61 de los 92 casos analizados se hizo un mal uso de 143 sociedades: 74 de estas fueron sociedades por acciones, 37 de responsabilidad limitada, 16 empresas individuales de responsabilidad limitada, 4 sociedades anónimas y 4 por pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a los productos financieros más utilizados para blanquear activos, el 10° Informe de la UAF destaca que, entre 2019 y 2023, fueron el dinero en efectivo (usado en 75 de los 92 casos), las cuentas bancarias y sus productos asociados como depósitos, transferencias nacionales y cheques (presentes en 44 casos), los créditos (en 22 casos) y los vales vista (en 10 casos). Asimismo, se identificó el uso de cuentas para operar con activos virtuales (incluye billeteras y criptomonedas) y de tarjetas de prepago.

La evidencia proporcionada por las sentencias condenatorias de 2019-2023 también revela que las compraventas de vehículos nuevos/usados, los notarios, los bancos y los conservadores de bienes raíces han sido los sectores económicos mayormente mal utilizados para blanquear fondos ilícitos.

El informe menciona, además, que 88 de los 92 casos analizados involucraron 50 señales de alerta, siendo las más frecuentes las relacionadas con el comportamiento financiero del cliente y su quehacer comercial.

Además, en el periodo 2021-2023, la UAF detectó que en el 29,6% de los casos hubo alguna conexión internacional con redes u operaciones vinculadas con otros países, siendo Bolivia el país con más contactos, seguido de Colombia, Estados Unidos y Perú. Las conexiones internacionales se asocian, principalmente, con delitos precedentes de tráfico de drogas, asociación ilícita y contrabando.

Multas y decomisos

Según el Informe de Tipologías y Señales de Alerta, las 184 sentencias analizadas de 2019-2023 generaron multas por $1.017 millones, equivalente a unos US$ 1,15 millones. En tanto, en igual lapso, el valor del comiso ascendió a $10.737 millones (unos US$12,1 millones), de los cuales $2.976 millones corresponden a 66 bienes inmuebles decomisados; $2.893, a dinero bancario (cuentas corrientes y depósitos a plazo, entre otros productos); $1.970 millones, a dinero en efectivo (billetes, monedas y divisas); $2.869 millones, a 257 vehículos, y $29,8 millones, a diversas especies como anteojos y relojes de marcas de lujo.

De esta manera, entre 2007 y 2023 el impacto de las sentencias por lavado de activos llega a $51.400,4 millones, entre multas y decomisos (unos US$58,1 millones).

Sentencias dictadas

Entre 2007 y 2023 se han dictado 323 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, las que involucran un total de 636 personas naturales condenadas (424 hombres y 212 mujeres). Se observa que, de las 323 condenas, 270 se obtuvieron por procedimiento abreviado, 44 por juicio oral, 6 por procedimiento simplificado y 3 son previas a la reforma procesal penal.

Por regiones, la Metropolitana concentra el 72,1% del total de sentencias condenatorias y el 75% del total de personas condenadas. Le siguen las regiones de Valparaíso (5,6% y 5,3%, respectivamente), de Tarapacá (4,6% y 6,0%), de Arica y Parinacota (4,0% y 3,1%) y la del Libertador Bernardo O’Higgins (3,7% y 2,4%). Al cierre de 2023, las regiones de Ñuble, Aysén y Magallanes no registran sentencias.

En Chile, 636 personas han sido condenadas por el delito de lavado de activos en los últimos 17 años, derivado principalmente del tráfico de drogas, pero también de la malversación de caudales públicos, la asociación ilícita y el fraude al fisco.

Respecto de los delitos base, y considerando que una condena por lavado puede contener más de uno de esos ilícitos, se puede señalar que el tráfico de drogas está presente en el 56,7% de las sentencias de 2007-2023. Le siguen la asociación ilícita (22,6%), la malversación de caudales públicos (9,3%), el contrabando (8,4%), el fraude al fisco (6,8%) y la estafa (6,5%).